Es la declaración actual de intenciones del Gobierno de Castilla-La Mancha tras décadas de debate en torno al agua y a los continuos trasvases del Tajo al Segura. El borrador de posición en defensa del agua en esta comunidad autónoma busca convertirse en un pacto regional de consenso con el que presentarse ante el Ejecutivo regional. Sin embargo, tras el cambio de Ejecutivo en La Moncloa, ya se han aprobado otras dos nuevas derivaciones de agua desde la cabecera del Tajo hacia Levante, sin que hasta el momento haya habido cambios significativos en la política hídrica del Gobierno central en cuanto a la transferencia de agua entre cuencas.

El documento castellano-manchego se encuentra actualmente abierto a aportaciones, con fecha límite del 15 de septiembre, y el objetivo es remitirlo al Ministerio para la Transición Ecológica cuando esté finalizado. Por ahora han mostrado su apoyo la Federación de Municipios y Provincias, Ecologistas en Acción y la Asociación de Municipios Ribereños del trasvase Tajo-Segura, entre otros. Todavía no ha mostrado su adhesión el PP, mientras que es previsible el apoyo de Podemos, que forma parte del Gobierno de Emiliano García-Page.

Bajo el paraguas del cumplimiento de la Directiva Marco del Agua (DMA), la norma europea a la que apelan todas las asociaciones y colectivos que denuncian los trasvases y el estado del río Tajo, en el documento se recuerda que en Castilla-La Mancha se encuentran las cabeceras de cuatro de los ríos más importantes -además del Tajo, el Guadiana, el Júcar y el Segura-, pero ninguna de ellas tiene la superficie total dentro del territorio, lo que implica un “escenario muy complejo” sobre la planificación, gestión y manejo de los recursos hídricos que afectan a la población castellano-manchega.

Como bien público, y recurso natural “escaso e irremplazable”, denuncia los procesos de planificación hidrológico más recientes, por orientarse a consolidar las demandas de otros territorios en detrimento de los castellano-manchegos, que ven “pasar” el agua sin poderla usar y sin garantías para el medio ambiente”. Entre estas medidas, destaca el trasvase Tajo-Segura, los trasvases internos del Júcar, los problemas socio-ambientales del Alto Guadiana, la falta de asignación de agua para la cuenca del Segura y todos los planes hidrológicos que “han negado el acceso al agua que Castilla-La Mancha necesita”.

El "olvido y negación" de las necesidades de Castilla-La Mancha

En general, habla del “proceso de olvido y negación” de las necesidades de esta comunidad autónoma, destacando también la falta de bombeos en La Mancha Oriental o las obras de infraestructuras para abastecimiento humano necesarias en los pueblos ribereños de Entrepeñas y Buendía.

Por todo ello, enfatiza que la sociedad castellano-manchega considera que es hora de alcanzar acuerdos, “basados en la responsabilidad, la cooperación igualitaria de todos los territorios de España y la solidaridad” para la búsqueda del equilibrio territorial en el desarrollo de un modelo de desarrollo responsable. En ese objetivo enumera una serie de retos y principios, encabezados por la petición de un nuevo modelo de gobernanza del agua con participación de los territorios.

Asimismo, pide que esta participación esté “garantizada” y se articule de forma comprensible, destacando los efectos sobre los ciudadanos. De hecho, seguidamente incorpora la necesidad de mejorar el conocimiento y la garantía de acceso a la información en la planificación hidrológica. En una región como Castilla-La Mancha,  donde el  80% de los aprovechamientos de aguas para riego proceden de aguas subterráneas, es fundamental el “conocimiento tanto de la cantidad como de las características y comportamiento de las masas de agua”. Y como parte de la mejora, también se demanda una auditoría hídrica y de infraestructuras de todas las demarcaciones  hidrográficas, analizando los consumos reales, los derechos y el estado ecológico de las masas de agua.

Dentro de los modelos de planificación, en el borrador se establece la prioridad de la cuenca hidrográfica como unidad de balance hidrológico. “Cualquier uso propio debe tener total prioridad sobre otros usos fuera de la misma y no podrá estar sujeto a compensaciones económicas de ningún tipo ni bajo ningún concepto, incluidas actuaciones en condiciones de sequía”.

Otro aspecto muy relevante del texto es la inclusión de que en los balances hidrológicos de cada cuenca se deben incluir los recursos procedentes de desalación en su totalidad, con las desaladoras “a plena capacidad  de  producción” y completando las infraestructuras pendientes. En cuanto a las transferencias entre cuencas, destaca como “imprescindible” que se consideren “como un recurso extraordinario que esté destinado, exclusivamente, a  momentos de necesidad real  para garantizar el abastecimiento humano”.

En zonas con dificultades socio-económicas y naturales, reclama asimismo la promoción de regadíos sociales como “elementos vertebradores del territorio” y con prioridad en el uso del agua, fijados en planes hidrológicos de cuenca. En esta misma línea, proclama la necesidad de un Programa Regional de Abastecimiento que progresivamente ponga a disposición de los ayuntamientos que lo requieran sistemas de abastecimiento sólidos, eficientes y con una gestión optimizada; así como otro programa de reutilización del agua residual depurada como una acción clave en el marco de la gestión integrada y en la protección del medio ambiente.

Cesiones de derechos y cultura responsable

Por otra parte, se abordan las cesiones de derechos, una de las cuestiones que más conflictos ha generado en esta comunidad autónoma. En este caso, el pacto incluye la articulación de los mecanismos necesarios para que, en el caso de solicitarse autorizaciones de cesión entre usuarios, sean preceptivos y vinculantes los informes de las administraciones implicadas de cada territorio. Así, por ejemplo, las cesiones de derechos que afecten a regantes de Castilla-La Mancha deberán contar, previamente a su autorización, con el informe razonado de la Consejería que  ostente las competencias en materia de agua y medio ambiente.

En este sentido, se demanda el desarrollo de medidas normativas que permitan generar una bolsa pública de derechos de agua, gestionada de acuerdo con lo que establezca la legislación. Estas bolsas se podrían generar para cada cuenca hidrográfica dentro de las diferentes demarcaciones y tendrían la consideración de reservas dentro del Plan Hidrológico, dando prioridad en su reparto a que los jóvenes agricultores tengan acceso al agua, y teniendo en cuenta a los regadíos sociales y a los agricultores profesionales.

Finalmente, en el borrador del documento se apuesta por el desarrollo de una cultura responsable de ahorro y eficiencia hídrica mediante políticas de  sensibilización activa en las que deben implicarse todos los agentes del sector del agua; y un programa de investigación, desarrollo e innovación. “La gestión sostenible de los recursos hídricos constituye un auténtico reto para los responsables de la política de aguas, que requiere cumplir unos objetivos medioambientales y socioeconómicos, para los que la I+D+i es una herramienta necesaria”, concluye.