A tres meses de que finalice la legislatura, el último Consejo del año del Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado luz verde al anteproyecto de Ley de Garantías Ciudadanas y Garantía de Ingresos en esta comunidad autónoma, tal y como adelantó eldiarioclm.es. Es la norma que da cuerpo legislativo, modificado y adaptado, al Plan de Garantías Ciudadanas, principal hoja de ruta de Podemos dentro del Ejecutivo de Emiliano García-Page y que forma parte de las condiciones que la formación morada pactó con el PSOE cuando entró en el Ejecutivo. Ahora queda su tramitación parlamentaria, que se realizará prácticamente ‘in extremis’ antes de la disolución del Parlamento en marco y de las elecciones autonómicas previstas para mayo.

El vicepresidente primero de la Junta, José García Molina, y la consejera del Plan de Garantías Ciudadanas, Inmaculada Herranz, cargos de Podemos en el Ejecutivo, han sido los encargados de anunciar esta toma en consideración. La consejera ha destacado que se trata de un “momento muy importante” para Castilla-La Mancha: “Dimos nuestra palabra y la hemos cumplido”. Esta ley, ha añadido, cumple con las obligaciones del Gobierno regional de “promover la igualdad social, como base de la libertad individual”, y coloca a la comunidad autónoma “a la altura de las regiones más avanzadas de España y de Europa”. En varias ocasiones se ha referido también al “amplísimo consenso” conseguido entre organizaciones sociales, entidades del tercer sector, colectivos ciudadanos, federación de municipios, sindicatos y el resto de consejerías del Ejecutivo.

En este anteproyecto se regulan los dos tramos de condiciones que las familias deben cumplir para tener acceso a la renta mínima hasta completar los 600 euros, una cantidad que se elevará por cada miembro adicional. El objetivo es crear un sistema de protección estable donde se integran derechos avanzados en tres ejes: la coherencia con los fondos estructurales de la Unión Europea destinados a España, que Castilla-La Mancha sea equiparable a otras comunidades autónomas que ya cuentan con este sistema, y su alta participación.

Con esta norma se hará efectivo tanto el derecho de garantía de ingresos como un conjunto de garantías complementerias. El primer bloque mantiene el objetivo de garantizar la renta mediante las políticas activas de empleo, por un lado, y para los que no tienen empleo, por otro lado, una renta garantizada o la complementariedad de sus ingresos “para mantener una vida digna”. El segundo bloque se refiere a las iniciativas complementarias, que son prestaciones vinculadas a la educación (material escolar, libros de texto), vivienda (rescate habitacional) y acompañamiento en el ámbito socio-laboral.

Los tramos para la garantía de rentas

Así, el acceso a la titularidad del derecho de garantías ciudadanas vendrá determinado por la capacidad económica de las personas solicitantes y demás miembros de su unidad de convivencia. Para ello se establecen dos tramos. En el primero, la renta garantizada se hará efectiva cuando la capacidad económica de quien lo solicita, y en su caso, de los demás integrantes de la unidad de convivencia de la que formen parte, sea inferior al 70% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para unidades de convivencia unipersonales, incrementándose en un porcentaje por miembro adicional, con una prestación media de 600 euros mensuales. En estos casos, tal y como aparecía también en el primer texto, tendrán prioridad las familias con menores por la necesidad de erradicar la pobreza infantil. Y en este tramo, las familias pueden acogerse tanto a la garantía de ingresos como a las complementarias.

En cuanto al segundo tramo, referente solo a las garantías complementarias, se establece cuando la capacidad económica de quien lo solicita, y en su caso, de los demás integrantes de la unidad de convivencia de la que formen parte, sea igual o superior al 70% del SMI, no superando el 130% de este indicador para unidades de convivencia unipersonales e incrementándose un porcentaje por miembro adicional.

Una precisión importante es que a la entrada en vigor de esta ley las personas perceptoras que tengan reconocido el Ingreso Mínimo de Solidaridad -el instrumento castellano-manchego ya existente para situaciones de extrema necesidad- pasarán a tener reconocida de forma automática la Prestación de Renta Garantizada. La previsión es que estas medidas tengan en 2019 un total de 24.000 titulares pero que lleguen a unos 94.000 beneficiarios en Castilla-La Mancha.

La luz verde que hoy ha recibido la ley supone un “paso decisivo hacia nuevo modelo de atención social”. En total, dará  cobertura a 23.379 personas, con 92.169 beneficiarios, de los cuales casi 40.000 son menores de 14 años. Precisamente, la atención a menores en riesgo de pobreza y exclusión social era uno de los objetivos primordiales de la norma. En cuanto al conjunto de garantías complementarias, alcanzará a 100.000 familias, es decir, un “amplio impacto” para la ciudadanía castellano-manchega. De hecho, sobre esta cuestión se han incorporado novedades al nuevo borrador, añadiendo prestaciones asociadas al transporte.

Por cada euro destinado, un retorno de 1,43 euros

La consejera ha precisado además que la entrada en vigor de la Ley de Garantías Ciudadanas supondrá un alto retorno económico para la región: según el estudio que a este respecto ha elaborado la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), por cada euro destinado a esta renta garantizada, habrá un retorno 1,43 euros en forma de aumento de la producción, lo que provocará "efectos multiplicadores y dinamizadores directos sobre la sociedad”. Las previsiones apuntan también que se crearán 1.000 nuevos empleos a tiempo completo, un aumento de la producción de 90 millones de euros y un retorno impositivo de 2,9 millones de euros.

Por su parte, el vicepresidente segundo del Gobierno regional y también secretario general de Podemos Castilla-La Mancha ha defendido esta toma en consideración frente a “muchos que han dicho que el hecho de que Podemos estuviese en un gobierno era un peligro e iba a generar poco menos que el apocalipsis en la región”. “Nos comprometimos a genera más garantías y estabilidad. Estamos cumpliendo nuestra palabra. Hoy en Castilla-La Mancha somos más iguales y cuando se apruebe en las Cortes, la ley nos hará un poco más libres”.

García Molina ha insistido en que “no solo no ha llegado el apocalipsis, no se ha roto la región”, sino que la formación morada ha generado, tanto en este anteproyecto de ley como en el de Participación Ciudadana (aún pendiente de luz verde) los procesos participativos “más amplios y extensos en la historia de la Junta”. Ha concluido afirmando que “se han dicho muchas barbaridades” sobre esta ley y que ahora se demuestra que era posible aprobarla, está avalada por el Gobierno y se ha demostrado su retorno económico.

En cuanto al hecho de que la nueva Ley de Garantía de Ingresos entre en vigor con los presupuestos estatales y regionales prorrogados, el líder de Podemos considera que a nivel nacional se han dado “avances” y hay “un empeño en que haya una dinámica política con mayor tranquilidad”. Pero en cualquier caso, ha garantizado que la norma puede aplicarse incluso con prórroga presupuestaria, es decir, con las cuentas públicas de 2018. Finalmente, García Molina ha dicho que Podemos quiere que la tramitación parlamentaria sea lo más breve posible y que se “acortarán” los plazos dentro de la normativa vigente. “Estamos a tiempo”, ha reiterado.

Finalmente, la consejera ha querido recalcar que la norma supone una nueva inversión de 27 millones de euros, del total de 61 millones de euros que costará, lo que significa tan solo el 0,3% del presupuesto castellano-manchego: “Una inversión muy baja para un impacto como el que acabamos de describir y que se trata de invertir en las personas por encima de todo”.