Las políticas locales incipientes son las que promoverán a largo plazo un futuro “posible y necesario” conforme a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y a la Agenda 2030. Y así se ha vuelto a poner de manifiesto en el Conama Local 2019 que Toledo alberga durante tres días bajo el lema “Campo y Ciudad. Agenda Global”. En una de sus múltiples mesas sectoriales se han analizado de forma especial las medidas relacionadas con el urbanismo y la ordenación del territorio en este marco, pero todas las intervenciones han terminado apostando por retos mucho más transversales donde los ayuntamientos deben desarrollar un papel primordial.
Una de las ponencias más destacadas en esta mesa, conducida por el director general de Planificación Territorial y Sostenibilidad de Castilla-La Mancha, Javier Barrado, ha sido la de Antonio Serrano, presente de Fundicot, la asociación interprofesional de urbanismo territorial, y experto en planificación territorial ambiental. Precisamente, ha querido destacar que al hablar de los ODS deben contemplarse todos relacionados entre sí, sobre todo los referentes a energía y cambio climático, porque constituyen un “marco global” donde los retos futuros son básicamente ambientales y proceden de una “revolución científico-técnica” con latentes consecuencias sociales y ecológicas.
Para Serrano, los graves problemas a enfrentar desde todas las administraciones están sobre todo ligados a la dependencia energética, a la descarbonización, a los efectos del calentamiento global, a las desigualdades que pueden generarse por la implantación de nuevos escenarios, a las tensiones territoriales y a los movimientos migratorios. Es decir, toda una red de factores confluyentes que ahora están suponiendo el avance hacia la denominada “sociedad del malestar” en contraposición a la denominada “sociedad del bienestar” anterior a la crisis económico-financiera.
“Somos dependientes de las importaciones energéticas, tanto en España como en la Unión Europea, y por tanto también de los precios del petróleo, y esa dependencia va asociada al encarecimiento progresivo de los combustibles fósiles por ser cada vez más escasos”. Para este experto, esta situación no puede abordarse de forma sostenible y pensando en el bienestar de la ciudadanía si los ayuntamientos no parten de una premisa fundamental: “Una transformación de lo que hasta ahora ha sido una red eléctrica convencional y unidireccional en una nube energética similar a internet, donde actúen todas las cooperativas de producción y autoconsumo. Ese es el futuro incipiente, inevitable y necesario de todas las políticas locales”.
Otro elemento destacado por Antonio Serrano es que la adaptación, la resiliencia, de las ciudades, debe girar en torno al “margen de incertidumbre” que existe sobre los procesos de aceleramiento de las consecuencias del cambio climático, incluso por encima de las previsiones medias. Ha hablado así de gestión de servicios municipales que deben estar condicionados por los efectos “urbanos”, como un mayor consumo de agua, la necesidad de más zonas verdes y de espacios en sombra, o las consecuencias de la inversión térmica en alcantarillados y depuración de aguas, entre otras muchas áreas “que competen a la totalidad de las políticas públicas”.
Las ciudades "intermedias"
Dentro del inmenso espacio que ocupan las ciudades, otro de los ponentes se ha referido fundamentalmente a las “intermedias”, es decir a aquellas que no representan grandes territorios ni pequeños pueblos. En ello se ha centrado Alain Jordá, experto en el Programa URBACT de la Comisión Europea en varios ámbitos, entre ellos el de desarrollo local, y también miembro de la Red de Expertos en Desarrollo Territorial de América Latina y el Caribe.
Ha resumido las propuestas realizadas en el libro ‘Estrategias de desarrollo para ciudades intermedias’, donde apunta a una serie de orientaciones. Ante todo que el desarrollo sostenible de una ciudad “no se consigue en dos años ni en un mandato municipal” ni con proyectos aislados, sino que requiere de una transformación “profunda” con “nuevas dinámicas y energías”.
“Ninguna administración superior tiene la capacidad de insuflar desarrollo a una ciudad si el territorio no dispone de un proyecto de futuro sólido y compartido”, ha destacado, dejando claro que por mucho dinero que se invierta desde instancias como la regional o la estatal, no servirá para ese objetivo si no se implican todos los actores locales y la ciudadanía. Aconseja así elaborar primero un "Plan de Futuro Local" -una guía de la ciudad con horizonte de 20 años-, que desemboque después en un Plan Estratégico Local.
Para todo ello, considera este experto, es fundamental empezar “desde una página en blanco” y no con un proyecto cerrado “que se impone sin ningún tipo de participación”. A todo ello añade el “liderazgo participativo” del alcalde, quien debe convocar a toda la ciudadanía pero después “ser un actor más de esa comunidad que va a definir el futuro de la ciudad”. Finamente, apuesta por generar un proceso participativo ad hoc, es decir, creado para ese objetivo, combinando grupos seleccionados de personas, expertos y ciudadanos, y funcionando mediante asambleas abiertas.
La experiencia en la "reversión" del vínculo de la ciudad con el territorio
Por último, Albert Cuchí i Burgos, director de la Escuela Superior de Arquitectura del Vallès y miembro fundador del Grupo Arquitectura y Sostenibilidad, ha detallado el proyecto concreto que este colectivo realizó para Santiago de Compostela cuando esta ciudad quiso revertir la relación con su patrimonio mediante una nueva gestión del agua “vinculada a su territorio”.
Este grupo de expertos rediseñó el espacio público respetando su dinámica como recurso natural, y al mismo tiempo, utilizando su patrimonio como en el pasado realizaban algunas ciudades. Forma parte, ha dicho, de la necesidad que ahora tienen pueblos y ciudades de “recuperar la conexión con su medio natural para la sostenibilidad”. Según ha concluido, este tipo de acciones,se convierten finalmente en una “transformación social” de las ciudades porque los cambios repercuten en la calidad de vida de su ciudadanía.