Foto: Ayuntamiento de Toledo
La Junta de Gobierno Local ha acordado en su última sesión ordinaria prohibir el botellón en la ciudad hasta que finalice el estado de alarma como medida de prevención para evitar la propagación del COVID-19 y la aparición de posibles rebrotes.
La portavoz del equipo de Gobierno, Noelia de la Cruz, ha explicado que la medida que toma el Ayuntamiento tiene como objetivo “impedir las concentraciones de personas” y reducir el riesgo de contagio; una decisión “acorde con las medidas y directrices del Estado que nos recomiendan limitar el número de personas en diferentes eventos”.
"Hemos tomado esta medida excepcional -que entró en vigor desde este jueves 4 de junio- para preservar la salud de las personas, prevenir la propagación del virus y evitar posibles rebrotes”, ha señalado la portavoz. La medida, apunta el Ayuntamiento, ha sido trasladada a la Subdelegación de Gobierno y a los diferentes portavoces de los grupos políticos con representación municipal "que han mostrado su conformidad con esta decisión".
Sin embargo, el PP, que se ha mostrado a favor de esta decisión, ha exigido a la alcaldesa, Milagros Tolón, conocer el acuerdo que da validez legal a esta prohibición así como los informes jurídicos que lo avalan.
El grupo municipal del PP comparte "plenamente el espíritu de esta declaración de intenciones del Gobierno municipal para evitar que se produzcan concentraciones de personas que sobrepasen el número establecido por las normas estatales que limitan el número de personas que pueden reunirse, y que en este caso en la fase 2 del plan de desescalada es de 15 personas".
"Afirmación errónea"
No obstante, ante la afirmación del equipo de Gobierno de que todos los portavoces han mostrado su conformidad con esta decisión, el PP señala que se trata de "una afirmación errónea" pues su portavoz, Claudia Alonso, "no se ha expresado en tales términos ante la imposibilidad de estar conforme con una decisión cuya base legal" afirma desconocer.
Por ello, ha señalado que "cualquier obligación que el Ayuntamiento imponga a los ciudadanos, debe estar avalada por un sustento legal a fin de evitar una inseguridad jurídica. "Y en el caso de la prohibición anunciada desconocemos cuál es tal sustento al no haberse publicitado hasta el momento".
En este sentido, recalca también "la imposibilidad de que, de acuerdo a la legalidad vigente, por parte de una administración local se establezcan medidas que limiten las libertades individuales al margen de las normas de rango estatal derivadas del estado de alarma que están en vigor".
