Caminar hacia el "mínimo vertido" se ha convertido en uno de los objetivos ambientales más importantes del Gobierno de Castilla-La Mancha y su intención es aprobar antes de que acabe la legislatura la nueva Ley de Economía Circular de esta comunidad autónoma. En ese caso, sería la primera normativa en toda España que regula ampliar el ciclo de vida de los productos, pero para ello todavía debe salvar una serie de trámites que pasan por la luz verde en el Consejo de Gobierno y después su tramitación en las Cotes regionales. Antes de que finalice la legislatura y se convoquen elecciones autonómicas solo resta ya el periodo de sesiones hasta marzo.
El último paso previo que la Viceconsejería de Medio Ambiente ha dado en la tramitación de esta ley ha sido la incorporación de varias de las peticiones incluidas en las alegaciones al texto. Además de incluir en su preámbulo una serie de directivas europeas relacionadas por la gestión de residuos, también ha incorporado otras peticiones de colectivos, empresas y particulares.
Una de las más significativas ha sido realizada por la empresa de reciclaje Ecoembes. En su petición establece la necesidad de que exista una estrategia-marco estatal que establezca las metas a seguir y la necesaria coordinación entre administraciones. También pide aplicar nuevos modelos de educación y formación ambiental dentro de los modelos reglados y no reglados, así como fomentar el ecodiseño y mejorar la calidad de la recogida selectiva.
Este colectivo defiende uno de los aspectos más innovadores de la ley: penalizar el vertido y gravar fiscalmente aquellos a través de una tasa disuasoria y armonizada, al tiempo que demanda mecanismos fiscales que fomenten los “comportamientos responsables y sostenibles en todos los niveles, desarrollando políticas efectivas de compra verde”. Este último punto se encuentra también recogido en el anteproyecto, mediante la regulación de incentivos y ayudas para empresas que contribuyan a esa economía circular.
Participación en la futura comisión de coordinación
Al igual que otros colectivos como Aspapel, centrado en el reciclado de la industria del papel, Ecoembes pide su participación en la futura comisión de coordinación y colaboración que contempla ley, a lo que obtiene la respuesta positiva de la Viceconsejería, con la intención de que este nuevo órgano, que vigilará también el cumplimiento de la norma, sea lo más “participativo” posible.
Una aportación importante ha sido también la de los particulares. El anteproyecto de ley cuenta ahora con la incorporación del término “preparación para la reutilización” en virtud de una de estas peticiones. Ha considerado el Gobierno que si bien esta acción está en el espíritu de la ley, no se menciona ningún producto en concreto, por lo que modifica su artículo 12 para establecer que aumentar la durabilidad de los productos requiere la reutilización “de los bienes o ciertas partes de los mismos”, y no solo de los residuos.
Finalmente, otras de las aportaciones particulares propone hacer más concreto el compromiso de las administraciones públicas en cuanto a la contratación pública circular como “un proceso por el cual las autoridades tratan de adquirir mercancías, servicios y obras con un impacto medioambiental recudido durante su ciclo de vida”. Aunque el anteproyecto también comprende esta máxima, la Viceconsejería ha propuesto cambiar el apartado en el que se encuentra para incluir que habrá medidas transversales específicas con la administración y el buen gobierno, especialmente “con el fomento de la compra pública verde y la contratación pública circular”.
Durante el Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) celebrado el pasado mes de noviembre, Castila-La Mancha tuvo un protagonismo especial en el caso de la economía circular. Acogió una mesa colectiva sobre esta cuestión donde se recordó que esta ley competerá a todas las consejerías por su carácter transversal. Esta ha sido precisamente una de las dificultades que han encontrado los servicios jurídicos de la Consejería de Medio Ambiente durante la elaboración del borrador: regular las competencias de otras consejerías. Por eso, finalmente se ha incluido en una disposición transitoria y establece un plazo de dos años para que el resto de departamentos se adapten a ella, una vez que entre en vigor.
