Casco Histórico de Toledo tras el decreto del estado de alarma / Fotografía: Francisca Bravo

13 de marzo de 2020. El Casco Histórico de Toledo, uno de los referentes regionales del Comercio y el Turismo se paraliza por la llegada de un desconocido virus, el SARS-CoV-2 que termina provocando un confinamiento de la población en nuestro país. Los comerciantes de tiendas de souvenirs protagonizaban una concentración en marzo para visibilizar que su sector estaba "con la soga al cuello".

Es tan solo un ejemplo de lo que ha ocurrido en año y medio en la región: pérdida de negocio por la falta de clientes que ha desembocado, en ocasiones, en cierres definitivos de establecimientos. “El turismo no va a volver a ser lo que era”, reconocía el pasado mes de mayo el concejal del ramo en Toledo, Francisco Rueda, en Toledodiario.es.

Cierto o no, habrá que esperar para conocer las repercusiones a medio y largo plazo de una pandemia que todavía no se da por superada. Para ayudar en el trance (a estos y otros sectores), el Gobierno de España presentó a Bruselas su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y las primeras ayudas ya están sobre la mesa.

Acaban de publicarse varios paquetes dirigidos, entre otros, tanto a ayuntamientos como a diputaciones provinciales cuya capacidad de gestión será ahora puesta a prueba. En su tejado queda identificar y poner soluciones al impacto económico en el sector Comercio de su municipio, ciudad o provincia.

Las entidades locales tendrán que trabajar rápido, muy rápido. Lo dice claramente cada una de las disposiciones que se publican. “La mayoría de las actividades de apoyo del Plan de Recuperación se van a desarrollar durante un periodo de tiempo breve, de 2021 a 2023, dada la urgencia en hacer frente a la situación crítica ocasionada por la pandemia, y su utilización como una oportunidad estratégica para acometer las citadas transformaciones”.

Y no solo eso, no todos los ayuntamientos, diputaciones o mancomunidades de municipios podrán acceder a las ayudas. Por ejemplo, se excluye a “las entidades que tengan deudas por reintegro de ayudas o préstamos con la Administración”.

Otra de las condiciones será la de mantener la inversión “durante un plazo de cinco años desde la finalización de la ejecución del proyecto”. Es decir, no bastará solo con pedir las ayudas que sirvan para lucirse de cara a la cita electoral de 2023, si no quieren ser objeto de penalización económica.

La inversión mínima a realizar dependerá del número de habitantes. Para los municipios de más de 300.000 habitantes la inversión mínima es de un millón de euros, para los que tienen entre 100.000 y 300.000 habitantes la inversión mínima es de 500.000 euros y para los de menos de 100.000 habitantes: inversión mínima de 200.000,00 euros. Esas cifras cambian en el caso de los municipios más pequeños o de las provincias en su conjunto.

Comercio cerrado en el Casco Histórico / Foto: Francisca Bravo

Para acceder a las ayudas tampoco valdrá con presentar una propuesta genérica. El nivel de exigencia para recibirlas desciende hasta la obligación para ayuntamientos o diputaciones de detallar al máximo en qué, cómo y cuándo van a gastar.

Por ejemplo, si el proyecto incluye cursos, talleres y jornadas se pide hasta el calendario, duración, contenido y ponentes, pero también el presupuesto desglosado y hasta el número de potenciales asistentes. Las condiciones de Europa son estrictas y además se avanza que habrá inspecciones periódicas.

Modernizar el comercio minorista

En la primera línea de ayudas se apoyará a los proyectos que impulsen la competitividad, innovación y modernización de mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario y canales cortos de comercialización para este año 2021. Están dotadas 66,4 millones de euros para toda España y el plazo para presentar las solicitudes termina el 30 de septiembre.

Se trata de modernizar el sector comercial minorista adaptándolo a los nuevos hábitos de consumo, fomentar la implementación de nuevas tecnologías y avanzar en sostenibilidad y eficiencia, incluyendo la promoción del reciclaje y reutilización de residuos en los establecimientos comerciales.

Fortalecer la actividad comercial en zonas turísticas

Para las ciudades y municipios más turísticos de la región, se ha convocado una línea de ayudas que buscar el fortalecimiento de la actividad comercial en zonas turísticas y que está dotada con 31,1 millones de euros.

Comercio cerrado en el Casco Histórico de Toledo / Fotografía: Francisca Bravo

“La supervivencia del comercio en municipios con alta concentración turística requiere de su adaptación a las nuevas formas de consumir y a las nuevas vías de interactuar con el cliente no local, las entidades locales deben estar preparadas para ofrecer su mejor oferta comercial, moderna, competitiva y actual”, señala el Gobierno de España.

Según los datos del INE, y solamente si miramos lo que ocurrió con el turismo internacional, en 2020 Castilla-La Mancha perdió un 63% de visitas si se compara con 2019. De 262.044 viajeros, se pasó a 96.739. Ahora toca paliar el impacto que eso ha tenido en el Comercio.

¿En qué tienen que gastar estas ayudas las entidades locales? No sólo deberán invertir en mejorar la vía pública ( por ejemplo, con el ensanchamiento de aceras o la señalética comercial y turística). También deberán llevar a cabo actuaciones que tengan un impacto en la digitalización del sector comercial, en la sostenibilidad y la economía circular y además formar en idiomas a los empleados y autónomos del sector comercio.

Ayudas para el comercio en zonas rurales

La tercera línea de ayudas se centra en el apoyo a la actividad comercial en zonas rurales que está dotada con 4,8 millones de euros.

Aquí se subvencionarán los gastos dirigidos a la transformación digital como la creación de sistemas de venta online, las campañas en redes sociales o las aplicaciones que fomenten e impulsen el consumo local, así como la publicidad, comunicación y visibilidad en diferentes medios o soportes digitales mediante la utilización de nuevas tecnologías.

Por otro lado, habrá ayudas para la transformación del punto de venta, al fomento de la sostenibilidad y economía circular o a aquellos proyectos que generen redes de suministro y comunicación locales o de proximidad.

En este caso, los proyectos deben tener un valor mínimo de 250.000 euros para las diputaciones, 100.000 euros para las comarcas y consejos comarcales y 50.000 euros para los municipios de menos de 5.000 habitantes.