La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha abierto este año tres expedientes sancionadores por los vertidos contaminantes de la depuradora de La Puebla de Montalbán al arroyo Cañares, que baja directamente al Tajo. El primero corresponde a una denuncia con fecha  4 de enero de enero, cuya  propuesta de resolución por parte del organismo está fechada el  16 de junio, que le fue comunicada al Consistorio el pasado  22 de junio. La sanción asciende a 51.209 euros, de los que 39.392 euros corresponden a la multa y el resto a la indemnización por daños al Dominio Público Hidráulico.

El segundo de los expedientes corresponde una denuncia con fecha 11 de enero de este año, cuya propuesta de resolución (26.722 euros de sanción con una multa de 20.556 euros)  es del 17 de junio y que ha sido comunicada ya al Consistorio, también el pasado 22 de junio. El tercer expediente, más reciente,  corresponde a una denuncia del 11 de mayo y aún no ha sido resuelto.

En estos casos, todas las multas que se imponen están por debajo de los 50.000 euros por lo que es directamente la CHT la que resuelve y comunica al infractor. No ocurrió lo mismo con el expediente que fue calificado por la Confederación como “falta grave” y que con un importe cercano a los 600.000 euros fue elevado a  la Dirección General del Agua para su resolución. El Ministerio decidió archivarlo, a pesar de que solo en los 32 días analizados la depuradora había vaciado tres millones de litros de aguas residuales contaminadas al río.

El PSOE pide convocar la Comisión de Medio Ambiente

El Grupo Municipal Socialista de La Puebla de Montalbán pedirá en el pleno que se celebra el próximo martes la convocatoria de la Comisión de Medio Ambiente en el seno de la que esperan recibir información y explicaciones por este y otros vertidos tóxicos al río Tajo.

Aseguran haberse enterado a través de la información publicada por eldiario.es y creen que se trata de una “problema muy grave” en el que hace falta “acuerdo” por parte de todas las Administraciones implicadas.  También se muestran “preocupados” no solo por el estado ambiental del río Tajo sino por “los trabajadores de las empresas” que, como la conservera Cidacos, utilizan esta depuradora construida en el año 2000 y que no ha dejado de dar problemas en los últimos años.

La alcaldesa ‘popular’, Soledad de Frutos,  gobierna en minoría tras las Elecciones Municipales del pasado año. Antes había sido secretaria general de la Consejería de Fomento bajo el Gobierno de Dolores de Cospedal.  Ahora, y tras conocerse el vertido y el archivo de la sanción, achaca a las épocas de gobiernos socialistas la culpa de la mala gestión de la depuradora. "Esta falta de previsión de los entonces responsables del Ayuntamiento ha supuesto varias sanciones desde el año 2008, ya que la depuradora municipal no puede asumir la depuración del pueblo y de las empresas, una situación con la que el actual equipo de Gobierno quiere acabar de una vez por todas", comentaba en un comunicado.

Sin embargo, los socialistas recuerdan que el PP acaba de iniciar ya su segunda legislatura de gobierno en el pueblo. “No entendemos que descargue toda la responsabilidad en el PSOE cuando el PP lleva ya cinco años al frente del Ayuntamiento y cuando ella fue secretaria general de Fomento” (es decir, la consejería que se ocupa de supervisar el buen funcionamiento de la depuración de aguas en la región). “Nos preguntamos qué ha hecho el anterior alcalde e incluso ella para solucionar este problema”.

PCAS ve “llamativa” la “connivencia” del Ministerio

Por otro lado, el Partido Castellano (PCAS) ha mostrado su preocupación por la revelación de eldiario.es  respecto a la falta de sanción por la Confederación Hidrográfica del Tajo al vertido tóxico que se realizó al río desde la planta depuradora.  Los castellanistas dicen que la noticia “no supone ninguna sorpresa viendo el proceder de la ministra Tejerina y sus antecesores en los últimos años, pero sí lamentan la falta de sensibilidad del Ayuntamiento pueblano, gobernado por el PP, con las reivindicaciones que desde numerosos colectivos se vienen realizando desde hace años en torno a la agónica situación del río Tajo”.

En opinión de Pedro Manuel Soriano, presidente nacional del PCAS, "este vertido no es el primero ni será el último pero lo llamativo es la connivencia total y absoluta del Ministerio” y se pregunta “cuántos otros vertidos no se habrán realizado que aun teniendo conocimiento el Gobierno Central de ellos han quedado impunes".

Asimismo Soriano recuerda que el pasado mes de agosto denunciaron a la ministra Tejerina ante la Fiscalía del Tribunal Supremo “por no cumplir con las disposiciones que regulan el trasvase aun sabiendo de su contenido”, una actitud que, en su opinión, se podría ver reforzada con los acontecimientos que ahora se han hecho públicos.

"Tejerina está incumpliendo sistemáticamente la ley por intereses que desconocemos y el único perjudicado es un río cuyo lamentable estado se encuentra a punto de ser irreversible. No pedimos su dimisión, la debería presentar ella por dignidad y vergüenza", ha manifestado.

“El problema del río son las actitudes de gobiernos de los tres niveles”

Los castellanistas también arremeten duramente contra el Ayuntamiento de la Puebla de Montalbán, y lamentan “la falta de sinceridad en su conducta y le reprochan haber perjudicado el trabajo en el que desde hace años participan algunos de sus vecinos en la defensa de una nueva política hídrica que cumpla con la normativa comunitaria”. Esta fue una de las localidades que visitó un grupo de eurodiputados para conocer el estado del río Tajo el pasado febrero.

No obstante, desde el PCAS destacan que “la actitud de este gobierno municipal es la misma que la de los gobiernos autonómico y central pues únicamente dan titulares o fotos sin que en la práctica pongan medida alguna que sirva para mejorar la situación del río Tajo”.

Para la formación castellanista, “el primer problema del río son las acciones y actitudes de los gobiernos de los tres niveles, presididos siempre por PP y PSOE, y el segundo es un trasvase al que nunca se ha hecho frente de manera institucional. Este vertido es solo la punta del iceberg", ha advertido Soriano.

Y mientras se siguen vertiendo residuos al río más castigado de Castilla-La Mancha, la guerra política a cuenta del agua continúa. Este mismo jueves Podemos y Partido Popular frenaban en las Cortes regionales una propuesta del PSOE que instaba al Gobierno de España a adoptar las recomendaciones de la Comisión Europea para evitar la degradación del río en cantidad y calidad de sus aguas. ¿La razón? Todos se siguen reprochando lo mismo desde hace ya varias décadas: la instrumentalización política del agua.