José Luis Martínez Guijarro, vicepresidente de Castilla-la Mancha / Foto: Esteban González (JCCM)
El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha vuelto a defender hoy la postura de la región al rechazar los nuevos criterios en el reparto del fondo de 16.000 millones de euros destinado a las comunidades autónomas para paliar el impacto de la crisis sanitaria.
Ya lo había hecho el pasado domingo, expresando el malestar de la región tras la conferencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez con las comunidades autónomas.
La región sigue sin conformarse con el reparto de este fondo que, en un primer momento, se estimó que rondaría los 600 millones de euros destinados a Castilla-La Mancha y que ahora, en el tramo correspondiente a la Sanidad se limitaría a 400 millones, según las fuentes del Gobierno regional consultadas.
Martínez Guijarro ha reclamado “coherencia” al Gobierno de España en la misma medida que el Ejecutivo de Sánchez se la está pidiendo a la Unión Europea. “Lo justo es que actúe de la misma manera en la que lo hace con la Unión Europea. El presidente de España ha sido valiente en la defensa de los intereses de nuestro país cuando ha pedido solidaridad con los países más afectados. Internamente ese criterio hay que seguir ejerciéndolo”.
Tras dar las “gracias” por la creación de estas ayudas sin retorno que se aprueban “por primera vez en la historia”, ha reiterado que el reparto “no nos parece justo” porque “no es una cuestión de población, desde el punto de vista sanitario, sino de afectación por la crisis sanitaria”. Y es que, ha explicado, “hay comunidades autónomas que pueden tener mucha población, pero el nivel de afectación ha sido menor”.
El rifirrafe con la vicepresidenta de la FEMP, la socialista Milagros Tolón
El vicepresidente regional también ha respondido hoy desde Cuenca a la vicepresidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Milagros Tolón, que ayer dijo que los ayuntamientos están “cansados, muy cansados del victimismo y la polémica permanente de las comunidades autónomas y el Estado" y exigía “más recursos” para los 8.131 ayuntamientos del país.
Una crítica directa de la alcaldesa de Toledo, socialista y ‘sanchista’ declarada, a las quejas de varias comunidades autónomas, entre ellas Castilla-La Mancha que dirige Emiliano García-Page
“La alcaldesa de Toledo lo llama victimismo. Yo lo llamo, en dos meses, 402 millones de euros que hemos gastado en Sanidad” y son, ha dicho, “402 millones de euros por encima del presupuesto ordinario de Castilla-La Mancha”, ha dicho Martínez Guijarro.
“Yo a eso lo llamo capacidad de respuesta ante la crisis sanitaria. No hemos puesto ningún límite al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha” y con esa cantidad, insistía, “hemos gastado en esta crisis, en dos meses, lo que el Ayuntamiento de Toledo tiene para cuatro años”.
En este sentido, abundaba el vicepresidente, “creemos que plantearle al Gobierno de España que la distribución de esos 16.000 millones de euros se haga atendiendo a la crisis que hemos sufrido cada una de las comunidades autónomas no es victimismo. Eso es defender los intereses de nuestra comunidad autónoma”. Es algo, decía Martínez Guijarro, “que siempre hemos hecho y que seguimos haciendo, sea quien sea el inquilino de Moncloa”.
El número dos de García-Page en el Ejecutivo castellanomanchego ha asegurado que el esfuerzo presupuestario “ha sido ingente y lo tendremos que seguir haciendo para mantener los servicios públicos y los planes de infraestructuras”.
También ha querido aclarar su disposición a “seguir colaborando con los ayuntamientos. Por supuesto” y en este punto ha recordado la petición del Gobierno de Castilla-La Mancha al Ejecutivo de Pedro Sánchez para que “levante la imposición que tienen las corporaciones locales para ejecutar su superávit o remanentes de Tesorería, porque no tiene sentido que haya diputaciones en la región con más de 100 millones en el banco que empiezan a pagar por tener ahí el dinero, mientras tenemos que hacer esfuerzos para reactivar la economía”.
Guijarro sostiene que “todo el mundo sabe en esta región que el Gobierno es un aliado de los ayuntamientos. Vamos a defender los intereses de la comunidad autónoma. Si alguien lo quiere interpretar como victimismo, es su problema”.
