La recuperación del gasto en políticas destinadas a sanidad, educación y servicios sociales sigue siendo “deficitaria” en España, una situación que resulta aún más grave en el escenario por la pandemia de COVID-19 que hace más necesarias estas inversiones públicas. Es la principal conclusión del estudio que ha elaborado al respecto la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, en el que además Castilla-La Mancha sigue entre las regiones que mantienen un mayor recorte de medidas en los últimos diez años.
En el estudio se constata que los recortes realizados en políticas sociales a partir del año 2010 y que fueron “especialmente drásticos” en 2013, condujeron a que en este año se registrase el nivel más bajo en gasto autonómico en servicios esenciales, con menos de 100.000 millones de euros. Después, desde 2014 a 2018 se han ido registrando aumentos en los presupuestos liquidados del conjunto de las regiones llegando a los 116.860 millones de euros. Pero esa tendencia “se rompió” en el presupuesto definitivo de 2019, que cayó un 0,1% respecto al gasto del año anterior.
Así, según los datos aportados, la recuperación del gasto en políticas sociales es “aún deficitaria” tras 10 años presupuestarios: ese gasto en políticas sociales de 2019 aún está por debajo del de 2009 (116.851 millones de euros) y la ausencia de Presupuestos Generales del Estado “ha lastrado la tendencia de recuperación, poniéndola en grave peligro”.
Esta asociación se detiene en el análisis de todas las políticas gestionadas por las autonomías, poniendo por delante que la situación de crisis derivó en un importante incremento del gasto en deuda pública autonómica, dentro de “un agónico y fallido intento de mantener las políticas de protección” y en una “reducción drástica del gasto en el resto de políticas”.
La importancia del nivel previo a los recortes
Si tomamos como año base 2009 (cuando se produjo el inicio de los recortes para las arcas autonómicas), y al margen del crecimiento del gasto en deuda, el estudio desvela que únicamente el gasto en servicios sociales habría recuperado el nivel previo a los recortes. Para ello aduce dos razones: la atención a la dependencia, que se encontraba en pleno despliegue en 2009, y la “necesaria atención a cientos de miles de personas y familias especialmente golpeadas por la crisis”, lo que supuso incremento de gasto en atenciones asistenciales y rentas de inserción. No obstante, ambas acciones han sido “insuficientes” a la luz de los datos de incremento de la pobreza y a las 266.000 personas en situación de dependencia en lista de espera de atención y las 160.000 pendientes de valoración.
Por comunidades autónomas, la asociación desgrana que hay 12 de ellas que han conseguido superar en 2019 el gasto social por habitante que tenían en 2009, siendo la Comunidad Valenciana la que en términos absolutos ha logrado un mayor aumento en su inversión en políticas sociales (1.656 millones de euros de euros), mientras que Baleares es la que porcentualmente obtiene un mayor aumento (24,8%). Por el contrario, las autonomías que “mantienen una mayor recorte” en términos porcentuales en estos 10 años, a pesar de la recuperación, son Catalunya (19,6%) y Castilla-La Mancha (15,4%).
Aunque en el estudio se reitera que la tónica ha sido la reducción drástica del gasto en otras políticas diferentes, “la situación de partida y la severidad aplicada a los recortes por unos y otros gobiernos no ha sido la misma”. Recuerda así que Castilla-La Mancha, por ejemplo, fue “paradigma de los recortes más brutales entre 2011 y 2016” y que después inició su recuperación aunque sigue sin alcanzar los niveles previos.
La asociación subraya, por otra parte, que hay diferencias interterritoriales importantes en el gasto social por habitante entre comunidades autónomas. Así, mientras en Navarra y País Vasco (con régimen fiscal propio) están en los 3.300 euros anuales, en las comunidades de Régimen Común, esta cifra oscila entre los 2.200 y los poco más de 3.000 euros, destacando entre ellas Extremadura (3.039,92 euros por habitante), Asturias (2.948,92 euros) y Cantabria (2.908,32 euros). Solo cinco autonomías (Madrid, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha y Cataluña) han disminuido la inversión por habitante, pero en el informe recuerdan que este dato es “excesivamente grueso” porque “no considera cuestiones esenciales como las diferencias del coste de la prestación de servicios por territorios”.
Este colectivo remarca que la crisis sanitaria y social provocada por la COVID-19 ha “redundado” en la demostración de la importancia de inversión de los servicios públicos esenciales. “Cuando se tendría que haber aplicado la mejora de la situación económica al restablecimiento de los mismos, nos encontramos que no ha sido así y con estos servicios públicos esenciales debilitados hemos tenido que afrontar esta crisis social y sanitaria”.
En un contexto así, pide considerar el “blindaje presupuestario” de materias tan esenciales para la ciudadanía y poner en marcha fórmulas urgentes que permitan a las comunidades autónomas prestar estos servicios. “En un escenario político tan grave como el actual; con unas posturas tan extremadas (que parece han venido para quedarse), el bienestar de las personas no puede acabar siendo rehén de las estrategias partidistas y de la falta de talla política”, concluye.
