Blanca Fernández / JCCM

Castilla-La Mancha es una de las comunidades autónomas que se ha desmarcado de establecer el pasaporte COVID como obligatorio para hostelería, comercios o eventos. La incidencia acumulada de contagios también ha subido en esta comunidad pero su crecimiento no llega a la mitad de la media nacional y la presión hospitalaria es muy baja, por lo que el Gobierno regional no quiere adoptar esta medida. Existen además problemas técnicos en su uso a nivel nacional que han provocado su rechazo en esta comunidad autónoma. De esta cuestión, de la situación actual de la pandemia y de la recuperación económica y social hablamos con la portavoz del Ejecutivo autonómico, Blanca Fernández.

La incidencia ha vuelto a subir en la región y asistimos de nuevo a un panorama variado de medidas y restricciones en todo el país. ¿En Castila-La Mancha siguen descartándonse nuevas restricciones de cara a la Navidad?

Sí, si evoluciona la pandemia como hasta ahora. Siempre nos hemos basado en datos empíricos y no nos tiembla el pulso cuando hay que tomar decisiones, lo hemos demostrado. Pero tal y como evoluciona la pandemia, con la incidencia que tenemos y sobre todo viendo la evolución hospitalaria, que es donde debemos fijar el foco, honestamente pensamos que no hay necesidad de anticipar nuevas medidas restrictivas. Presumimos que el escenario de Navidad será bastante mejor que el de hace un año. Lo que debemos hacer es llamar a la responsabilidad con uno mismo, a la salud propia y la de la familia. Hay muy poca ocupación hospitalaria pero con un alto porcentaje de personas sin vacunar entre las personas hospitalizadas. Espero que sirva para que las personas que no se han vacunado, por miedo o por cualquier otra cuestión, se den cuenta de que la única solución es la vacuna.

¿Han pasado entonces a ser más importantes los datos de presión hospitalaria que la propia incidencia y el aumento de contagios?

Estamos en un momento distinto de la pandemia, aunque no la hemos superado, sigue con nosotros. Es posible que la COVID sea en el futuro similar a la gripe, en el sentido de que no conseguiremos erradicala del todo, al menos a medio plazo, y eso significa que ahora hay que prestar mucha atención a la evolución de la enfermedad y no tanto al contagio del virus. Son elementos relacionados pero no son lo mismo, porque pueden no desarrollarse síntomas o desarrollarse muy levemente. Por tanto, en ello los ingresos hospitalarios son el índice más claro para ver la evolución. Y los datos nos dicen que la vacunación en este momento es el camino que debemos continuar y mantener, y que impulsaremos nuevamente cuando empecemos a vacunar a los niños y niñas.

Teniendo en cuenta que el Tribunal Supremo ha avalado el pasaporte COVID, ¿a qué dato tendría que llegar Castilla-La Mancha para que su exigencia fuera una medida factible en la región?

En realidad el pasaporte COVID está diseñado tecnológicamente solo para que lo puedan leer los dispositivos en puertos y aeropuertos. Hay muy buena voluntad por parte de las administraciones cuando hablan de pasaporte en la hostelería, pero es verdad que no hay lectores de pasaporte. Por eso Castilla-La Mancha no lo ha reivindicado. Realmente un pasaporte COVID que técnicamente no se puede leer, ¿de qué sirve? Sirve de bien poco, más como elemento disuasorio. Siempre hemos defendido que esta decisión tiene que ser de ámbito nacional y que técnicamente esté preparado para poder leerse de manera sencilla. Un código QR que pueda ser leído y comprobado y que no se pueda falsificar. Eso sería una medida eficaz. En este momento eso no se puede garantizar. Si llega el momento en que sea necesario, debe ser el Ministerio de Sanidad el que, en colaboracion con las comunidades autónomas, ponga en marcha un sistema eficaz en ese sentido.

Pero Castilla-La Mancha sí que fue una de las autonomías pioneras en poner en marcha una APP para controlar los contagios en el ocio nocturno.

Sí, pero no era un pasaporte COVID tal y como está configurado en este momento. Era un código QR específico, con una plataforma específica desarrollada en la región que se podía poner en marcha, y de hecho, sería un sistema así el que habría que ejecutar, ahora que estamos en otro momento, con un altísimo porcentaje de la población vacunada. Además, hay otro elemento añadido que veremos y es que si se pierde inmunidad a lo largo del paso del tiempo y aún no sabemos si nos tendremos que vacunar todos los años, habrá que ver en ese pasaporte si hay que hacerlo todos los años. Hay muchas variables abiertas para que sea un instrumento verdaderamente eficaz, al que no nos negamos, pero sí que creemos que ahora mismo está puesto encima de la mesa como un elemento de buena voluntad pero que puede ser poco eficaz. Y eso puede generar frustración y convertirse en una media más testimonial que otra cosa.

Blanca Fernández / JCCM

El presidente, Emiliano García-Page, ha mencionado el estudio de un calendario de vacunación anual a partir de marzo. ¿Cómo sería y qué criterios seguiría?

Lo tiene que establecer el Minsiterio bajo el criterio científico y una vez evaluada como va la situación tras una tercera dosis. Estos son elementos que todavía están abiertos y tiene que ser la ciencia quien le dé respuesta. Lo que sí ha demostrado el sistema público de salud de Castilla-La Mancha y de toda España es que está preparado para un sistema de vacunación masiva aunque fuera necesario repetirlo todos los años. Ese es el mensaje principal de tranquilidad que hay que lanzar a toda la ciudadanía.

Para ello sería necesario, si se planteara así, un esfuerzo de compra de vacunas pero también de contratación de personal. El SESCAM ha afirmado que "se trabaja" en la renovación de 4.600 personas. ¿Eso es que se van a renovar seguro?

