Fotografía: ARMH

Un total de 123 municipios de Castilla-La Mancha han recibido durante este año 2018 un requerimiento por parte de la Coalició Compromís, desde el Senado, en  el que solicitan a sus ayuntamientos  la remisión de los expedientes municipales que justifiquen la comunicación al Instituto Nacional de Estadística (INE) del cambio de nomenclatura de aquellas  calles con referencias a la dictadura franquista.

En todos estos pueblos se ha detectado un elemento común: incumplen la Ley de Memoria Histórica o al menos así consta en registros como el del INE. La iniciativa trata de confirmar que en los municipios de toda España se cumple la ley y en aquellos donde no se ha hecho, instar a cumplirla.

En un segundo intento se trasladó al Gobierno central el recordatorio de que  la “tutela” para el cumplimiento de la norma sí está en manos del Ejecutivo estatal. El proceso se enquistó. La alternativa la encontraron en el artículo 20.2 del Reglamento del Senado que permite pedir documentación directamente a los ayuntamientos. Por eso han estado enviando cartas individualizadas y hoy el proceso continúa. En total, han sido 3.906 en todas España de las que se han tramitado 2.000 y 1.906 siguen pendientes. “Es un trabajo de hormiga”, dice Mulet.

Los requerimientos, algunos basados en datos del INE desactualizados

En Castilla-La Mancha, durante este año 2018, se han enviado (y lo siguen haciendo) cartas a todas las provincias tras detectarse el mantenimiento de nombres franquistas. En Toledo, lo hicieron a Marjaliza, Miguel Esteban, Santa Cruz del Retamar, San Román de los Montes, Turleque, Recas, Segurilla, El Viso de San Juan, Cervera de los Montes, Cuerva, Chueca, Escalonilla, Fuensalida, Gálvez, Layos, Albarreal del Tajo, Azután, Calzada de Oropesa, Carriches, Castillo de Bayuela, Cobeja, Lominchar, Lucillos, Magán, Malpica de Tajo, Manzaneque, Marrupe, Ocaña, Navahermosa, Quismondo, La Torre de Esteban Hambrán, Las Ventas de Retamosa, Villarejo de Montalbán, Yepes, Yunclillos, Mejorada, Añover de Tajo, Velada, Cobisa, Navalcán, Sevilleja de la Jara, Santo Domingo-Caudilla, Mora, Villafranca de los Caballeros, Villanueva de Alcardete, Corral de Almaguer y Mohedas de la Jara.

Este último municipio, protagoniza una de las ‘anécdotas’ de esta iniciativa que, en buena medida, basa su rastreo en los datos de las calles de los que dispone el Instituto Nacional de Estadística y que no están actualizados.

Y es que  en Mohedas de la Jara la respuesta al senador Mulet fue que el Ayuntamiento ya había cambiado la nomenclatura en el año 2004. El Consistorio dice desconocer “por qué no se cambió en el  INE” al que han vuelto a enviar una petición para dar de baja la calle Onésimo Redondo.

En la provincia de Cuenca, la segunda con mayor número de ayuntamientos ‘incumplidores’ se ha enviado carta a 35 pueblos: Almendros, Alcantud, Castejón, Huete, Lagunaseca, Masegosa, Monreal del Llano, Paredes, Reíllo, Santa María del Val, Villares del Saz, Montalbo, Monteagudo de las Salinas, Guadamejud, Puebla del Salvador, Tejadillos, Vellisca, Villaescusa de Haro, Villagarcía del Llano, Villalpardo, Villarejo-Periesteban, Víllora, Campos del Paraíso, Abia de la Obispalía, Almonacid del Marquesado, Arrancacepas, Castillo-Albaráñez, Horcajo de Santiago, Portalrubio de Guadamejud, La Peraleja, Beteta, Gabaldón, Tragacete, Villaverde y Pasaconsol,

En Guadalajara, la lista la engrosan Brihuega, Cendejas de la Torre, Corduente, Gajanejos, Huérmeces del Cerro, Loranca de Tajuña, Mazuecos, Peñalver, Tamajón, Alcolea del Pinar, Almonacid de Zorita, Anguita, Aranzueque, Muduex, Castejón de Henares, Torija, Uceda, Fuentelencina, Hueva, Pareja y Zaorejas.

En Albacete, son otros nueve municipios: Casas de Lázaro, Golosalvo, Balsa de Ves, Chinchilla de Montearagón, Elche de la Sierra,  Munera, La Roda, Villaverde de Guadalimar y Yeste.

