El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Talavera de la Reina ha dictado una orden de detención contra el juez decano de esta ciudad, Fernando Presencia Crespo, para proceder a tomarle declaración en calidad de investigado como consecuencia de la apertura de las diligencias previas motivadas por la querella presentada contra él por Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, fiscal jefe de Talavera, por injurias y calumnias, denuncia falsa y fraude procesal.

El juzgado ha tomado esta decisión después de citar a Fernando Presencia a declarar como querellado-investigado hasta en tres ocasiones, los pasados días 29 de noviembre, 21 de diciembre y 31 de enero, sin que en ninguna de esas fechas compareciera ante la jueza instructora. Además de las tres citaciones, también se produjo, con fecha 20 de diciembre de 2016, un apercibimiento de la jueza responsable del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Talavera de la Reina, en el que instaba a Fernando Presencia su obligación de comparecer.

En cada día anterior a las dos primeras citaciones se han presentado en el Decanato de los Juzgados, por parte de la representación legal de Presencia, escritos en nada relacionados con el objeto motivo del procedimiento judicial abierto por la interposición de la querella, sin que en ningún caso, la jueza instructora haya podido resolver peticiones de aplazamiento de la comparecencia de Presencia Crespo al no haberse producido las mismas.

La orden de detención dictada el martes por el Juzgado que instruye el procedimiento fue oficiada a la Comisaría de Policía Nacional de Talavera de la Reina, habiéndose producido a última hora de este miércoles la comparecencia voluntaria en dependencias policiales de Fernando Presencia, acompañado de su representante legal. Posteriormente y acompañado de un agente del Cuerpo Nacional de Policía, Fernando, ha accedido a las dependencias de los Juzgados de Talavera de la Reina, y ante la jueza ha solicitado un procedimiento de habeas corpus alegando detención ilegal, solicitud que ha sido inadmitida a través de un auto por no concurrir los requisitos formales para la admisión del procedimiento.

A continuación la jueza instructora de la querella antes citada, ha procedido a tomarle declaración en calidad de querellado-investigado, habiéndose acogido Presencia Crespo a su derecho a no declarar. Una vez realizados los trámites procesales oportunos, ha quedado en libertad de forma inmediata.

Suspendido de funciones desde mayo 

El juez decano se encuentra suspendido provisionalmente de funciones como consecuencia de la apertura de juicio oral por prevaricación judicial. La Sala de lo Civil y Penal del TSJCLM dictó sentencia condenatoria, en mayo de 2016, estando pendiente de resolverse recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Durante la tramitación de aquel procedimiento, la Sala de lo Civil y Penal del tribunal autonómico se vio obligada a decretar su busca para poder notificarle la citación como acusado al juicio, después de reiterados intentos de notificación personal al mismo y sin éxito.

El magistrado ha sido objeto además de varias sanciones disciplinarias impuestas por el Consejo General del Poder Judicial, motivadas por infracciones cometidas durante su función como titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Talavera de la Reina.

Presencia también es conocido porque fue quien denunció un presunto "pelotazo urbanístico" en la localidad toledana de Pepino y también quien se querelló contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco. Además, Presencia había narrado ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, en Madrid, un intento de extorsión por parte de Manos Limpias que le habría exigido dinero para continuar la causa en los tribunales contra la supuesta trama de corrupción en los juzgados talaveranos.

El polémico juez,que fuera magistrado de lo Mercantil en Valencia fue "desterrado" por el Tribunal Supremo al juzgado de Talavera, según el periódico levante-emv.com, y había sido condenado a pagar 3.000 euros como autor de una falta muy grave por su intervención en la organización de un máster que él mismo diseñó y cobró derechos correspondientes sin que hubiera solicitado la necesaria compatibilidad de funciones para hacerlo. También llegó a ser multado con  2.000 euros por suspender hasta cinco juicios para desplazarse hasta Valencia, sin permiso, y asistir a la vista de su divorcio.