El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha acordado en su reunión de esta semana plantear recurso contencioso-administrativo a los planes de sequía de las demarcaciones hidrográficas del Guadalquivir, Segura y Júcar y la parte española del Tajo y Guadiana, así como al trasvase de 20 hectómetros cúbicos aprobado el pasado mes de octubre.
Según ha señalado el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, esta decisión en relación a los Planes de Sequía se toma porque “no se cumple la Directiva Marco del Agua, y se perjudica gravemente a una región, Castilla-La Mancha, que tiene la titularía competencial sobre muchas cuestiones”.
La región presentó más de un centenar de alegaciones a estos Planes ya que, según señaló en su día el propio Gobierno, ignoraban la prioridad de las cuencas cedentes sobre las receptoras en demarcaciones hidrográficas como el Tajo, el Segura o el Júcar; pretendían esquivar las exigencias que establece la Directiva Marco del Agua (DMA), mezclando las situaciones de sequía con las de escasez, con el fin de saltarse las restricciones que impone frente al deterioro de las masas de agua, y también adolecían de falta de rigor en el estudio de las implicaciones socioeconómicas y ambientales de los fenómenos de sequía prolongada.
Para el Gobierno regional los planes de sequía aprobados se han tramitado “sin la seguridad jurídica que se debe exigir y se ha vulnerado la participación pública; no se ha sido suficientemente garantista por para parte del Gobierno Central en la aprobación de estos planes”, cuestión que es obligatoria, según la Directiva Marco del Agua.
También, a juicio del Ejecutivo regional se ha vulnerado la “Directiva Hábitat de la Red Natura que debe garantizar de manera prioritaria el caudal ecológico de nuestros ríos”.
En este sentido, el consejero ha recordado que el presidente regional, Emiliano García-Page va a presentar en breve un informe detallado y “muy contundente” sobre el efecto de la reducción el caudal del rio Tajo a su paso por Toledo en la biodiversidad vegetal y animal , donde se pone de manifiesto que aprobar planes de sequía o realizar trasvases suponen la reducción de los caudales ecológicos.
Asimismo, Martínez Arroyo ha pedido que cuando se hagan inversiones en materia de sequía se tenga en cuenta a Castilla-La Mancha y no ocurra “como sucedió con los grandes decretos de sequía del Júcar y Segura que supusieron la inversión directa de 30 millones de euros en el Levante pasando de largo por la región.
Recurso al trasvase de octubre
Por otro lado, el Gobierno regional ha aprobado, como viene siendo habitual con todos los anteriores, el recurso contra el trasvase de 20 hectómetros cúbicos del Tajo al Segura que se aprobó el pasado mes de octubre. La razón es la misma que en los anteriores: “En ninguno se tiene en cuenta la posición de Castilla-La Mancha”, ha manifestado el consejero.
Martínez Arroyo ha recordado que también se ha argumentado que “en determinados momentos no había suficiente información en relación con la capacidad de los embalses. Esta información ha sido cubierta progresivamente por la Confederación Hidrográfica del Tajo y espero que en un foro técnico seamos capaces de ponernos de acuerdo sobre la capacidad real de los embalses de Entrepeñas y Buendía para ver cuándo se llega a los mínimos que hay previsto en este momento en el memorándum”.
Para Castilla-La Mancha, el objetivo es que sean prioritarios otros métodos de abastecimiento de agua para el regadío en el Levante, es decir, “poner en marcha las desaladoras al cien por cien, para que se prioricen las desaladoras frente al trasvase y éste sea un recurso extraordinario y no ordinario”, ha señalado.