El yacimiento arqueológico de Ciudad de Vascos verá renovado su centro de interpretación con la subvención de 100.000 euros que aportará la Diputación de Toledo en virtud del convenio que firmará en los próximos días con el Ayuntamiento de Navalmoralejo.
Así lo ha adelantado este viernes a preguntas de los medios el presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez, que ha explicado que con este convenio se pondrá "en orden, en marcha y abierto al público" el centro de interpretación de Ciudad de Vascos, dotándolo de modernidad y nuevas tecnologías.
Preguntado por el barco que adquirió el anterior Gobierno del PP en la Diputación para Ciudad de Vascos, Gituiérrez ha señalado que a partir de enero volverá a salir un nuevo procedimiento de subasta, por lo que ha confiando que esta vez sea "la definitiva".
Finalmente, ha indicado que el yacimiento está abierto "normalmente y recibiendo visitas". "Funciona con normalidad, lo que no funciona es la chapuza que hizo el anterior gobierno en los alrededores", ha lamentado.
Vía verde de la Jara
De otro lado, preguntado por la vía verde de la Jara, ha indicado que la Diputación está dispuesta a hacerse con su gestión pero solo si está en condiciones de ser recepcionada.
"Si necesita unas mejoras, háganse esas mejoras y nosotros asumiremos la gestión a futuro porque creemos que tiene potencial y que puede ser motor de dinamización turística en la comarca", ha dicho, para agregar que haciendo caso a los informes técnicos de la Diputación no se puede recepcionar una infraestructura "que no está en condiciones de ser recepcionada".
Finalmente, sobre los problemas de okupación en La Sagra toledana, el presidente de la Diputación ha hecho un llamamiento a las entidades financieras para que denuncien porque son las propietarias de las viviendas, apelando a su colaboración.
También ha pedido al Congreso de los Diputados que "sea valiente" y apruebe el proyecto de ley nacido en las Cortes regionales contra la okupación porque "acabaría con el problema" al endurecer las penas y legitimar a los ayuntamientos y comunidades de propietarios a denunciar en el caso de que los bancos no lo hagan.
