Foto: Francisco Martínez Arroyo
La Política Agraria Común (PAC) es siempre compleja de explicar al conjunto de los ciudadanos. Aun siendo la principal política común en la Unión Europea (UE) y la principal fuente de ingresos para España procedente del Presupuesto comunitario, es grande el desconocimiento sobre los aspectos básicos de la misma. Y sobre el detalle, hay que ser experto para desentrañar muchos de sus matices. Estamos en la obligación de hacerla comprensible, entendible y, sobre todo, argumentable. Para los agricultores y ganaderos pero, sobre todo, para la población en general, que es quien la financia y quien tiene que considerarla como propia y sentirse concernida y beneficiada por lo que la misma aporta.
En esta reforma estamos de suerte. La convergencia puede ayudarnos. Por fin ha llegado el momento de igualar los pagos a los agricultores y ganaderos de nuestro país, aplicando el sentido común y tratando por igual, en la medida de lo posible a todos los que se dedican a la agricultura y a la ganadería.
Pero para explicarlo, mejor rebobinemos.
La PAC es ya mayor, tiene unos 60 años y, en este tiempo, ha pasado por diferentes fases. Hace ya casi treinta años, en 1992 y, más tarde en la reforma de la PAC de la Agenda 2000, por no entrar en detalles sobre cuestiones anteriores, se establecieron unos pagos directos, por hectárea o cabeza de ganado, denominados pagos compensatorios para los agricultores y ganaderos que, como su propio nombre indica, compensaron la pérdida de renta que sufrían debido a la eliminación paulatina de los mecanismos de intervención de mercados y de los subsidios a la exportación, entre otras medidas, que mantenían artificialmente altos, respecto a los mercados mundiales, los precios de las materias primas europeas. Los pagos compensatorios estaban vinculados a la producción. Cuanto mayor era ésta, mayores eran los pagos, lo que primaba la actividad más productiva -y por ende, más rentable- y, por lo tanto, la que, en teoría, más compensación necesitaba. Hasta aquí, todo coherente, siempre dentro de los objetivos de aquella PAC, hoy añeja.
Posteriormente, la Comisión Europea, con el acuerdo de los Estados Miembros le dio una nueva vuelta de tuerca a la PAC, instaurando en 2003 el pago único, disociado de la produccion, que se ligó a los llamados ‘derechos históricos’, calculados en función de los rendimientos productivos por hectárea entre 2000 y 2002, primando, el regadío y cultivos muy productivos o rentables, como el algodón o el tabaco, por citar algunos ejemplos.
Posteriormente, en la reforma de la PAC para el periodo 2014-2020, se mantienen las ayudas de la PAC, en forma de derechos. El pago único se transforma en pago básico. Y la Comisión propone una convergencia de las ayudas por hectárea entre agricultores y ganaderos de un mismo Estado Miembro, y también entre Estados Miembros. La mayor parte de los países optan por abandonar la referencia a los derechos históricos, siempre difíciles de justificar, pero más ahora en 2014, con la mayor parte de la superficie con derecho a ayuda que nada tiene que ver con lo producido en el año 2000. Y aplican, de manera decidida, la convergencia y la reducción de las regiones agronómicas o territoriales utilizadas para diferenciar las ayudas y mantenerlas vinculadas a los derechos históricos. Optan, en definitiva, por avanzar en dirección a una tasa plana, la misma ayuda por hectárea para todos los agricultores y ganaderos en todo el país; la convergencia al 100%.
Es el caso de Alemania, que hoy, después la aplicación de una convergencia desde 2015, tiene una tasa plana. Se cobran 173,16 euros por hectárea de pago básico; 84,74 euros por hectárea, de pago verde y un pago redistributivo de 50,82 euros para las primeras 30 hectáreas y 30,49 euros para las siguientes 16 hectáreas, hasta la número 46. En Francia el planteamiento es muy similar, con dos tasas planas, una especial para la isla de Córcega y otra general para el resto del país. Son solo dos ejemplos.
La mayor parte de los Estados Miembros (EEMM), ya en 2015, aplicaron la tasa plana en una única región (es decir, la misma ayuda por hectárea para toda la superficie con derecho ayuda en todo el país) y sólo 6 optaron por varias regiones y ayudas distintas. A día de hoy, solo 5, incluida España, mantienen más de una región para diferenciar las ayudas. España, tiene 50 regiones productivas (con ayudas muy diferentes en cada una de ellas y entre las hectáreas de cada región); los otros 4 EEMM, dos o tres regiones como máximo. Y, cuando en Europa, el valor promedio de los derechos oscila entre 150 y 200 euros por hectárea, aquí se mueve entre 60 y 1.400 euros por hectárea, causando enormes diferencias entre regiones productivas, CCAA y, lo que es más injusto, entre agricultores y ganaderos. Algo falla.
Somos el único Estado Miembro que en la negociación de la PAC para el periodo 2014-2020, desoyó la recomendación de la Comisión de ir a un modelo más justo, aplicando de verdad la convergencia de las ayudas y reduciendo al mínimo las regiones productivas, olvidando la vinculación a los derechos históricos, que dieron lugar al pago único. Todos los otros EEMM, en menor o mayor medida, siguieron las recomendaciones de la Comisión Europea. Desde mi punto de vista, España fue muy poco valiente, llegando incluso a presumir el ministro Cañete, con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, de que el éxito de la aplicación de la PAC en España era que no iba a haber movimiento de ayudas entre CCAA y entre beneficiarios, ¡el más absoluto inmovilismo!, reforzando la figura de los denominados agricultores de sofá y excluyendo del sistema a los pequeños productores.
Ahora ya no hay opción. Toca hacer lo que no hicimos para 2014-2020. La convergencia y la reducción drástica de regiones, a partir de 2023, que es cuando entrará en vigor la nueva PAC, es absolutamente urgente y debe hacerse lo antes posible, para tratar por igual a todos los agricultores y ganaderos de nuestro país. Los diferentes modelos productivos y las tipologías de la agricultura y ganadería en España pueden aconsejar mantener entre 5 y 7 regiones productivas, leñosos de secano, leñosos de regadío, herbáceos de secano, herbáceos de regadío, pastos; y, como maximo, dos geográficas, una para la Cornisa Cantábrica y otra para las Islas Baleares. Pero es difícil justificar más cuando en toda Europa habrá una o, en poquísimos casos, dos por Estado Miembro.
El objetivo, inaplazable, no solo por las recomendaciones de la Comisión Europea, si no, por la necesidad de simplificar la PAC, hacerla más explicable y justa, es que un agricultor o ganadero, esté donde esté su explotación en nuestro país, si se dedica a un modelo productivo determinado (leñosos de secano, o de regadío, herbáceos de secano o de regadío, o pastos), reciba la misma ayuda por hectárea. Es de pura lógica y de justicia que así sea.
La nueva PAC tiene muchos retos, pero este es sin duda crucial para poder legitimar los recursos públicos de una política imprescindible, si hacemos las cosas bien, para nuestra agricultura y para nuestro medio rura
