Flashmob de protesta de los trabajadores y trabajadoras de Informática del SESCAM / Fotografía: Bárbara D. Alarcón

Revés judicial para el Gobierno de Castilla-La Mancha en el marco del conflicto con los trabajadores y trabajadoras del Servicio de Informática del Servicio regional de Salud (SESCAM). El Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma ha estimado las medidas cautelares solicitadas por la asociación APRISCAM, que reúne a parte de este personal, y en las que pedía paralizar los procesos selectivos derivados de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2018. Este colectivo lleva ocho meses de movilizaciones contra estas pruebas y contra más de tres décadas de interinidad, bajo el lema #TecladosArriba.En el auto judicial, al que ha tenido acceso elDiarioclm.es, la Sala alega que no pueden celebrarse unas pruebas respecto a las que haya “una probabilidad importante de que puedan ser anuladas en el futuro”, como ocurrió con las oposiciones del SESCAM de 2007.

Añade en sus fundamentos que, en primer lugar, las pruebas se convocaron fuera del plazo que la propia OPE estableció para ello y que además falta la reserva para personas con discapacidad en las oposiciones de Técnico de Gestión y de Técnico Superior.

Pero el dato más importante es que plantea el “problema de la legalidad” del Decreto de 2017 por que se crean en el ámbito del SESCAM las categorías de Técnico Superior y Técnico Especialista de Tecnologías de la Información y se establece el proceso de acceso a las mismas. Argumenta que la cuestión de si por norma reglamentaria pueden crearse categorías estatutarias o es precisa una ley es todavía una “cuestión discutible” que está en proceso judicial sin decisión firme.

“Prudencia”

“Todas estas circunstancias obligan a la prudencia y a no permitir que se desarrolle el proceso selectivo mientras no queden debidamente despejadas”, señala el auto, y concluye que, como señalan desde la asociación que recurrió las pruebas, se trata de una situación que se remonta muy atrás en el tiempo, de modo que un retraso adicional “no parece que pueda ocasionar graves trastornos”.

Desde APRISCAM celebran esta decisión, que ya ha sido recurrida por el Gobierno castellanomanchego. Consideran que las “numerosas irregularidades denunciadas”, fruto de unas decisiones administrativas “alejadas del colectivo afectado y llenas de fallos garrafales”, han hecho tomar en consideración una solicitud de paralización que en pocas ocasiones se produce.

Interinos informáticos del SESCAM protestan en Toledo tras un mes de huelga / Foto: APRISCAM

Tras más de ocho meses de movilizaciones y con años acumulados de “malos tratos laborales hacia este colectivo”, meses en los que a esta asociación “se le ha negado la voz, se le ha aislado a todos los niveles y en los que el SESCAM ha utilizado todas sus armas y maquinaria institucional para aplacar y silenciar las protestas de estos trabajadores”, ahora es la justicia quien actúa y “pone entredicho la gestión que desde Recursos Humanos y la Gerencia del SESCAM se ha llevado a cabo”.

Por ello, reafirma el compromiso de APRISCAM en defender a los profesionales informáticos, “asumiendo sin corresponderle, incluso las funciones sindicales que la mayoría de sindicatos no han ejercido para defender los derechos de estos trabajadores”.

Recuerda así que salvo el sindicato Solidaridad Obrera SESCAM (convocante de las movilizaciones) y el sindicato Usicam (que ha defendido la postura del colectivo en mesas sectoriales) el resto “no han sido capaces ni siquiera de reconocer el abuso de 30 años de interinidades acumuladas”, y no han ofrecido soluciones más allá de los procesos selectivos tradicionales. “La Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público ha abierto una puerta que casi nadie ha querido cruzar”, resaltan.

Así, la asociación pide al SESCAM y al Gobierno regional que “paren la maquinaria” y anulen administrativamente las convocatorias de Tecnologías de la Información del Servicio de Salud correspondientes a la OPE de 2018. Exigen que se incluyan todas las plazas afectadas (casi 200) en el proceso extraordinario que antes del 1 de junio debe publicar de forma obligatoria al amparo de la mencionada Ley, utilizando las disposiciones de esa normativa que permiten aplicar un concurso de méritos a todas estas plazas.