La tasa de riesgo de pobreza y exclusión social sigue bajando en Castilla-La Mancha, pero lo hace por debajo de la media nacional y sin apenas incidencia en el sector más vulnerable de la población: niñas y niños. Frenar esta situación es uno de los principales objetivos que se ha marcado el Gobierno castellano-manchego, ya que los datos que siguen arrojando tanto la tasa AROPE como la Encuesta de Condiciones de Vida y organizaciones como Unicef y Save The Children, desvelan un escenario todavía muy preocupante para la población infantil. En el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, también la Red Europea EAPN se hace eco de estas cifras insistiendo en la necesidad de combatir lo que se ha venido denominando la “pobreza heredada”, es decir, evitar que haya toda una generación que herede de su familia los problemas derivados de la crisis económica.

Según la Tasa AROPE que se elabora de acuerdo con  la Estrategia Europa 2020, el porcentaje de población castellano-manchega en riesgo de pobreza y exclusión social bajó el año pasado hasta el 33,9%, tras haber alcanzado el 37,9% durante el 2016. Es un descenso similar al que se ha registrado entre la población considerada con carencia material severa, que ahora es del 4,4%, tres puntos menos que en 2016. En cuanto a las personas que viven en hogares con baja intensidad de trabajo, se registran seis puntos menos en 2017, llegando al 12,8%.

Son datos que marcan una buena evolución, pero en todos los casos siguen estando por encima de la media nacional española. Así lo reflejaron también los primeros resultados de la implantación del Plan Garantías Ciudadanas que Podemos gestiona en el Gobierno de Castilla-La Mancha (y que será la futura Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas), así como el diagnóstico socio-demográfico de la población que llevó a cabo la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina. Algunas conclusiones generales de este último informe desvelaron que el hogar mayoritario en Castilla-La Mancha es el de dos miembros seguido por el de tres, y que el 27,6% de los hogares tienen al menos un menor de 18 años. El dato más significativo es que en el 14,7% de los hogares de la región con bajos ingresos viven menores, lo que arroja una cifra de hasta 30.000 hogares. Este último porcentaje es  la “población objetivo” a la que quiere llegar en su totalidad el Plan de Garantías Ciudadanas.

Por otra parte, el estudio de la situación de la infancia de Castilla-La Mancha elaborado por Unicef ha situado a la región como la quinta con mayor tasa riesgo de pobreza o exclusión social, de acuerdo al umbral nacional, entre los niños de 0 a 17 años. En concreto, este estudio desvela que se ha llegado a alcanzar el 42,8%, superando el valor de España que llegaba al 34,4%. En cuanto a la carencia material severa, señala que llegaba al 10,3% de los niños.

Menos equidad educativa, más pobreza

Un escenario similar ha dibujado la organización Save the children. En su documento ‘Iluminando el futuro’ ahonda en las causas de la pobreza infantil, vinculándolas a la equidad educativa y sitúa a Castilla-La Mancha entre las seis comunidades autónomas a la cola de este índice. Así, Ceuta, Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia, Extremadura y Canarias son las seis regiones con mayores tasas de inequidad y de pobreza infantil.

Más de la mitad de las autonomías tienen puntuaciones negativas o muy bajas en la calidad de las infraestructuras de los centros escolares. Tan sólo País Vasco presenta valores muy altos de equidad educativa; Madrid, Cataluña, Navarra y Aragón, presentan valores altos; Baleares, Comunidad Valenciana, Galicia, Castilla y León, Asturias, Cantabria, La Rioja, valores medio bajos; Ceuta, Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura y Murcia, valores bajos; y Canarias y Melilla valores muy bajos.

“Mientras los problemas de pobreza infantil, desigualdad, desempleo juvenil y abandono escolar no se aborden a través de políticas de inversión en infancia que mejoren los sistemas educativos seguirá existiendo la amenaza de que la pobreza educativa termine convirtiéndose en pobreza de por vida”, avisan desde Save The Children. Por eso piden destinar los recursos necesarios para proporcionar a los niños y sus familias un nivel de vida adecuado.; garantizar su acceso a servicios asequibles, inclusivos y de calidad en educación, cuidados en primera infancia, salud, vivienda y cultura; y establecer mecanismos que fomenten la participación de las niñas y niños en la toma de decisiones que afecten a sus vidas.

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Sobre este aspecto quiere profundizar también la futura Ley de Garantías en el bloque referido a medidas complementarias. Es ahí donde se establece que el reconocimiento de la garantía de ingresos incluye el servicio de comedor escolar en menores en 2º de Infantil y Educación Primaria, en aquellos centros que dispongan del servicio; el material curricular en todas las enseñanzas de Educación Primaria y Secundaria; y la exención de las tasas de los estudios de las enseñanzas académicas no universitarias. Asimismo, tendrán derecho a la utilización gratuita de los materiales curriculares correspondientes a los distintos cursos de las enseñanzas obligatorias.

Por otra parte, las personas y hogares con reconocimiento de garantías ciudadanas, tendrán además un acceso priorizado a la matriculación de enseñanzas de régimen especial (artísticas o idiomas); residencia universitaria, manutención y alojamiento; estancia en residencias escolares no universitaria; y escuelas infantiles de titularidad autonómica, en menores a cargo hasta tres años. En estos casos, la plaza tiene que haber sido solicitada previamente y una vez obtenida, serán titulares de exención de tasas y precios públicos.

El pasado mes de enero el Gobierno de Castilla-La Mancha ratificó su adhesión al Pacto por la Infancia bajo el convencimiento de que no es posible la protección adecuada de los niños y niñas sin hacerla extensiva a las familias y a los entornos en los que se desarrollan. Por ese motivo ha puesto en marcha el proceso para la constitución del Consejo Regional de Infancia y Familia, que ha entrado en información pública y que supone “dar un paso más en el derecho a la participación de la infancia en nuestra sociedad”.

Según se establece en el borrador de la Consejería de Bienestar Social, será un órgano colegiado, consultivo y de participación de las distintas entidades y asociaciones representativas en el ámbito de infancia y familia. De hecho, en su seno se constituirá una Mesa de Participación Infantil cuyas funciones y composición se establecerán mediante orden una vez constituido el Consejo, y que "dará voz" a las niñas y niños de la región.

Participación en las políticas públicas

El objetivo principal será promover la comunicación y coordinación entre las distintas administraciones públicas y las entidades de iniciativa social que trabajan para favorecer la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes que residen en Castilla-La Mancha, así como fomentar y articular su participación social en el diseño y desarrollo de las políticas públicas. En este horizonte se ubica también  la futura Ley de Infancia que quiere poner en marcha Emiliano García-Page.

El Gobierno regional también dio luz verde el pasado mes de abril a un proyecto mediante el cual todas las leyes y reglamentos que se tramitan en la comunidad autónoma incluirán en sus correspondientes memorias el impacto sobre la infancia y la adolescencia. También en este caso, la iniciativa procede de la adhesión de Castilla-La Mancha al Pacto por la Infancia impulsado por Unicef.

La lucha contra la pobreza infantil ha llegado también de la mano del nuevo gobierno de Pedro Sánchez. El pasado mes de agosto, el Consejo de Ministros formalizó la distribución resultante de un crédito adicional de 5,2 millones de euros, que duplica los fondos destinados a la partida de 'Protección a la familia y atención a la pobreza infantil. Desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales'. En el caso de Castilla-La Mancha recibirá 298.480 euros, un 5,74% de los fondos.