Y en Ciudad Real, Carrizosa, Fuente El Fresno, Malagón, San Lorenzo de Calatrava, Porzuna, Retuerta del Bullaque, Villarta de San Juan,  Cabezarrubias del Puerto, Los Pozuelos de Calatrava, Socuéllamos y Los Cortijos.

La dispar reacción de los ‘incumplidores’

En Castilla-La Mancha, según los últimos datos, con fecha 26 de mayo, en la provincia Albacete tanto Golosalvo como La Roda han respondido con sendas negativas a cambiar el callejero, mientras que tanto Montealegre del Castillo como Muera y Bonete, se han mostrado predispuestos a hacerlo.

Resulta llamativa la respuesta enviada por dos veces desde Golosalvo a los requerimientos del senador valenciano. Dicen desde el Consistorio de esta localidad albaceteña que por parte de su ayuntamiento no se tiene claro " si es de aplicación (refiriéndose a la Ley de Memoria Histórica) dado que existen varias sentencias en su contra" y además se refieren al "al acuerdo de algunos ayuntamientos de poner nombres de calles tales como: Santiago Carrillo, Pasionaria, etc.. que también también intervinieron en la Guerra Civil española".  En base a esto, el Ayuntamiento se autoexime de tomar la decisión y pide que sean los servicios jurídicos del Senado los que emitan un informe que dictamine la obligatoriedad del cambio de denominación de calles.

En Ciudad Real, la respuesta en positivo ha llegado desde Anchuras,  Socuéllamos,Malagón o San Lorenzo de Calatrava. En el caso de este último,  se ha comunicado que el pasado 20 de marzo se procedió a cambiar el nombre de tres calles: José Antonio por calle Constitución, calle Caudillo por calle San Isidro y calle Calvo Sotelo por calle Valle de Alcudia.

En Cuenca se han negado a cambiar la nomenclatura franquista los municipios de Arrancacepas, Reíllo, Santa María del Val y  Villares del Saz. El caso contrario, según la respuesta dada al Senado la conforman Belmonte,  Belvis de Monroy,  Masegosa, Monteagudo de las Salinas, Valdemorillo de la Sierra, Víllora, La Alberca de Záncara y Villaescusa de Haro mientras que  Huete y Lagunaseca han expresado su “compromiso” a realizar cambios.

En Guadalajara han dicho ‘no’ a la petición de cumplir con la Ley de Memoria Histórica tanto Almonacid de Zorita como Peñalver, hay un “compromiso” de Alcolea del Pinar y de modo afirmativo (ya lo han hecho) respondieron Tamajón, Budia, Corduente y Escariche.

No hay noticias del resto de municipios de la región donde todavía consta la existencia de nomenclatura franquista en sus calles a pesar de la advertencia que Compromís incluye en cada carta: “Estaría incumpliendo La Ley de Memoria Histórica 52/2007,de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”.

“Hace falta una nueva Ley de Memoria Histórica”

Compromís intentó judicializar al menos un caso por provincia. Un proceso complejo, según Mulet porque la Ley de Memoria Histórica “ni siquiera contempla un régimen sancionador ni habla de plazos para su cumplimiento”, así que, en buena medida, depende de la voluntad de los alcaldes.

Mulet valora la reacción de los ayuntamientos a sus requerimientos: “El resultado es positivo porque aunque muchos no contestan otros sí lo hacen para cambiar la nomenclatura o bien comunicarlo al INE. Ha merecido la pena el esfuerzo”. En el otro lado de la balanza, dice, “todo esto te hace reflexionar mucho. ¿Por qué lo ha tenido que hacer un partido valenciano y no directamente el Gobierno que aprobó la ley? ¿Por qué los partidos de implantación nacional no han hecho este trabajo de revisión pueblo a pueblo haciendo cumplir la ley?”

Para el senador, si algo pone esta situación en evidencia es que “hace falta una nueva Ley de Memoria Histórica” porque después de 12 años tiene “muchas lagunas que se tienen que solucionar”. Compromís ya presentó una nueva propuesta en la Cámara Alta en la que, entre otras cosas, se incluyera un código sancionador a los incumplidores. Confía en que el cambio de Gobierno central reabra el debate sobre la Ley de Memoria Histórica. “Abordar el tema de las fosas, el Valle de los Caídos…Hemos visto que hay sensibilidad”.

El trabajo realizado por este grupo político en el Senado complementa el que lleva a cabo el abogado memorialista Eduardo Ranz que en 2016 inició una ofensiva judicial para, por la vía del derecho de petición, conseguir el mismo objetivo. De momento, con efectos impredecibles.