La primera legislatura de Emiliano García-Page como presidente ha llegado a su fin y en el camino han quedado una docena de proyectos de ley pendientes de su aprobación y en diferentes fases de tramitación. Estaba previsto que muchos de ellos salieran adelante en el presente ciclo, pero finalmente su situación queda a la espera de los resultados electorales del 26 de mayo, unos comicios que a su vez se producirán en un escenario inédito tras las generales del 28 de abril y que también podrían condicionar el escenario de pactos. Por el momento, atrás queda el Gobierno de coalición castellano-manchego entre PSOE y Podemos y el compendio de normativas que ahora repasamos.
Cuando Emiliano García-Page pronunció su discurso de investidura en julio de 2015, en España los desahucios estaban a la orden del día. Su anuncio de una “ley social de vivienda” que luego desgranaría en posteriores intervenciones se materializó en uno de los anteproyectos de ley más complejos de la presente legislatura: una nueva normativa castellano-manchega que tras recibir decenas de alegaciones, no ha llegado a recibir luz verde del Consejo de Gobierno ni, por lo tanto, iniciar su tramitación parlamentaria. Y es que el periplo de este anteproyecto también ha estado condicionado por el contexto estatal: el Gobierno de Pedro Sánchez anunció a su vez una nueva ley estatal básica de vivienda, que obligaría a armonizar el texto autonómico.
El proyecto de Ley de de Vivienda de Castilla-La Mancha ha contado desde sus inicios con el respaldo de Podemos, socio de Gobierno. Uno de sus bloques más novedosos, como ha ido desgranando eldiarioclm.es, es el que regula el rescate habitacional y busca combatir los desahucios: la Administración autonómica podrá multar por infracción grave a los bancos que, entre otras cosas, no ofrezcan alquileres sociales antes desahuciar. Estas multas podrán ser por importes que van de los 3.000 a los 30.000 euros, aunque puede haber mayores sanciones en función del beneficio obtenido por la infracción.
Las dos leyes de Podemos
Con un sentido enteramente social, quedan también condicionadas por las elecciones las dos leyes que Podemos ha impulsado dentro del Gobierno y que formaban parte de sus condiciones para entrar en el Ejecutivo socialista: la de Garantía de Ingresos (que regula la ‘renta garantizada’ castellano-manchega y la de Participación Ciudadana. En este caso, ambas han recibido el visto bueno del órgano ejecutivo pero no han llegado a tramitarse en las Cortes regionales. En el caso de la normativa de renta mínima, la situación estuvo a punto de quebrar el acuerdo de ambos partidos, al “paralizarse” su remisión al Parlamentodebido, según el Gobierno, a la situación interna en la formación morada. Al final, la cuestión no fue a más, el pacto se mantuvo pero la ley no se ha aprobado.
Muy relevantes son también los tres proyectos de ley de carácter medioambiental que quedan pendientes. El de Economía Circular ha sido uno de los más resaltados en las intervenciones públicas del Gobierno y también ha obtenido la luz verde del Consejo, con el objetivo de convertirse en la primera norma con rango de ley que promueve este sector en España. Pero ahora resta su trámite parlamentario que en principio contaba con el respaldo suficiente para salir adelante.
Con esta ley se busca transformar en circulares los procesos lineales de desecho y residuos, bajo las premisas de reutilización, recogida y reciclado. Su mayor novedad es la futura implantación de un sistema de fianzas para aquellas empresas que gestionen residuos peligrosos, para poder hacer frente a los gastos ante posibles vertidos; así como un tributo por el cual se gravarán los residuos industriales peligrosos y no peligrosos, y los de construcción y demolición de vertederos. En ambos casos, la recaudación se destinará al cien por cien al fomento de la economía circular.
También ha buscado ponerse a la vanguardia del país el anteproyecto de Ley de Protección y Bienestar de los Animales de Castilla-La Mancha, elaborado para poder actualizar la ley vigente, que data de 1990. Ha sido uno de los grandes objetivos de la legislatura ahora finalizada, y en este caso, ni siquiera ha llegado al Consejo de Gobierno. Su redacción ha sido complicada y el principal bloqueo se ha debido a que se ‘suavizó’ la inicial prohibición del tiro al pichón, lo que ha provocado el rechazo de los colectivos ecologistas. Pero en la norma, que se intentó sacar adelante también en 2011, se incluyen ahora otras novedades importantes: las multas por matar y maltratar animales se multiplican por diez, se regula la venta y la cría dando prioridad a la adopción, se prohíbe el sacrificio en protectoras y las mutilaciones, y se establece que las mascotas no se puedan ser objeto de embargo.
