Cada 28 de septiembre celebramos el Día Internacional del Derecho a Saber. Con ello se pretende reclamar este derecho como premisa imprescindible para la participación y como instrumento para rendir cuentas ante los ciudadanos.

La transparencia tiene mucho de mito, de moda y de marketing: se cree que con ella puede lograrse poner fin a la corrupción y resolver otros muchos males que afectan al ejercicio del poder público, ha logrado una omnipresencia en la agenda pública en los últimos años y en no pocas ocasiones se hace uso de esta palabra por parte de nuestros gobernantes para atribuirse méritos y legitimidad ante un creciente desapego de los ciudadanos hacia la gestión de la cosa pública. Más allá de que no deja de ser una metáfora —la transparencia es una cualidad de los cuerpos, que permite ver lo que hay tras ellos— resulta fundamental en el contexto actual superar esta concepción para pasar a configurarla, de verdad, como un principio rector de la actuación de las Administraciones Públicas y como un derecho subjetivo de las personas.

En este sentido, es clave la introducción de auténticas garantías en el sistema para que uno y otro, principio y derecho, sean realidad; en particular, no puede prescindirse del establecimiento de órganos de control independientes, especializados y suficientemente dotados de medios humanos y materiales que vigilen el cumplimiento de las obligaciones de publicidad y la legalidad de las actuaciones administrativas en respuesta a las solicitudes de acceso.

Por esta razón, ha de ser bienvenida —por fin— la creación del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, previsto en la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno y desarrollado recientemente, en el pasado mes de julio, con la aprobación del Reglamento de las Cortes Regionales de Organización y Funcionamiento del Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno. Se trata de un órgano que, por configuración legal (la resolución de las reclamaciones en materia de acceso a información pública se encomienda a una comisión ejecutiva integrada por tres miembros adscrita a las Cortes) está llamado a ser uno de los más potentes de España; junto con ello, por las competencias que tiene encomendadas, puede jugar un papel fundamental en el control de la acción del gobierno autonómico y de los gobiernos locales y, desde el cumplimiento del mismo, en el impulso de la cultura de la transparencia en nuestra Comunidad Autónoma.

El Día Internacional del Derecho a Saber ha de celebrarse no limitándose a ensalzar el mito, sino apostando por la realidad. Confiemos en que el Consejo sea pronto un órgano en funcionamiento, integrado por profesionales especializados y dotado de medios suficientes. No por moda ni por marketing, sino por imperiosa e inaplazable necesidad: sin garantías no hay derecho y sin derecho de acceso la opacidad será la que, paradójicamente, continúe brillando en nuestra sociedad.

Isaac Martín, profesor titular de Derecho Administrativo y director del Centro “Luis Ortega Álvarez” de la Universidad de Castilla-La Mancha