La Plataforma vecinal ‘Mi Barrio sin Amianto’ con sede en el barrio del Polígono en Toledo ha elaborado un mapa con los puntos negros del amianto en esta zona de la ciudad donde se acumulan desde hace décadas unas 90.000 toneladas de este peligroso material, prohibido por ley y calificado como cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El mapa ha sido elaborado por la plataforma con datos de la Asociación de Vecinos ‘El Tajo’ y también con los recogidos por la empresa pública EMGRISA en un informe encargado por el Ayuntamiento de Toledo. Ha sido bautizado como ‘Los Vertederos de Ibertubo de amianto/asbesto’ permite localizar las zonas en las que se pueden encontrar “restos incontrolados” de los residuos peligrosos que contienen amianto.
Proceden “del desmantelamiento incontrolado de la ya desaparecida fábrica ibertubo cuya responsabilidad se atribuye a la Junta de Castilla-La Mancha, administración competente, según señalan los vecinos. Un desmantelamiento en el que la Junta retiró unas 35.000 toneladas -era el año 2005- pero que dejó más del triple de esa cantidad sin sellar ni retirar (las más de 90.000 toneladas) de otros restos repartidos por todo el barrio y que ahora están en vías de retirada o sellado. Algo que en todo caso no se producirá antes del verano, según reconoce el propio Gobierno regional con un coste entre los 12 y los 14 millones de euros.
Se trata de un mapa complejo que refleja tanto focos como núcleos con amianto (que agrupan a varios focos). En total, según los últimos datos se habrían localizado más de 13 puntos con depósitos de amianto frente a los ocho o nueve inicialmente estimados. Son datos, insisten los vecinos, que se irán completando y modificando según se produzcan nuevos hallazgos.
El Arroyo Ramabujas, ¿receptor de residuos?
El mapa refleja cómo en el llamado Foco 1 los restos se sitúan junto al cauce del arroyo Ramabujas, cuya gestión corresponde a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT). Está formado por una mezcla de piezas y cascotes de restos de fabricación cohesionados con una fracción de lodo. Se estima que son depósitos superficiales y que no hay otros restos enterrados.
Frente a este foco, se encuentra otro, el número 2, ubicado junto al Camino del Soto Mochares. Está formado por elementos idénticos a los del foco uno aunque en este caso se cree que son depósitos acumulados y parcialmente tapados y no se especifica hasta dónde puede llegar su profundidad.
Focos 3.1, 3.2 y 3.3
En estos tres sub-focos el depósito de restos de amianto está formado por mezcla de grandes piezas y cascotes más pequeños de restos de fabricación que están muy mezclados con acúmulos específicos de lodo.
También se apunta que las catas realizadas ponen de manifiesto la existencia de zonas enterradas con una capa variable de cobertura, contiguas a los afloramientos que se aprecian próximos al cauce del arroyo.
El ‘efecto’ de las madrigueras de animales
En el foco número 4, el residuo se encuentra muy afectado por huecos provocados por las madrigueras construidas por los conejos en su entorno, según se recoge en el mapa, mientras que el foco 5 consiste en unos acúmulos relativamente superficiales y dispersos acotados en la isla interior entre sembrados. Está formado mayoritariamente por cascotes y, en menor proporción, por lodo.
Los focos 6, 7 y 8 consisten en acúmulos relativamente superficiales y dispersos, esencialmente compuestos de lodo y pequeños cascotes. Hay un noveno foco no referenciado, entre los oficiales.
Los focos ‘no oficiales’
Hasta aquí los focos considerados ‘oficiales’ en el informe de EMGRISA. Sin embargo, los vecinos apunta a otros ‘no oficiales’ que pudieron salir desde la propia parcela en la que se ubicaba la antigua fábrica de Ibertubo. De hecho, el mapa refleja que este es el origen del 90% de los residuos de amianto repartidos por las parcelas denunciadas. La procedencia del otro 10% no se ha concretado.
Se habla del llamado Foco NR1 - Zona 9, entre vía Tarpeya y la N-400, además del Foco NR2 - Zona 10, entre las calles Ventalomar y Laguna de Arcas además del llamado punto 5 entre la calle Ventalomar y la fábrica Inbisa Schweppes.
En la terminología utilizada –y que aún está por pulir, reconocen los propios vecinos- se encuentran los distintos núcleos que incluyen varios focos tanto oficiales como no oficiales. En total, en los nueve núcleos detectados la superficie afectada por depósitos ilegales de amianto superaría los 47.500 metros cuadrados.
Los vecinos estudian dar un nuevo paso judicial
El mapa con los focos del amianto será remitido al consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo quien hace unos días recordaba que volverá a reunirse con la plataforma y con la Asociación de Vecinos ‘El Tajo’. Precisamente, la asociación vecinal ha mantenido hoy una primera reunión en Madrid con abogados del Gabinete Jurídico ‘Colectivo Ronda’, con sede en Barcelona, según ha confirmado a eldiarioclm.es, Víctor Villén, responsable del Grupo de Medio Ambiente de la asociación.
Esta asesoría jurídica trabaja desde hace más de tres décadas en la defensa de los derechos de las personas afectadas por la exposición al amianto y denunciando “la falta de medidas efectivas de protección que, muy a menudo, han sufrido los hombres y mujeres que han trabajado en contacto con este peligroso material”, según consta en su web.
El peligro, aseguran, “no se circunscribe en exclusiva a las personas que han desarrollado actividades profesionales que comportan exposición al amianto, sino que también afecta a sus familias (…) e incluso a la gente que ha vivido en un radio de proximidad a las grandes fábricas” como ocurriera en las poblaciones barcelonesas de Cerdanyola o Castelldefels.
Los vecinos de Toledo indagan ahora la vía judicial, a pesar de que l a Consejería de Sanidad ha negado en reiteradas ocasiones que exista un “problema de salud pública”. Un argumento que defienden los vecinos apoyándose en un Oficio remitido por el fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Colmenarejo en mayo de 2016 al entonces viceconsejero de Medio Ambiente, Sergio David González.
“Sabemos que el problema va a surgir en torno al año 2024 o 2025. Queremos adelantarnos porque sabemos que ya existen casos. No nos vale con que el consejero nos diga que es que todavía no tenemos alarma”.