Como a mediados de cada año, recientemente se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden por la que se distribuyen los fondos para políticas activas de empleo entre las comunidades autónomas, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2018. En este documento se recogen los criterios de distribución establecidos en la Conferencia Sectorial del pasado mes de abril y que son los mismos desde hace seis años, cuando los cambió el Gobierno de Mariano Rajoy: un conjunto de indicadores y variables que han puesto en tela de juicio casi todas las comunidades autónomas. En el caso de Castilla-La Mancha, este sistema se ha denunciado en varias ocasiones al considerar el Gobierno regional que es “opaco y farragoso”.
Las políticas activas de empleo son el conjunto de servicios de orientación y formación profesional para mejorar las posibilidades de acceso al empleo, por cuenta ajena o propia, de las personas desempleadas. Es decir, unas partidas muy importantes y necesarias para la creación de puestos de trabajo. En el presente ejercicio se reparten más de 2.000 millones de euros entre las comunidades autónomas. A Castilla-La Mancha le corresponde un 4,39% de este montante total, un porcentaje muy similar al de los ejercicios anteriores. Pero, ¿cómo se reparten? En la orden ministerial se publican los indicadores pero no la forma mediante la que se extraen los resultados, todo un “laberinto de números”, según el viceconsejero de Empleo y Relaciones Laborales, Francisco Rueda.
Desde el inicio de la actual legislatura en Castilla-La Mancha, cuando se encontraron con el sistema de distribución ya modificado, el Gobierno regional ha criticado en todas las reuniones sectoriales que este sistema funcione “por indicadores y no por necesidades” de cada región. Por ejemplo, se tiene en cuenta el número de personas que se han contratado después de seis meses o el de aquellas se han dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) a los seis meses de haber recibido orientación en la oficina de empleo.
“Miden resultados y favorecen a los territorios con mayor actividad económica respecto a los que tienen menos”, explica el vinceconsejero. En los últimos años, en Castilla-La Mancha el número de autónomos ha caído pero al tiempo que crecía el empleo, debido a que muchas personas que emprendieron por necesidad ahora han encontrado un puesto de trabajo por cuenta ajena. “El sistema valora cuántos se dieron de alta en el RETA, independientemente de si esos trabajos autónomos se consolidaron o no”.
Aparte, hay otros criterios que abundan en la “opacidad”, como es el caso de las personas que han participado en acciones formativas. Este indicador prima a aquellas regiones que optan más por estas fórmulas, “a veces más cortas y baratas” y que “no tienen nada que ver con la efectividad".
Más de cien variables
“Siempre nos hemos quejado de que el sistema es muy oscuro, muy opaco, farragoso. Se establecen más de cien variables que después se resuelven en 60 indicadores, que a su vez van componiendo una tabla sobre el resultado obtenido por cada comunidad autónoma, en fórmulas a veces muy complicadas”, detalla Francisco Rueda. El Ejecutivo castellano-manchego argumenta que el problema no es “si es más o menos importe”, sino que el modelo “no está bien, no permite planificar, no tiene en cuenta si es una comunidad con mucho o poco paro, si hay desempleo juvenil o de larga duración, o con una densidad de población muy baja". "Es como si se distribuyeron los fondos de sanidad por el número de personas que se dan de alta”.
Tampoco aquí terminan los problemas. Dentro de la partida correspondiente a cada comunidad autónoma, hay una docena de ejes y de “bloques finalistas” que han criticado prácticamente todas las comunidades autónomas porque les resta autonomía. “No es un reparto homogéneo y nadie sabe de dónde salen esos importes”. Así, a Castilla-La Mancha, en el Eje 1 referido a “Agencias de Colocación”, le corresponden 1,4 millones de euros, un 4,16% de los fondos; en el Eje 2 “Flexibilidad. Formación y Recualificación”, más de 5 millones de euros (4,36%) ; y en el Eje 5 “Emprendimiento”, 1,1 millones (4,15%), por poner algunos ejemplos. “Son cifras que se extraen de bases de datos sobre el empleo a los que ninguna comunidad tiene acceso y que aparecen así a principios de año. Las comunidades estamos ahí metidas en un laberinto de números que da un resultado final que nadie entiende”.
Criterios más ajustados las necesidades
La alternativa que ha propuesto varias veces el Gobierno castellano-manchego es que los criterios se establezcan en función de las características y necesidades de cada autonomía, como sucedería en esta comunidad autónoma en el caso de su dispersión poblacional y densidad. Pero la crítica del viceconsejero va más allá, porque considera que el modelo impide que España no se haya planteado objetivos a nivel estatal en función de estas proporciones y particularidades de cada región.
“No hay objetivos nacionales de políticas de empleo y por lo tanto no los hay repartidos por comunidades autónomas”, añade, como sí se hace en el caso de Alemania mediante convenios con sus territorios federados o ‘länder’. Además, concluye, los fondos estatales españoles son fijos, lo que quiere decir que los recursos que consigue de más una autonomía en cualquier ejercicio, se le restan a otra, “lo que no tienen ningún sentido”.
La última propuesta castellano-manchega en este sentido se envió poco antes de la moción de censura que terminó con el Gobierno de Mariano Rajoy. Ahora, el Ejecutivo regional cree que se debería plantear de cara a los Presupuestos Generales del 2019. “Todas las comunidades autónomas hemos sido muy responsables respecto a este tema pero es hora de revisarlo porque muchas no aceptamos ni el modelo ni el procedimiento".