Se van a renovar y hay que ir viendo en qué áreas y en qué especialidades, desde profesionales de la medicina hasta celadores. Hay que ir midiéndolo porque las decisiones que se tomen deben ser las adecuadas para que el sistema funcione bien.

Castilla-La Mancha fue de las regiones más castigadas por la pandemia, sobre todo en la primera ola y por la gran cantidad de residencias de mayores. Ahí se pusieron de manifiesto otras deficiencias del modelo residencial. Se hicieron inspecciones, se aprobó un nuevo protocolo y luego llegó la vacunación. ¿En qué considera la Junta que ha cambiado este modelo debido a la pandemia?

Con carácter general, ya está claro que las instalaciones tienen que tener una serie de itinerarios y espacios al aire libre que son imprescindibles ya. Esto, que antes era recomendable, ahora está demostrado que espacios que sí podían servir para atender a personas mayores como el Hospitalito del Rey, hoy no sirven porque no reunirían las condiciones. En eso nos ha cambiado la pandemia. Nadie podía prever que esto pasara, pero una vez que pasa, había que tomar decisiones.

¿Entonces esos protocolos e inspecciones siguen vigentes?

Hay que tener en cuenta que los centros socio-sanitarios es donde más estrictos hemos sido durante todo el tiempo, no sin presiones y sin críticas de familiares que entendemos: empatizamos con quienes tienen a familiares en un centro y no pueden verlos, y con el impacto en salud emocional de las personas mayores. Pero en una situación excepcional había que decidir por el mal menor y hemos decidido preservar su salud y su vida. Los protocolos se han ido modulando conforme a la evaluación de la pandemia y también ha habido propuestas que han sido tumbadas por el Tribunal Superior de Justicia para no obligar a la vacunación. Afortunadamente, el personal de los centros socio-sanitarios está altísimamente vacunado porque es un personal responsable. En realidad, que el 90% de la gente en toda España se haya vacunado habla muy bien de nuestra sociedad.

Blanca Fernández / JCCM

En una legislatura marcada por la pandemia, ¿en qué medida se ha recuperado o se está recuperando Castilla-La Mancha de las consecuencias económicas? ¿Ha podido retomar planes anteriores? ¿Estamos en una nueva fase? 

Que estamos en una nueva fase es indudable. En una nueva fase de crecimiento, no sin restos y problemas que lo son para todo el mundo, como ahora sucede con el coste de las materias primas o de combustibles. Es un problema planetario, pero son retos que tenemos enfrente. Ahora bien, estamos en un contexto absolutamente diferente de crecimiento, de generación de empleo, de recurgimiento de empresas, de apertura de nuevas y también tenemos claro que afrontar esta crisis se tiene que hacer con recetas muy diferentes a cómo se afrontó la crisis de 2008, que dejó mucha gente en la cuneta por las políticas de recortes. Tiene que venir un escenario todavía mejor, estamos todavía recuperándonos. Hay informes como el de BBVA que nos dicen que Castilla-La Mancha será una de las seis comunidades autónomas que antes recuperará la situación pre-COVID, lo que es un horizonte esperanzador para 2022.

Desde la Junta se repite mucho que Castilla-La Mancha es la autonomía que más gasto ha dedicado a combatir la pandemia, pero sigue sin garantizarse ese fondo COVID que pidió García-Page de cara al nuevo modelo de financiación autonómica. ¿Cómo afrontar entonces ese gasto y ese reto?

Vamos a hacer todo lo posible por que el Gobierno de España se haga cargo de lo que es una evidencia, que es que seguimos teniendo una pandemia a la que seguir haciendo frente y que el sistema público de salud lo gestionan las comunidades autónomas. Si en Castilla-La Mancha estamos hablando de consolidar miles de plazas para darle estabilidad a un personal que ha sido imprescindible en esta lucha y lo va a seguir siendo, es evidente que el Gobierno de España tiene que atender esa reivindicación, porque es la verdad. Dicho esto, ponemos en valor el esfuerzo del Gobierno de España, que puso encima de la mesa 16.000 millones de euros para que las autonomías pudiéramos hacer frente a la pandemia, con bastante desagradecimiento por parte de algunas regiones. Igual que desde Castilla-La Mancha decimos cosas incómodas de oír para el Gobierno, creo que somos creíbles cuando decimos que somos agradecidos. Pero ese esfuerzo hay que seguir haciéndolo en 2022.

Al margen del dinero, otra consecuencia de la pandemia ha sido la social. Aunque los datos han mejorado, la pobreza severa sigue siendo preocupante y se ha anunciado una II Estrategia contra la Pobreza y la Exclusión Social. ¿Cuál será la principal novedad?

Primero, hay que tener en cuenta que el Gobierno de España tuvo que adoptar una medida como es el IMV (Ingreso Mínimo Vital), que estaba en el programa electoral pero que tuvo que hacerlo de manera premeditada por la situación de extrema necesidad de muchas familias. Se tomó la mejor decisión, pero al hacerlo tan rápido ha provocado que haya retrasos en el ingreso y que haya desconexión entre la función de los servicios sociales y quien otorga esas ayudas, que es la Seguridad Social. Esto hay que mejorarlo. El sistema de atención primaria de servicios sociales debe tener la información constante de ese ingreso. Con la segunda estrategia, el Gobierno regional quiere encajar las piezas del puzle. Habrá personas que no entren en un plan de empleo, que no tengan acceso al IMV, que pasen de nuestro sistema al IMV. Hay que ver qué gente se queda sin atender y cómo la atendemos. Ese es el análisis que hay que hacer y hacia ello se dirige la estrategia. Y para ello hace falta presupuesto público pero también mucha coordinación.