Continúan los conflictos por las contratas que lleva a cabo el Ministerio de Defensa para la gestión del Museo del Ejército que alberga el Alcázar de Toledo. Según ha apuntado CCOO, la empresa Marsegur, actualmente encargada de la vigilancia de estas dependencias, ya ha sido condenada dos veces por la Audiencia Nacional y mantiene prácticas irregulares. Entre las mismas destaca el “intrusismo laboral” por utilizar como vigilantes a varias personas que carecen de la habilitación correspondiente del Ministerio del Interior.
Por ello, ha instado a Defensa a rescindir este contrato "de inmediato" tras denunciar a la empresa ante el departamento de Seguridad Privada de la Policía Nacional y ante la Delegación del Gobierno.
Asimismo, denuncian que Marsegur tampoco tiene permiso del Ministerio de Interior para acceder a las armas del armero de la Seguridad del Alcázar" y que "sus vigilantes prestan servicio desarmados, incumpliendo así de forma flagrante el pliego de condiciones de la contrata".
"Asombra que el Ministerio de Defensa concediera la contrata de la vigilancia del Museo del Ejército a una empresa cuyos dos últimos convenios colectivos fueron impugnados por el Ministerio de Trabajo y anulados por la Audiencia Nacional", ha señalado el responsable de Negociación Colectiva de CCOO-Construcción y Servicios de la región, Carlos García Montoya.
Convenio "contrario a derecho"
La última sentencia de la Audiencia Nacional, del pasado 5 de mayo, agrega, no solo declaró “contrario a derecho” el convenio colectivo que Marsegur pretendía que sustituyera al que ya le fue declarado nulo un año antes, “sino que además impuso a la empresa una sanción de 6.000 euros y la condenó a costas por mala fe y temeridad". Y pese a ello, continúan desde este sindicato, se “escudan” en que la sentencia no es firme y que la han recurrido ante el Tribunal Supremo
Así, han reiterado su petición de rescindir la contrata con Marsegur, tal y como ya ha hecho la Junta con Sinergias Vigilancia y Seguridad tras comprobar que, en cuanto esta empresa se hizo con la contrata de la vigilancia de los edificios del Gobierno regional , cambió a la baja los salarios y las condiciones.