Queda también pendiente el proyecto de Ley de Evaluación Ambiental, un complejo texto cuyo objetivo es amoldar la normativa castellano-manchega a la estatal. Aunque ya remitido al Parlamento regional, tampoco ha llegado a tramitarse. Entre las cuestiones más importantes se encuentra el hecho de que se elimine la obligación de evaluación ambiental para pequeños proyectos de inversión. Busca con ello la incidencia en pequeñas explotaciones y en iniciativas de autoconsumo, a las que se quiere quitar carga administrativa.
Volviendo al terreno social, el proyecto de Ley del Tercer Sector, otro de carácter pionero, forma parte también de las tareas pendientes de la legislatura. El Ejecutivo regional ha estado cerca de tres años preparando una normativa que regule un “concierto social”, es decir, reconocer a las entidades sin ánimo de lucro como colaboradoras de la Administración autonómica, promover su participación y dotarlas de mayor seguridad jurídica. En este caso, la norma ya pasó por el trámite de información pública. Es prioridad para el próximo ciclo, según ha afirmado reiteradamente el Gobierno de Emiliano García-Page.
Mujeres rurales, tiempos de espera y ciencia
De carácter muy transversal es, por su parte, el proyecto de Ley del Estatuto de las Mujeres Rurales que busca darles visibilidad en el medio rural y acabar con la doble discriminación que viven frente a las que habitan en las ciudades. En esta norma se recogen también que aquellas empresas particulares y cooperativas que tengan en marcha un plan de igualdad, o en las que más del 50% de los miembros de los consejos de dirección o los consejos rectores sean mujeres, tendrán prioridad en las ayudas. Además, se pretende priorizar a todas las mujeres que viven en el medio rural en todas las líneas de ayudas públicas que tengan que ver con la agricultura, la ganadería, la industria agroalimentaria o el desarrollo rural.
En el terreno sanitario, mientras que los tiempos de espera en urgencias hospitalarias han terminado regulándose mediante decreto, en el caso de la atención especializada, el Gobierno regional ha decidido darles cuerpo de ley. El anteproyecto no solo establece estos tiempos máximos de espera sino también la creación de un registro de pacientes en lista de espera y reconocer su derecho y el de las familiares a recibir una compensación económica por los gastos de desplazamiento, manutención y alojamiento generados.
Finalmente, entre los últimos proyectos legislativos a los que la Junta ha dado el visto bueno pero que no han llegado a tramitarse, se encuentra el de fomento y coordinación del sistema de investigación, desarrollo e innovación, denominada ‘Ley de Ciencia’. Comenzó a tramitarte en octubre de 2017 y abarca numerosas áreas de Gobierno. Ese es el motivo que ha esgrimido el Gobierno regional para su largo proceso de elaboración. De este texto destaca la creación de la Agencia de Investigación, Desarrollo e Innovación de Castilla-La Mancha (AIDICM), que coordinará las acciones vinculadas a la I+D+i y con la función de crear sinergias y optimizar los recursos de investigación.
Palacio de Fuensalida, sede del Gobierno de Castilla-La Mancha JCCM
Finalmente, a este compendio normativo se suman otras leyes ya redactadas como la de Patrimonio de la Junta de Comunidades, que no ha pasado tampoco por el Consejo de Gobierno. Por otra parte, la excepción la marcó la frustrada Ley de Mecenazgo en el ámbito cultural, que se devolvió al Gobierno por el voto en contra de Podemos, pero que, según anunció posteriormente, tiene intención de retomar.
Hay otras leyes anunciadas por el presidente de Castilla-La Mancha pero que todavía no se han articulado en un texto. Es el ejemplo de una futura normativa para el impulso del sector industrial, otra para la infancia y la familia, y una tercera para la participación juvenil. En este último caso, es el marco que la Junta ha querido buscar para volver a poner en marcha el Consejo regional de la Juventud, que por el momento, también queda aplazado.
A ellas se une por último una normativa sobre la que se realizó consulta previa hace un año y medio: la del Ciclo Integral del Agua en la comunidad autónoma, que cambiaría la ley vigente desde 2002. En su informe inicial se establecía la posibilidad de que fuera necesario un informe “preceptivo” de Castilla-La Mancha antes de aprobar derivaciones de agua desde el trasvase Tajo-Segura. Por el momento, nada más ha vuelto a hacerse público sobre esta cuestión.
