Manifestación de reivindicación de la igualdad del colectivo LGTBI en Toledo / Foto:
ESTEBAN GONZÁLEZ (JCCM)
Castilla-La Mancha es una de las pocas comunidades autónomas que aún no dispone de su propia legislación sobre libertad de orientación sexual, afectiva y de identidad de género. Desde hace dos años y con la pandemia de por medio, la Consejería de Igualdad ha trabajado con los colectivos y partidos políticos en el consenso de un texto para el que ya apremiaban desde asociaciones como Amnistía Internacional o las numerosas asociaciones de la propia comunidad LGTBI en la comunidad autónoma.
Ahora llegan los resultados: la Comisión de Igualdad de las Cortes regionales ha aprobado por consenso el dictamen del proyecto de Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI de Castilla-La Mancha tras haber pactado con los grupos parlamentarios del PP y de Ciudadanos la aceptación, modificación o retirada de sus enmiendas. Con ello, la previsión es que la normativa se apruebe por unanimidad de los tres partidos en sesión plenaria.
Todos los grupos parlamentarios han mostrado su satisfacción con los acuerdos alcanzados, fruto de reuniones previas, para el consenso sobre la ley. Las diputadas portavoces de la Comisión de Igualdad se han felicitado entre sí por la “voluntad de acuerdo y consenso” para sacar adelante una normativa “necesaria” que garantice los derechos y libertades del colectivo LGTBI.
Elena Jaime, de Ciudadanos; María Gema Guerrero, del Partido Popular; y María Rosario García Saco, del PSOE, han sido las parlamentarias encargadas de verbalizar el acuerdo alcanzado en base al pacto de enmiendas, que supone modificaciones técnicas, lingüísticas y cambios puntuales en el texto. Entre ellas, que se cambie la denominación de “personas transexuales” por “personas transexuales o trans”. En principio, así se mantendrán hasta su aprobación en el pleno.
El proyecto de Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI en Castilla-La Mancha es una promesa electoral de Emiliano García-Page que ha recibido hasta medio millar de alegaciones, muchas de ellas incorporadas progresivamente al texto tal y como ha ido detallando durante el proceso la consejera de Igualdad y portavoz de la Junta, Blanca Fernández.
Consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández / Fotografía: JCCM
Sus principios rectores van desde la protección de los derechos humanos a la atención de las reivindicaciones históricas del colectivo LGTBI, la garantía de la igualdad real y efectiva y la no discriminación, de manera integral y transversal, en la que prevalece la atención respetuosa a la diversidad en los diferentes niveles del desarrollo, dando visibilidad a las personas que conforman el colectivo y con la prevalencia del interés superior de la infancia.
Integridad personal frente a la violencia y prohibición de terapias de aversión
Recoge derechos como la igualdad y la no discriminación, el libre desarrollo de la personalidad, la integridad personal frente a la violencia, la intimidad personal, familiar y propia imagen, la promoción de salud física, mental, emocional, sexual y reproductiva, así como a los recursos y resarcimientos efectivos y la reparación de derechos violados.
La norma prohíbe taxativamente las terapias y pseudoterapias de aversión, contracondicionamiento y conversión que “no responden a la ciencia sino más bien a la ideología, que han hecho mucho daño y que han provocado muchas situaciones traumáticas a muchas personas”, destacó en su momento la consejera de Igualdad.
Asimismo, la Administración regional se obliga a adaptar la documentación de la Junta de Comunidades en sus distintos niveles administrativos y adecuar esa documentación a la heterogeneidad del hecho familiar y al respeto a la identidad sexual de la persona y a su intimidad. De igual forma, el Gobierno se personará ante los asesinatos por LGTBIfobia que se puedan producir en las mismas condiciones en las que se persona frente a los asesinatos machistas.
En la Ley también se apuesta por la formación y la sensibilización mediante campañas de información y de sensibilización y también contempla una apuesta firme por la formación especializada del personal de la Junta.
Se establecerán mecanismos para la coordinación interna y para la participación externa como son la Comisión de Diversidad, en la que está representado todo el Gobierno regional; el Consejo LGTBI de Castilla-La Mancha, en el que estará representada la sociedad civil; y un Servicio de Atención Integral a las personas LGTBI en el plano jurídico, psicológico e incluso en el ámbito social y laboral que se pondrá en marcha a partir del año próximo.
También se pondrán en marcha herramientas de evaluación y de puesta en marcha si fuera necesario de un sistema de acogimiento temporal para personas LGTBI que se encuentren en situación de vulnerabilidad, hayan podido ser expulsados de su hogar o sufran problemas de rechazo familiar que les provoquen encontrarse sin residencia.
La Ley también recoge el Plan Estratégico de Políticas Públicas LGTBI para la coordinación y atención a la diversidad en toda Castilla-La Mancha; el impulso a una Red de Municipios por la Igualdad y la Diversidad en colaboración con la Federación de Municipios y Provincias; la Unidad de Atención Multidisciplinar a personas transexuales intersexuales de Castilla-La Mancha, que funciona desde hace unos años en el Hospital de Cuenca; y finalmente se introduce el Protocolo que se aplica desde 2017 para adecuar el tratamiento de las personas a su identidad sexual.
