Quien contamina, paga. Es la máxima que ha llevado al Gobierno de Castilla-La Mancha a entrar a fondo en una de las cuestiones ambientales que más aristas presentan en España: la gestión de residuos y vertederos. Aunque parte de este objetivo ya se encontraba en el programa electoral del PSOE antes de regresar al Ejecutivo regional en 2015, los incendios del vertedero ilegal de neumáticos en Seseña (Toledo) y de una planta de residuos en Chiloeches (Guadalajara) desataron las alarmas. Hace dos años, el Gobierno de Emiliano García-Page aprobó un nuevo Plan Integrado de Gestión de Residuos, que busca ahora su puesta de largo con la nueva Ley de Economía Circular, cuyo borrador será sometido en breve a información pública. Será la primera normativa autonómica de este tipo que se aprueba en España. El plazo es muy apurado, pero posible: el tramo final de la presente legislatura.

Optimizar el valor de productos, materiales y recursos, reduciendo al mínimo la generación de residuos, es el pilar fundamental de lo que conocemos como economía circular. Y su objetivo, ser sostenible, hipocarbónica, eficiente en el uso de los recursos y, a la vez, competitiva. En Castilla-La Mancha la han convertido en uno de sus lemas fundamentales, y de hecho, es la bandera con la que va a patrocinar la  XIV edición del Congreso Nacional de Medio Ambiente CONAMA, que se celebra en Madrid del 26 al 29 de noviembre.

En el borrador del anteproyecto, al que ha tenido acceso eldiarioclm.es, el Ejecutivo regional habla incluso de “un cambio social y de modelo productivo, económico y de consumo”. Al mencionado Plan Integrado de Gestión de Residuos se unió recientemente la  Estrategia sobre Biomasa Forestal de Castilla-La Mancha dentro del Programa de Mitigación y Adaptación frente al Cambio Climático y con el horizonte puesto también en un futuro proyecto de gestión de biorresiduos.

Pero la futura Ley de Economía Circular pretende ir mucho más lejos: el Gobierno quiere que el uso eficiente de los recursos sean los “ejes vertebradores de todas las políticas públicas y de los nuevos sectores económicos” y busca generar condiciones óptimas para fomentar la aparición de nuevos nichos  de  negocio. A nivel ambiental, el impacto fijado quiere traducirse en una reducción del consumo de materias primas y de la generación de residuos, en aras del medio ambiente, el clima, la diversidad biológica y la salud humana.

Más "ciclo de vida" para productos y servicios

Es el motivo por el que el ámbito de aplicación de la nueva norma abarcará todas las  fases del ciclo de vida de un bien, producto o servicio, ya que no solo se refiere a la gestión y reciclaje de residuos, sino que también implica “la gestión racional de todos los recursos que son necesarios para su producción y distribución”. Entre estos destacan los recursos materiales y energéticos, el agua y el uso del suelo, tanto en el ámbito de la producción, distribución y consumo como en la gestión de residuos, en el mercado de materias primas secundarias y, asimismo, en los aspectos de innovación e inversión.

Se trata de un escenario totalmente novedoso. Por eso, para facilitar la transición hacia una economía circular, se incentivará la implantación y la permanencia en territorio castellano-manchego de empresas y actividades cuyo objeto se encuadre en el ámbito de la economía  circular. La Administración regional promoverá los incentivos económicos, bien con fondos propios o cofinanciados europeos, para la reducción del despilfarro alimentario, insumos materiales y energéticos

Por otro lado, se introduce la obligación de establecer un tributo que grave el depósito de residuos en vertedero. Esto derivaría a su vez en la “desincentivación” del uso de vertederos frente a su reciclado. Y además, promulga la “reinversión” de su recaudación en mejorar la gestión de los residuos y en llevar a cabo actuaciones contempladas en el mencionado Plan Integrado de Gestión de Residuos.

En el plazo de un año de la entrada en vigor de esta Ley sedebe haber regulado el  tributo por el que se grave el depósito de residuos en vertedero así como la reinversión de su recaudación en mejorar la gestión de los residuos y en llevar a cabo actuaciones contempladas en la planificación de gestión de residuos de Castilla-La Mancha. En ese mismo plazo se aprobarán  las  correspondientes  normas técnicas para la determinación de las cuantías de las fianzas.

En resumidas cuentas, Castilla-La Mancha quiere converger hacia el “mínimo vertido” y al mismo tiempo minimizar los riesgos para la salud humana y el medio ambiente. En el borrador también se establece el objetivo de favorecer el cálculo de los servicios ecosistémicos que se ven envueltos en cada proceso productivo, evitando  la  degradación; aumentar la durabilidad de los productos (darles una “segunda vida” tras el reciclaje o aprovechando los que no se puedan reciclar); optimizar el modo de organización industrial mediante una gestión eficaz de los stocks; e incentivar el cálculo de la huella de carbono, la huella hídrica y la huella ecológica en las todas las actividades económicas.

¿Cómo regulará el Gobierno castellano-manchega cada una de estas medidas? La Consejería de Medio Ambiente, en el plazo máximo de doce meses desde la entrada en vigor de esta ley, elaborará en coordinación con los departamentos que ostenten competencias de agua, energía, industria, economía, comercio, consumo, educación, suelo y ordenación del territorio, una Estrategia de Economía Circular de Castilla-La Mancha. Esta última deberá ser aprobada por el Consejo de Gobierno mediante decreto, donde se incluirán los mecanismos de aplicación

Es en esta Estrategia donde se contemplarán medidas transversales específicas relacionadas con la administración y el buen gobierno, especialmente con el fomento de la compra pública verde, los recursos naturales (hídricos, suelo y biodiversidad), la investigación, el desarrollo y la innovación y la concienciación, formación y divulgación (educación para la sostenibilidad, consumo responsable y empleo verde) y medidas sectoriales específicas relacionadas con la sostenibilidad local, la gestión de residuos, el sector agroalimentario y silvícola y el energético, industrial y turístico.

En la elaboración de esta futura hoja de ruta se contará obligatoriamente desde el principio con la  participación de la ciudadanía. Además, será objeto de evaluación ambiental e incluirá un informe de la Oficina de Cambio Climático de Castilla-La Mancha. Asimismo, dentro del mes siguiente a la entrada en vigor de la Ley de Economía Circular, se deberá crear una comisión de coordinación y colaboración entre administraciones.