Imagen de archivo de una consulta / Foto: JCCM

Desde hace ya un año, la Oficina del Defensor del Pueblo no deja de recibir quejas de la ciudadanía sobre las deficiencias en el funcionamiento de los centros de Atención Primaria. En la mayoría de ellas, denuncian dificultades y tardanza para contactar telefónicamente y solicitar cita médica o enfermería, demora en las pruebas PCR y plazo excesivo de espera para la consulta. Es el reflejo de la situación de la “puerta de entrada” al sistema público de salud que ha obligado a esta institución a pedir a las autonomías que adopten refuerzos con motivo de la pandemia de COVID-19.

Así lo refleja el último informe del Defensor del Pueblo, el Alto Comisionado de las Cortes Generales encargado de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de la ciudadanía mediante la supervisión de la actividad de las administraciones públicas españolas. En ese documento también refiere que los profesionales sanitarios de Atención Primaria también han denunciado la presión asistencial existente, aportando datos relativos al número de pacientes que atienden por hora de consulta en medicina de familia y pediatría y que ponen de relieve “que no se cumplen los objetivos e indicadores de calidad asistencial”.

A raíz de estas quejas, esta institución inició el año pasado actuaciones ante las consejerías competentes de varias comunidades autónomas, pidiendo informes sobre situación de las plantillas y volumen de actividad en varios centros de atención primaria de país: Castilla-La Mancha fue la comunidad donde más informes se solicitaron, concretamente en ocho centros de salud.

Datos solicitados

En concreto, esta institución pidió información sobre la plantilla asignada a cada centro por categorías (incluida la unidad administrativa), y plantilla efectiva; medidas adoptadas para incrementar la respuesta telefónica ante las incidencias o demoras excesivas para dar cita por medios telemáticos y automatizados; y número de consultas atendidas, presencial y telefónicamente, semanalmente, por categorías.

También recabó información sobre las principales incidencias detectadas en materia de personal; la cobertura de ausencias y bajas laborales y en su caso, ampliación de plantilla programada; demora media para consulta presencial y consulta telefónica, desde la petición de cita; número de pruebas diagnósticas PCR realizadas en cada centro semanalmente, y medidas adoptadas para paliar los problemas relacionados con la espera de los pacientes en el exterior, especialmente usuarios en situación de fragilidad, con limitaciones físicas, mayores o niños de corta edad.

El problema se ha hecho más agudo debido a la crisis sanitaria de la COVID, pero desde hace años el Defensor del Pueblo viene recibiendo quejas sobre la insuficiencia en la dotación de recursos humanos en el nivel de la Atención Primaria. Lo recuerda en su informe, reiterando situaciones de “precariedad laboral y escasez de profesionales ya antes de la pandemia”. A pesar de ello, subraya que no eran tan numerosas las situaciones en las que usuarios y profesionales denunciaban, respectivamente, situaciones de demora para recibir asistencia y presión asistencial, como está sucediendo desde hace un año.

Centro de Salud de Santa Bárbara / Fotografía: JCCM

Asume esta institución que las medidas de prevención dirigidas a minimizar los contagios de coronavirus implican limitar la presencia de pacientes en los centros sanitarios y que la situación de emergencia “impacta en su funcionamiento habitual”. Pero, por eso mismo, defiende que “debe ampliarse la capacidad de respuesta en este nivel asistencial, para atender sin demora a todos los pacientes, aun con circuitos diferenciados, y para hacer un correcto seguimiento de los casos detectados”.

Cierres de consultorios y servicios de urgencias

Además, recalca que el traslado del personal sanitario a otros destinos durante la pandemia ha tenido como consecuencia cierres de consultorios y de servicios de urgencias de Atención Primaria, lo que ha supuesto la derivación de la atención de sus pacientes bien a otros centros sanitarios afectados también por la escasez de personal, bien a servicios de urgencias hospitalarias, incrementando la demanda asistencial sobre estos.

Por todo ello, y con los datos recabados de las autonomías el Defensor del Pueblo considera “imprescindible” poner en marcha planes de refuerzo de la Atención Primaria para compensar el especial desempeño de este nivel asistencial en este período excepcional, “aplicables tanto al personal sanitario como también al personal administrativo”.

En Castilla-La Mancha, la situación de demoras, falta de personal y deficiencias en la Atención Primaria sigue estando en el punto de mira de las críticas de ciudadanía, sindicatos sanitarios y colectivos, pese a que la Consejería de Sanidad ya hace dos semanas que recuperó la atención presencial de los centros de salud.

Un reciente estudio de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria sobre la actividad en este sector sanitaria durante la pandemia desvela que los médicos de familia han llegado a asumir una media de 55 pacientes diarios durante la segunda ola de la COVID-19. Así ha sido en el caso de los profesionales de las comunidades de Aragón, Castilla y León, Extremadura y Murcia, mientras que en otras tres autonomías asumieron hasta 50 como la valenciana, Asturias y Castilla-La Mancha.