Representantes de CCOO explicando el caso del modisto Alejandro de Miguel / toledodiario.es
“Lo razonable es que hubieran estado aquí –las trabajadoras de Cadenas S.L.-“, han apuntado los representantes sindicales de CCOO que han explicado los detalles de la acusación que la Inspección de Trabajo ha puesto en manos de la Fiscalía por el presunto delito del modisto Alejandro de Miguel con los derechos de sus trabajadoras. Sin embargo, argumentan que las empleadas que continúan en la empresa (y de las que algunas han firmado un comunicado remitido este fin de semana posicionándose a favor de la empresa) “tienen mucho miedo”.
“Como empresario que ama a su tierra, lo normal es que, más que ir por la vía de poner nombre y apellidos de las trabajadoras –al comunicado-, Alejandro de Miguel hubiera pedido perdón. No habría problemas en sentarnos en una mesa para abordar este tema”, ha sostenido el secretario regional de CCOO-Industria, Ángel León, en una comparecencia junto a su homólogo en la provincia, Ángel Mora; la secretaria regional de la mujer del sindicato, María Jesús Fernández, y el secretario provincial de CCOO en Toledo, José Luis Arroyo.
“La alta costura de este señor está cimentada en la explotación laboral”, ha aseverado León, que ha tachado estas prácticas de “países tercermundistas” y ha anunciado que van a reclamar hoy mismo al Gobierno regional que retiren al modisto la placa al Mérito Regional que le concedieron el año pasado por su trayectoria profesional, en la que ha vestido a personalidades como la reina Sofía, Ana Obregón o a las Campos.
Los representantes sindicales han insistido en la prudencia que afirman que han tenido para hacer pública esta denuncia hasta poder “acreditar y confirmar” la actuación de la que se acusa al modista toledano. “Podrá ser ejemplo a nivel de modisto pero a nivel de dirigir una empresa y respetar los derechos laborales ... para nada. Esperamos que el Gobierno de Castilla-La Mancha atienda esta petición”, ha agregado León.
Aunque no han querido inmiscuirse en la respuesta judicial que tendrá este asunto, que “determinará lo que tenga que determinar” sobre las funciones que ejerce Alejandro de Miguel en esta empresa, sí que han reiterado “el miedo” que supone para las trabajadoras que han apoyado al modisto para no perder su empleo. “La pérdida de dignidad al ir a devolver el dinero... hay que preservar que esto no se convierte en una selva”, han exclamado.
Cronología de los hechos
María Jesús Fernández ha recordado al inicio de esta rueda de prensa el proceso que comenzó en noviembre de 2016 y que ha provocado la denuncia del sindicato a la Inspección de Trabajo y su puesta en conocimiento a la Fiscalía. En esa fecha, varias trabajadoras de la empresa del modisto acudieron al sindicato para comprobar si el salario que estaban cobrando se ajustaba al convenio colectivo de este sector. De esta manera, se dieron cuenta que cobraban 200 euros menos de lo establecido –ingresaban unos 600 euros--, por lo que el sindicato avisó a la Inspección de Trabajo de la situación y se presentó en la empresa para corroborar estas acusaciones.
En esta visita, al inspector le inquietó el tiempo que tardaron en abrir la puerta de la empresa, donde preguntó a las trabajadoras por el salario que percibían y requirió a la empresa las nóminas, que tenían unas cuantías que “no son reales”. Pidió también las nóminas con las pagas y el cuadrante de vacaciones, comprobando así que no aparecían los correspondientes ingresos.
Tras esta actuación de la Inspección de Trabajo, Alejandro de Miguel ingresó las deudas que tenía con sus empleadas, de entre 3.500 y 6.500 euros a cada una. “La sorpresa viene cuando una trabajadora, al cabo de un mes, nos comunica que le han despedido”, indica Fernández, que puntualiza que le habían pedido que devolviera la cantidad embolsada, algo que solamente no hizo ella. “La meten en su despacho con toda la familia y la empiezan a amenazar, la empresa dice que devuelva el dinero porque todas lo han hecho, ella lo rechaza”. Toda esta conversación fue grabada por la afectada y se ha utilizado como una de las pruebas que se ha presentado a la Fiscalía.
Así, le comunican el despido a la trabajadora que repercute en otra denuncia del sindicato el pasado mes de agosto. La Inspección de Trabajo solicitada a la entidad bancaria los movimientos de estas transferencias y comprueba que, efectivamente, todas las empleadas habían devuelto la deuda que el modisto les había ingresado a cada una.
Agravante por coacciones
En este sentido, también el secretario provincial de CCOO ha valorado la labor de la Inspección de Trabajo y ha reclamado más medios para este que este organismo. Además, ha asegurado que, aparte de la pena que podría conllevar el supuesto delito –de entre 6 meses y 6 años de cárcel, esta podría verse agravada por “las coacciones” que afirma que Alejandro de Miguel ha impuesto a sus trabajadoras.
“Vamos a tener que echar mano del Derecho Penal y vamos a seguir trabajando con la finalidad de que el abuso se termine”, ha apostillado José Luis Arroyo, que ha recalcado que las pruebas presentadas a la Inspección de Trabajo tienen “presunción de veracidad y certeza”.
