Entramos en el último año de la presente legislatura castellano-manchega y la Mesa regional del Tercer Sector adelanta sus principales peticiones de cara a lo que resta de año y a los Presupuestos autonómicos de 2019. En la celebración de su última Asamblea General, esta entidad, formada por la Coordinadora de ONGD, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN), el CERMI, Cáritas y Cruz Roja, quiere seguir centrando su acción en la lucha por una “sociedad civil solidaria, suficientemente articulada para la defensa solvente de los valores sociales y los intereses de las personas y grupos más desfavorecidos de la región”.
Con el ánimo de consolidar este proyecto conjunto de cohesión interna, estrategia común y capacidad real de interlocución, la entidad ha reforzado su estructura con la incorporación de la recientemente creada Plataforma de Organizaciones de Infancia, formada por veinte entidades que vienen trabajando por los derechos de la infancia y que suman tejido social a la plataforma de representación del Tercer Sector en la comunidad autónoma.
Uno de los objetivos más importantes es el que busca la comisión negociadora de la Mesa: la aprobación de la futura Ley del Tercer Sector. Concretamente, estas asociaciones quieren que sea lo más coherente posible con la legislación estatal e incorpore “los avances que ya se dan en otras legislaciones territoriales”. También se insta a los distintos grupos parlamentarios para que en el proceso de debate en Cortes, esta sea “mejorada y aprobada por unanimidad”. A este respecto, Braulio Carlés, presidenta de la Mesa, nos precisa que la intención del Gobierno regional es aprobarla en la presente legislatura, tal y como se comprometió.
Comisión del Diálogo Civil
Pero al margen de ello, estas organizaciones han pedido al Ejecutivo autonómico comenzar el diálogo para poner en marcha la Comisión de Dialogo Civil, junto a una nueva normativa de conciertos sociales, y que esta reconozca la singularidad de la gestión que realiza el Tercer Sector, “favoreciendo la intervención social que se realiza desde recursos no lucrativos de participación ciudadana”.
En la misma línea urge a diseñar una estrategia de estabilidad para las organizaciones regionales del Tercer Sector que vaya en paralelo con la elaboración de la mencionada ley, pero que pueda ser agilizada en la tramitación de los Presupuestos de 2019 con la puesta en marcha de un sistema de promoción mediante la financiación adecuada a las estructuras regionales asociativas.
Braulio Carlés detalla que el actual sistema de ayudas y subvenciones de estas organizaciones se basa fundamentalmente en la concurrencia competitiva con sus propias entidades miembros en los distintos sectores, con lo que ello supone de “inestabilidad, y de precariedad en financiación y sostenibilidad de las mismas”. La fórmula sería recuperar la “orden-bolsa” que se eliminó debido a la crisis económica y que sería “es muy importante para el estructura y fortalecimiento del Tercer Sector”.
Vinculado también con la financiación, estas entidades quieren que se adopten las medidas oportunas encaminadas a erradicar toda clase de juego ilegal que se realice en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, prestando especial atención a la “venta ilegal de boletos y demás productos de lotería que aprovechan la imagen social de las personas con discapacidad para fines particulares”.
La Asamblea solicitó igualmente que las corporaciones locales (ayuntamientos y diputaciones) en situación de superávit presupuestario destinen al menos un 10% del mismo a un plan extraordinario de inversiones sostenibles en accesibilidad universal, que comenzaría a ejecutarse este mismo año 2018. Con este compromiso extraordinario de inversión en accesibilidad universal, se aprovecharía parte del excedente para avanzar en el objetivo de que “nuestras ciudades y pueblos avancen en accesibilidad, objetivo del que estamos aún muy lejos tanto en España como en nuestra región”.
Y para mejorar su funcionamiento, han reclamado que las diferentes ayudas a entidades sociales para inclusión, mujeres, discapacidad, así como las derivadas del IRPF, se realicen de manera "diversificada" y no en una orden generalizada que supondría una "merma presupuestaria" como ha pasado en otras comunidades autónomas. "Que se aprueben al mismo tiempo pero de forma diversificada", concreta Carlés.
La Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha también ha mostrado finalmente su “preocupación e inquietud” ante la postura de la UE frente a la realidad migratoria. Braulio Carlés, quien además es presidente de ACCEM (entidad que gestiona el único centro de migrantes de la región), subraya que los acuerdos europeos han llevado a la posible creación de “campos de concentración”, algo “inadmisible”.
Contra ello, estas asociaciones consideran que la Unión Europea debe desarrollar herramientas adecuadas para dar una respuesta conjunta y coordinada a la emergencia humanitaria en el territorio que garantice la solidaridad entre los Estados miembros y “el respeto de los derechos fundamentales”. Por eso, muestran su rechazo ante “la falta de solidaridad, la internalización de fronteras y el incremento de la xenofobia en Europa”.
