Fotografía de Pablo Tosco
Una de las leyes más importantes de la legislatura de Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha ya está en manos de las Cortes regionales. El Consejo de Gobierno ya dado el visto bueno al proyecto de Ley regional para una Sociedad Libre de Violencia de Género, con la que el Ejecutivo regional actualiza la normativa de 2001 y con la que pretende liderar la lucha contra la violencia machista. Entre sus principales novedades está la implantación en dos años de una asignatura por la igualdad en los centros de enseñanza, tras su fase experimental en medio centenar de institutos. El pilotaje previo ha tenido, según la Junta, una “evaluación muy positiva” por parte de los profesores.
Concretamente, será una materia obligatoria con contenidos relativos a igualdad, educación afectivo-sexual, y prevención de la violencia de género a impartir tanto en Educación Primaria como en Educación Secundaria Obligatoria para transmitir los valores de igualdad, respeto y diversidad. Asimismo se introducirá en los currículos de historia el origen, desarrollo y logros del Movimiento Feminista e historia de las mujeres.
Según ha destacado la directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, Araceli Martínez, con esta nueva norma, el Gobierno regional acompasa su legislación a la ya existente a nivel internacional, ampliando la protección de las víctimas más allá de la relación con la pareja o la expareja: incluye el reconocimiento de violencia machista en la trata de personas, la explotación sexual, el feminicidio o la mutilación genital.
Además, ha querido incidir en que el proyecto de ley pone el foco de una manera especial en la prevención, “implicando a toda la sociedad y sobre todo a los hombres”, con el objetivo de “romper con las formas de masculinidad hegemónica y machista”. Por ello, ha destacado la importancia del papel de la educación, implicando a toda la comunidad escolar y las recomendaciones de Amnistía Internacional y Save The Childeren para implantar en los centros no universitarios la educación afectivo-sexual basada en la igualdad.
La directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, Araceli Martínez / JCCM
En casos recientes como los de ‘la manada’ pero también a la vista de que persisten los asesinatos machistas, ha remarcado que los poderes públicos tienen la obligación de dar “respuestas contundentes” como ha hecho Castilla-La Mancha. Ahora, confía en que las Cortes regionales aprueben la normativa por unanimidad en coherencia con la conseguida en el Consejo regional de las Mujeres, donde hay representantes de todos los grupos políticos.
“Es una ley tremendamente participada por numerosos colectivos y, por responsabilidad y respeto a todas las aportaciones, y por ser un asunto tan grave, requiere la unanimidad de todas las fuerzas políticas, y que todos los grupos actúen con la misma generosidad que se consiguió para aprobar el Pacto Estatal contra la Violencia de Género”, ha subrayado. De hecho, también ha confiado en que con el cambio de Gobierno central, este último pacto tenga “un largo recorrido” y “podamos empezar a implementarlo con el dinero que fue comprometido y que nunca ha llegado a ejecutarse”.
Ayudas a menores huérfanos y futuro observatorio
Araceli Martínez también ha recordado que todas las medidas están aseguradas presupuestariamente, y que ya están ejecutándose hasta el 95% de las mismas. Actualmente, quedan por aprobar, una vez que la ley obtenga su visto bueno definitivo, las ayudas a menores huérfanos por violencia de género, que se desarrollarán mediante decreto, y la creación de un órgano de vigilancia del cumplimiento de la ley. El objetivo de este último será preservar el cumplimiento de la ley evitando que a través de los medios sociales “se perpetúen roles sexistas o imágenes poco relacionadas con la realidad positiva de las mujeres”.
Actualmente el Instituto de la Mujer también está trabajando en la creación de un servicio complementario a los Centros de la Mujer para atender de manera especializada los casos de violencia de sexual, considerada como violencia machista, y que las víctimas puedan acceder igualmente a la red de recursos.
Preguntada por si sería también necesario, para dar mayor fuerza a la norma regional, una modificación del Código Penal, ha argumentado que todas las leyes deben adaptarse a la realidad social. “Nuestra ley no deja de ser una actualización de los hitos legislativos que conseguimos en 2001. Está bien actualizar las normas que vayan acompañando a estas modificaciones. Si se adaptan las dos vías, sería el camino adecuado”.
Finalmente, tras agradecer el “esfuerzo grandísimo” realizado por todos los implicados e implicadas, tanto del Instituto de la Mujer como de los colectivos participantes, ha confiado en que pueda aprobarse antes de que finalice el año.
