El Gobierno de Castilla-La Mancha ha ofrecido a las empresas adjudicatarias de contratas de limpieza en centros educativos en la región (en realidad en cualquier centro público de titularidad regional) que ahora permanecen cerrados, pasar a operar en el ámbito sanitario.

Se trata de “reforzar y apoyar a los centros sanitarios de la región” en la lucha por paliar los efectos del COVID-19, ha dicho el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina y de paso, evitar el despido de sus trabajadores.

Dado que los centros educativos o sociales están cerrados, el consejero ha explicado que la Junta optará por suspender las contratas y por eso, añadía, “en la medida en que se pongan a disposición de la autoridad sanitaria prestando servicio no se les suspenderá”.

Ruiz Molina ha reconocido, no obstante, que la Junta necesitará “el beneplácito de las empresas, pero se trata de evitar despidos”, insistía.

Con esta medida, se cumple un “doble objetivo”. Por una parte, el de reforzar el trabajo que realiza el personal de limpieza del ámbito sanitario. Por otra, “impedir o reducir el efecto negativo que pueda tener la crisis sanitaria” en el empleo.

La reincorporación de liberados sindicales no supondrá despidos de sustitutos

Esta iniciativa forma parte del acuerdo que ha tomado el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha que hoy ha aprobado un decreto con medidas extraordinarias de corte económico-financiero y de refuerzo de medios humanos y materiales para ponerlos al servicio de la autoridad sanitaria.

El decreto tiene tres objetivos fundamentales, ha dicho el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas. El primero pasa por dotar de mayor agilidad a la Administración regional en el ámbito económico-financiero. Eso supone que Hacienda asume “competencias sobre modificación y retención de crédito para garantizar la disponibilidad presupuestaria”.

Ruiz Molina ha explicado que suprime todos los procesos de fiscalización previa en el ámbito de la Sanidad. En todo caso, “si hay que hacerlo se hará después”, para evitar la burocracia y también para “reducir el impacto en la economía regional de la crisis del COVID-19 en particular sobre pymes y autónomos además de reforzar medios humanos y materiales”.

Estas medidas complementan a las que ya están adoptando otras áreas del Ejecutivo regional y, sostiene, “no terminarán aquí”.

Ruiz Molina ha explicado que la contratación de personal destinado a minimizar la crisis sanitaria y económica “no requerirá autorización previa de la consejería de Hacienda, bastará con comunicación previa” y que todo el personal de los servicios públicos cerrados “queda a disposición de la autoridad sanitaria”.

En el caso de los liberados sindicales, que días atrás ofrecieron reincorporarse a tareas sanitarias, el consejero ha explicado que esa reincorporación no supondrá el despido de quienes les venían sustituyendo. Hace falta disponibilidad de todo el personal.

También ha explicado que en el Gobierno serán “muy flexibles con medidas extra de gestión de las bolsas personal funcionario y laboral. No podemos estar respetando todos los requisitos” y por eso el objetivo será que las bolsas de empleo “se usen de forma más ágil posible sobre todo en Sanidad”.

Prioridad en pagos a pymes y autónomos

La Administración regional también anuncia que quiere mejorar la eficiencia de la gestión administrativa y de pagos, en particular Ruiz Molina ha hablado de las subvenciones para cuyo cobro habrá también “flexibilidad”.

Por otro lado, y para facilitar la liquidez a las empresas se priorizará el pago a proveedores a pymes y autónomos. “A las empresas no se les exigirá la garantía previa que deben depositar y se podrá pagar a plazos en todo caso”.

“No hay problemas de liquidez”, ha dicho, para insistir en la necesidad de priorizar pagos hacia quienes constituyen el 98% del tejido empresarial de la región.

En cuanto a los contratos por parte de la Administración regional, en particular la Sanidad, “se tramitarán con carácter de emergencia. No harán falta trámites administrativos para hacerlo con la mayor rapidez posible evitando burocracia”.

Los medios y recursos humanos de GEACAM así como los conductores y los vehículos del parque móvil regional o el patrimonio cuyo titular es la Junta castellanomanchega han sido puestos también a disposición de la autoridad sanitaria.

“Las medidas afectan a la gestión económica financiera, al personal, a la contratación pública” y todo se vuelca hacia la Consejería de Sanidad.

Finalmente ha agradecido “el trabajo de los profesionales tanto del ámbito sanitario como del resto de la Administración regional volcados en redacción de decretos como este, por ejemplo. Todos los trabajadores están poniendo de su parte para mitigar esta crisis desde el punto de vista humano y económico”, concluía.