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Seis entidades vinculadas a la Iglesia Católica en Toledo han dado a conocer han presentado a los partidos políticos que concurren a las elecciones autonómicas en Castilla-La Mancha ocho propuestas electorales relacionados con la familia, la educación, la sanidad y la exclusión social “para contribuir al bien común y la justicia social” y “desde la Doctrina Social de la Iglesia” porque consideran, entre otras cosas, que “no es posible gobernar acertada y justamente prescindiendo de la fe en Dios”.

El documento lo firman Cáritas Diocesana de Toledo, la Fundación Centro de Orientación Familiar, Grupo Polis, Acción Católica General, Grupo de Profesionales Sanitarios Cristinano (PROSAC), la Plataforma Libre para Educar a Nuestros Hijos y Acción Católica General, aunque las propuestas se han difundido a través del servicio de prensa del Arzobispado de Toledo.

Ley de Maternidad y reconocer a la familia como “primera sociedad natural”

Sobre la familia, proponen una Ley de Protección de la Maternidad que garantice que “toda mujer embarazada disponga de los recursos necesarios para poder seguir adelante con su embarazo y maternidad” y que además esté dotada presupuestariamente para el desarrollo de programas sociales destinados a “madres en situación de vulnerabilidad”. Unos programas que incluyan “vivienda adecuada si se carece de ella, educación y formación adaptada a sus necesidades, conciliación efectiva entre la maternidad y las actividades laborales y/o educativas y el acompañamiento integral para aquellas madres que lo necesiten”.

Pero no es esta la única normativa que sugieren al futuro presidente de la Junta de Castilla-La Mancha. También apuestan por una ley de protección integral a la familia “que reconozca el valor de la familia como institución básica y primera sociedad natural, anterior al Estado” y que apoye “de manera especial a la familia fundada en el matrimonio estable entre un hombre y una mujer”. En este aspecto reclaman incentivos fiscales o facilidades de acceso a viviendas, en particular para matrimonios jóvenes.

En materia educativa piden “desterrar” de las aulas “la imposición de la ideología de género” a través de la “prohibición de instrumentalizar la violencia contra las mujeres y la discriminación contra las personas homosexuales como meras excusas para inocular a los niños y adolescentes la ideología de género”.

En concreto se insta a suprimir la asignatura ‘Educación para la igualdad, la tolerancia y la diversidad’, implantada ya en algunos centros de la región en un programa piloto durante esta legislatura. Y es que, dicen las entidades firmantes, “sus contenidos y orientación suponen un adoctrinamiento no disimulado en la ideología de género contrario a la libertad de conciencia de los menores y al derecho constitucional de sus padres a que éstos reciban una educación que no entre en contradicción con sus convicciones morales y religiosas”.

Aspiran a eliminar el protocolo para proteger la identidad de género de los menores

Pero todavía van más allá en sus peticiones porque aspiran a que se elimine el Protocolo de actuación dirigido a menores sobre identidad y expresión de género, que ha puesto en marcha el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha en colaboración con las consejerías de Sanidad, Educación y Bienestar Social, dirigido, en particular a menores ‘trans’. “La no discriminación no obliga a conocer, apreciar o imitar gustos sexuales”, dicen estos colectivos católicos.

Aborto o eutanasia, “nunca” desde la Sanidad pública

Que “nunca se busque solucionar un problema, por grave que este sea, causando la muerte de un ser humano, ni mediante el aborto ni mediante la eutanasia”. Es lo que sugieren de cara a la gestión de la sanidad pública en Castilla-La Mancha y reclaman establecer por ley la obligación de los centros sanitarios de “proponer alternativas dignas ante las dificultades que pudieran surgir durante el embarazo, ya sean debidas a problemas de orden social, económico o por patologías de la madre o el hijo”.

Además, los firmantes vuelven a traer a la actualidad un polémico tema del inicio de la legislatura: la asistencia religiosa católica en los centros sanitarios públicos. Un servicio que, dicen, “se debe conservar, garantizar y facilitar”.

Fue en marzo de 2016, cuando las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron una propuesta de PSOE y Podemos para que las comunidades autónomas dejasen de sufragar con sus presupuestos la asistencia religiosa católica en hospitales y residencias públicas conforme a los acuerdos con la Santa Sede de 1985, y tras recibir las autonomías las competencias en sanidad. La medida aprobada formaba parte del acuerdo previo alcanzado entre los dos partidos políticos para las líneas generales del proyecto de Ley de Presupuestos regionales de 2016.

Un “listado de buenas prácticas regionales” para refugiados e inmigrantes

Por otro lado, el documento recoge la “conveniencia” de facilitar el acceso a una vivienda digna a personas en situación de exclusión social y de ofrecer “soluciones específicas, integrales y coordinadas para acoger, proteger, promover e integrar a los inmigrantes y refugiados”. Para lograrlo, piden medidas legales que erradiquen “el chabolismo, la infravivienda y la okupación”.

Sobre los inmigrantes y refugiados apuntan todavía una cuestión más: la elaboración de un “listado de buenas prácticas regionales de integración” en el que colaboren las instituciones públicas y privadas, además de reclamar “formación para la inserción laboral y socioeducativa de inmigrantes carentes de permiso de trabajo y un programa de apoyo laboral a mujeres jóvenes inmigrantes en riesgo de prostitución por falta de recursos económicos”.