Con carácter general, y tal como ha repetido el consejero de Medio Ambiente, Francisco Martínez Arroyo, en varias ocasiones, una de las máximas de la ley es que “quien contamina, paga”, entrando a fondo una de las cuestiones ambientales que más aristas presentan en España: la gestión de residuos y vertederos. Aunque parte de este objetivo ya se encontraba en el programa electoral del PSOE antes de regresar al Ejecutivo regional en 2015, los incendios del vertedero ilegal de neumáticos en Seseña (Toledo) y de una planta de residuos en Chiloeches (Guadalajara) desataron las alarmas. Hace dos años, el Gobierno de Emiliano García-Page aprobó un nuevo Plan Integrado de Gestión de Residuos, que busca ahora su puesta de largo con esta Ley de Economía Circular.
Optimizar el valor de productos, materiales y recursos, reduciendo al mínimo la generación de residuos, es el pilar fundamental de lo que conocemos como economía circular. Y su objetivo, ser sostenible, hipocarbónica, eficiente en el uso de los recursos y, a la vez, competitiva. En el texto del anteproyecto el Ejecutivo regional habla incluso de “un cambio social y de modelo productivo, económico y de consumo”. Al mencionado Plan Integrado de Gestión de Residuos se unió recientemente la Estrategia sobre Biomasa Forestal de Castilla-La Mancha dentro del Programa de Mitigación y Adaptación frente al Cambio Climático y con el horizonte puesto también en un futuro proyecto de gestión de biorresiduos.
Pero la futura Ley de Economía Circular pretende ir mucho más lejos: el Gobierno quiere que el uso eficiente de los recursos sean los “ejes vertebradores de todas las políticas públicas y de los nuevos sectores económicos” y busca generar condiciones óptimas para fomentar la aparición de nuevos nichos de negocio. A nivel ambiental, el impacto fijado quiere traducirse en una reducción del consumo de materias primas y de la generación de residuos, en aras del medio ambiente, el clima, la diversidad biológica y la salud humana.
Es el motivo por el que el ámbito de aplicación de la nueva norma abarcará todas las fases del ciclo de vida de un bien, producto o servicio, ya que no solo se refiere a la gestión y reciclaje de residuos, sino que también implica “la gestión racional de todos los recursos que son necesarios para su producción y distribución”. Entre estos destacan los recursos materiales y energéticos, el agua y el uso del suelo, tanto en el ámbito de la producción, distribución y consumo como en la gestión de residuos, en el mercado de materias primas secundarias y, asimismo, en los aspectos de innovación e inversión.
Se trata de un escenario totalmente novedoso. Por eso, para facilitar la transición hacia una economía circular, se incentivará la implantación y la permanencia en territorio castellano-manchego de empresas y actividades cuyo objeto se encuadre en el ámbito de la economía circular. La Administración regional promoverá los incentivos económicos, bien con fondos propios o cofinanciados europeos, para la reducción del despilfarro alimentario, insumos materiales y energéticos.
Tributos y fianzas
Por otro lado, se introduce la obligación de establecer un tributo que grave el depósito de residuos en vertedero. Esto derivaría a su vez en la “desincentivación” del uso de vertederos frente a su reciclado. Y además, promulga la “reinversión” de su recaudación en mejorar la gestión de los residuos y en llevar a cabo actuaciones contempladas en el mencionado Plan Integrado de Gestión de Residuos.
En el plazo de un año de la entrada en vigor de esta Ley sedebe haber regulado el tributo por el que se grave el depósito de residuos en vertedero así como la reinversión de su recaudación en mejorar la gestión de los residuos y en llevar a cabo actuaciones contempladas en la planificación de gestión de residuos de Castilla-La Mancha. En ese mismo plazo se aprobarán las correspondientes normas técnicas para la determinación de las cuantías de las fianzas.
