Tras conocerse la resolución del Tribunal Constitucional, que estima la inconstitucionalidad del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha respecto al Plan de Ordenación Municipal de Toledo del año 2007, el Ayuntamiento ha asegurado que "siempre" ha actuado siempre conforme a la legislación vigente y que ha respetado los límites establecidos por la normativa.

Por otro lado, señalan que la sentencia afecta a un artículo que no está vigente actualmente, pero que "en todo momento" se ha actuado conforme a la legislación y a un modo de proceder "que no ha sido cuestionado en los últimos 14 años". En este sentido, puntualizan que "entienden" que la sentencia no se refiere "expresamente" a la ciudad de Toledo y el fallo no afecta por sí mismo a su Plan de Ordenación Municipal.

Finalmente, aseguran que la sentencia no afecta a situaciones anteriores a la fecha de su dictamen, citando la jurisprudencia tanto del Tribunal Supremo como del Constitucional, y recuerdan que siguen trabajando en la elaboración de un nuevo ordenamiento urbanístico. Este nuevo ordenamiento, afirman, contempla un modelo de ciudad "más adaptado a las necesidades de los toledanos, más sostenible con una previsión de crecimiento acorde con las actuales circunstancias".

La consejería de Fomento, en la misma línea

La consejera de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha, Elena De la Cruz, ha señalado también que la sentencia se refiere a un artículo de la LOTAU que "ya fue modificado y no está vigente a día de hoy". De todos modos, el departamento no descarta estudiar nuevas modificaciones en la nueva Ley Urbanística en la que están trabajando actualmente. De la Cruz también ha asegurado que el documento no afectará a actuaciones anteriores a la fecha en que se ha dictado la sentencia.

La consejería también ha señalado que el fallo "no se refiere expresamente" al POM de Toledo y que, por tanto, no afecta "por sí misma" a dicho Plan. En este sentido, ha recalcado que debe ser el Tribunal Superior de Justicia el que dicte una sentencia, "en su momento". De este modo, ha concluido asegurando que, tanto el Ayuntamiento de Toledo como la Junta, han actuado siempre conforme a la normativa vigente en ese momento, una manera de proceder que "no ha sido cuestionada durante los últimos catorce años".