Jornada sobre el POM de Toledo en la sede de Fedeto
El abogado toledano especialista en urbanismo, Joaquín Sánchez-Garrido Juárez ha dicho este lunes que, a día de hoy, el Plan de Ordenación Municipal (POM) de Toledo de 2007 es “válido y eficaz a todos los efectos y su potencial nulidad no va a suponer una devolución masiva de los IBI’s en ningún caso”.
Lo decía minutos antes de participar en una jornada organizada por la Federación Empresarial Toledana (Fedeto) dirigida a empresarios para analizar “los efectos de la posible nulidad del POM” y para dar respuesta a la “controversia” que genera el Plan de Ordenación Municipal de Toledo en el ámbito empresarial.
En opinión del abogado, todos los Impuestos de Bienes Inmuebles (IBI’s) “son liquidaciones tributarias, actos administrativos que si son firmes y consentidos, la nulidad sobrevenida de un planeamiento no les afecta en ningún caso”. Ha respondido así ante la “rumorología” que “es falsa” y que apunta una devolución masiva del IBI de los últimos cuatro años debido al proceso judicial al que sigue sometido el POM de Toledo de 2007 que, en la actualidad, y tras siete sentencias que lo anulan por cuestiones de forma, permanece en el ámbito del Tribunal Supremo, pendiente de resolución definitiva.
“El Ayuntamiento de Toledo actuará conforme le marquen otras administraciones. El IBI depende de una ponencia de valores que redacta la Gerencia del Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda y el Ayuntamiento se limita a recaudar y a aplicar un tipo impositivo sobre valores que le vienen dados”. El abogado cree que la nulidad del plan “no provoca un cataclismo financiero en la administración local en ningún caso”.
En esta cuestión, Manuel Madruga, secretario general de Fedeto, dice “no saber qué va a hacer el Ayuntamiento con los IBI’s y estamos, precisamente, analizando cuál es la situación”. De momento, dice, “hay muchas incertidumbres sobre cualquier aspecto del POM”.
En el POM de Toledo, “nunca cumplir la ley fue tan caro”
En la sesión informativa, a puerta cerrada, se ha abordado la cuestión “completa” en torno al POM toledano porque “ha habido mucha confusión ante tantas sentencias judiciales”, tras diez años de pleitos, señalaba Sánchez-Garrido. Hablaba del “origen” del problema que él sitúa en 1998, cuando se aprueba la Ley del Suelo de Castilla-La Mancha (LOTAU) con la redacción de un “precepto perfectamente legal y constitucional”, un artículo concreto de esta ley, que permitió al Consistorio saltarse un trámite de información pública. Su posterior declaración de “inconstitucional”, en febrero de 2017, por parte del Alto Tribunal en esta materia provocó que dejase de estar en vigor y terminase afectando al plan urbanístico toledano.
“El problema no es del POM, es de la ley” y cree que “nadie podría prever que esto ocurriría”. En su opinión, “nada se hizo mal” en la redacción del plan. “Es como una novela que yo titularía ‘Nunca cumplir la ley fue tan caro’. Y no se trataba de si el POM era más o menos expansionista”.
Desde su punto de vista, “en los procedimientos judiciales se ha hablado de todo menos del POM. Es una excusa y lo que ha estado en cuestión es la propia normativa autonómica y le ha terminado por afectar indirectamente al POM de Toledo”, sostiene el jurista.
También hablaba de la postura adoptada por el Ayuntamiento de Toledo. “Yo hubiera hecho lo que se ha hecho” y dice atisbar “una injusticia” en la que se ha visto involucrada la Administración local. Cree que todos los recursos planteados están “justificados”. Una vez se conozca la decisión del Tribunal Supremo y si se anula definitivamente, “la obligación del Ayuntamiento será tramitar a la mayor brevedad posible modificaciones puntuales del plan del 86 para adaptarlo a la realidad de la ciudad, al menos en lo que tiene que ver con su suelo urbano consolidado”.
Mientras tanto, cree no es “un drama” y que “no se abre un agujero negro” para la ciudad. “No nos quedamos sin normativa” porque la nulidad del plan “no provoca la nulidad de los actos administrativos firmes, para IBI’s o licencias concedidas y no impugnadas. Van a poder seguir desarrollándose” hasta que se incorporen los cambios necesarios para los que alude a un plazo en torno a los seis meses.
Para Fedeto es una “sinrazón jurídica”
Manuel Madruga habla de “mala suerte” y una “sinrazón jurídica” en torno al POM porque “por una cuestión meramente formal se nos ha caído todo”. La tarea de Fedeto, sostiene, “será explicar a las empresas cuál es ahora la situación porque si un POM viene bien para algo es para el desarrollo de la ciudad”. En cualquier caso, ha hecho un llamamiento a la “tranquilidad” porque “desde el punto de vista de ciudad, Toledo tiene un gran futuro, sobre todo en cuanto a creación de empresas”
Madruga ha expresado la disposición de Fedeto a “colaborar” con el Ayuntamiento de Toledo, y “con el resto de instancias que, de alguna manera, quieran contribuir a que se desarrolle un nuevo POM lo antes posible” o bien que se pongan en marcha los “instrumentos parciales necesarios para que la ciudad pueda crecer y sigamos siendo atractivos para la incorporación de empresas o para nuevas inversiones”. En este sentido, “tenemos un POM de 1986 y debemos ser proactivos, trabajar y salvar la situación cuanto antes”.
