Contra los “intereses creados” y la “mercantilización del agua”, es la sociedad civil la que debe movilizarse para defender la gestión pública de este recurso. Es la premisa con la que el pasado mes de febrero se firmó el Acuerdo Social del Agua y que han defendido en el espacio sociocultural Urbana 6 de Toledo miembros de la Fundación Nueva Cultura del Agua y de plataformas ciudadanas, en unas jornadas organizadas por Ganemos. El objetivo es dar a conocer este documento y realizar una propuesta de moción que se lleve al Ayuntamiento de la capital castellano-manchega y también a otras localidades. Este evento tendrá continuidad el próximo 8 de junio, fecha en que se celebrará la segunda parte de las ponencias bajo el título 'El agua no se vende'.
Eva Jiménez, concejal de Servicios Públicos y Sostenibilidad de Ganemos Toledo, ha manifestado la necesidad de difundir el acuerdo, sobre todo en un momento en que el Pacto Nacional del Agua que ha propuesto el Gobierno del PP va “contra toda la gestión de abastecimientos” y “se está centrando en generar cada vez más oferta para que haya más especulación”. Frente a ello, ha llamado a la movilización social y a la participación ciudadana.
Precisamente, Nuria Hernández-Mora, de la Fundación Nueva Cultura del Agua y miembro de la Comisión Técnica del Pacto de Toledo por el Tajo, ha detallado que es la sociedad civil la que ha impulsado y apoyado todos los procesos que han llevado a la firma de ese texto “alternativo”. Del mismo modo ha desvelado cómo ha evolucionado la política del agua en las últimas décadas, qué resultados ha tenido y “cómo la gente está cada vez más concienciada”, poniendo como ejemplo a Toledo, donde “es muy visible porque esas consecuencias rodean la ciudad”, en referencia a la situación de degradación del río Tajo.
También ha desgranado los riesgos que se derivan del “proceso de mercantilización” del agua en distintos ámbitos y por qué a raíz del pacto que propone el PP a nivel nacional, que “solo reafirma una política de hace más de cien años”, ha surgido desde los movimientos sociales un pacto alternativo “que sí que aporta soluciones”.
A este respecto, Julia Martínez, directora técnica de la Fundación y una de las ideólogas del acuerdo social, ha subrayado que el documento procede de una dinámica de trabajo fraguada sobre todo durante los últimos dos años por parte de organizaciones de la sociedad civil. “Eso refleja que existen otras visiones y otros modelos distintos a los del Gobierno, y que debemos transmitir la idea de que no existe un solo sistema posible”.
Dicho esto, ha detallado los cinco ejes en los que se basa el Acuerdo Social por el Agua: detener la construcción de nuevos embalses y trasvases, incluidos los previstos en los planes hidrológicos 2015-2021, así como revisar todos los trasvases existentes; paralizar el crecimiento de las demandas, de forma que se adapten a la reducción de caudales disponibles que impone el cambio climático; frenar los procesos de deterioro, apropiación y sobreexplotación de ríos y acuíferos; incorporar a la normativa en el más alto nivel posible el derecho humano al agua; y acabar con la corrupción en torno al agua, "que crece al transformar el agua y los servicios de abastecimiento y saneamiento en grandes negocios privados".
“La falta de transparencia solo refleja corrupción”, ha subrayado Julia Martínez, quien ha destacado la gran cantidad de organizaciones que suscriben el documento, un “hito histórico”. Ahora, ha añadido, hay que “ponerlo en el centro del debate público como acción política” y por eso tras su presentación en el Congreso de los Diputados, quieren que lo apoye el mayor número de partidos posible.
El "cambio de paradigma"
Enrique Ortega, de la Red de Agua Pública, se ha referido por su parte a la gestión del ciclo urbano del agua manifestando su apoyo a los procesos de remunicipalización. Se ha mostrado optimista en cuanto a la “multitud de luchas que existen a nivel global donde esta mercantilización del agua está en decaimiento”, un movimiento que se está realizando en consonancia con la defensa del medio ambiente. “Ha habido un cambio de paradigma en cuanto a lo que anteriormente era el agua como mercancía. El derecho humano a este recurso implica que la gestión tenga que ser participativa, transparente, con rendición de cuentas, y ya hay nuevos modelos de gestión que no tienen que ver nada con los mercantiles. Esto va a costar pero nos ayudará a erradicar la turbia mercantilización del agua”.
Finalmente, Miguel Ángel Sánchez, concejal de Ganemos Talavera y miembro de la Plataforma en Defensa de los ríos Tajo y Alberche, se ha referido al triple trasvase a Levante aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy. Según ha recalcado, el Ejecutivo central “vive en el mundo de los intereses creados, donde hay dinero”. “El Tajo es el único río de la península que está privatizado, y también su cabecera, para unos usos muy concretos en el Levante que se ha demostrado que pueden ser asumidos por los recursos propios de la cuenca del Segura”.
Tras mencionar que desde el Estado se han redactado leyes, y el polémico Memorándum del Tajo, contrarios a las leyes europeas en cuanto a gestión del agua, ha recordado que los planes de cuenca se encuentran asimismo denunciados ante el Tribunal Supremo. Por ello, ha concluido afirmando que desde las plataformas sociales “hacemos todo lo que se puede” frente al hecho de que la planificación hidrológica actual “se haya quedado anclada hace 50 años y no haya avanzado a los ritmos que dicta ni la sociedad ni las leyes europeas”.
