Vendimia en Castilla-La Mancha / Foto: Cooperativas Agroalimentarias

El reto sanitario que nos plantea la vendimia este año es enorme, como enormes son siempre en Castilla-La Mancha la importancia económica, el impacto laboral y la relevancia social y cultural de la cosecha de la uva. Todos los involucrados tenemos que estar a la altura, empezando por los propietarios de las explotaciones vitivinícolas, pero sin escatimar ni un esfuerzo ninguno de los demás.

La vendimia tiene este año un protagonista invisible pero omnipresente, la COVID-19. Un enemigo indetectable, al que apenas empezamos a conocer y que mantiene en jaque a toda la humanidad, asustada, conmocionada y vulnerable.

La COVID-19 es el peor compañero de reparto que hubiéramos podido imaginar. Un villano de apenas una milmillonésima parte de milímetro que ha causado ya más de 800.000 muertos y 25 millones de contagios en el mundo. Aún estamos casi inermes frente su poder destructor y a su capacidad de transmisión.

Por eso, desde que supimos de su presencia entre nosotros, como sindicato hemos reclamado medidas preventivas específicas para evitar los contagios en el ámbito laboral. Y, en concreto, durante las campañas agrícolas, en las que miles de personas temporeras conviven no solo durante el trabajo, sino también en los desplazamientos, habitualmente compartidos; y en los alojamientos (y asentamientos), habitualmente hacinados.

Las campañas agrícolas son, ya lo hemos comprobado con los muchos brotes registrados en distintos puntos del país, un escenario propicio para la propagación del funesto coronavirus. En Castilla-La Mancha tuvimos ya en mayo-junio que afrontar la del ajo y ahora acaba de comenzar la vendimia, el gran acontecimiento laboral de nuestra región, con 20.000 personas de múltiples procedencias recogiendo uva durante mes y medio.

El reto sanitario que este año nos plantea la vendimia es enorme, como enormes son siempre en Castilla-La Mancha su importancia económica, su impacto laboral y su relevancia social y cultural. Todos los involucrados tenemos que estar a la altura, empezando por los propietarios de las explotaciones vitivinícolas, pero sin escatimar ni un esfuerzo ninguno de los demás: administraciones públicas, agentes sociales, Inspección de Trabajo, trabajadores y trabajadoras.

Amén de la normativa dictada por las autoridades sanitarias y laborales del Gobierno central, el Gobierno de Castilla-La Mancha publicó el pasado 10 de agosto en el DOCM la Orden 114/2020 “por la que se establecen medidas de prevención aplicables a la actividad que se realiza en las explotaciones agrarias por las personas trabajadoras temporales en la campaña de la vendimia 2020 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, para la prevención de la COVID-19”

La Orden, elaborada por tres consejerías -Agricultura, Agua y Desarrollo Rural; Economía, Empresas y Empleo; y Sanidad- tras recabar la opinión y las propuestas de los agentes sociales implicados, incluye una “Guía para la prevención y el control de la infección por SARS-COC-2” con las medidas sanitarias “de obligado cumplimiento”; con exigencias y recomendaciones organizativas, técnicas, informativas y formativas; y con los elementos de protección personal y los materiales de limpieza y desinfección que no pueden faltar en ningún momento.

En base a esta Guía, las empresas tienen que elaborar e implantar un ‘Plan de contingencia COVID-19’, del que informarán detalladamente a los/as trabajadores/as, que contemple todos los procesos relacionados con la recogida, transporte y almacenamiento de la uva; estableciendo “medios de coordinación con los agentes sociales, las entidades locales, las autoridades sanitarias y otros agentes involucrados para abordar de forma integral no sólo las condiciones de trabajo, sino también las condiciones de vivienda y transporte, el acceso al sistema de salud y a las prestaciones sociales”; y definiendo así mismo las actuaciones a realizar para la gestión de los casos sospechosos de COVID-19 que pudieran producirse, a fin de evitar su propagación.

La propia Orden admite que “incluso con las mejores estrategias de prevención no se podrán evitar casos en personas trabajadoras de algunas explotaciones agrícolas”, pero eso no nos permite bajar la guardia, sino que nos obliga aún más a extremar la alerta, implantar y cumplir en todas las explotaciones vitivinícolas las medidas preventivas y disponer de todos los medios útiles para frenar al maldito coronavirus.

Tablillas de precios y tablas de salarios

El reto sanitario define vendimia 2020. Lo que no cambia es todo lo demás, o cambia también a peor, al menos en la D.O. Valdepeñas, donde las tablillas que viene publicando a las puertas de sus bodegas el industrial Félix Solís establecen para las distintas variedades de uva precios por debajo de los del año anterior.

Los viticultores valdepeñeros y sus organizaciones profesionales, incluida la patronal provincial Asaja, han calificado de “ruinosas” las tablillas del señor Solís; han acusado al industrial de prácticas mafiosas y han anunciado que, a esos precios, no recolectarán sus viñas.

Por su parte, la mencionada Asaja-Ciudad Real mantiene un año más por debajo de la Ley otras tablas, las salariales del convenio provincial del Campo, donde varias categorías laborales no llegan al SMI. Aunque la mayoría, si no todos, los empresarios agrícolas de Ciudad Real sí pagan a sus trabajadores salarios correctos; y pese a que la propia Asaja ha recomendado públicamente pagar al menos el SMI, la patronal se niega a adecuar las tablas salariales del convenio hasta que se lo mande un juez.

Se sigue negando también la patronal Asaja, y en especial la de Ciudad Real, a negociar y acordar un salario-campaña de ámbito regional, de forma que se eliminen las diferencias retributivas que cobran los temporeros en función de la provincia donde trabajen, aunque lo hagan en municipios e incluso en fincas limítrofes.

Persiste también para esta vendimia 2020 nuestra preocupación por las situaciones de fraude e incluso de explotación laboral recurrentes en las campañas agrícolas. Si bien tras muchos años de lucha sindical y de actuación inspectora son cada vez menos, siguen produciéndose; empañando al conjunto del sector.

Los empresarios tienen que garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores, con el cumplimiento estricto tanto de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales como de las normas específicas en relación a la COVID-19; y tanto en lo que respecta a la organización de las cuadrillas, la provisión de EPIs o el mantenimiento de distancias de seguridad en los puestos de trabajo, como en lo que atañe a la movilidad y a los alojamientos.

Esta cuestión es clave. Será imposible garantizar la salud pública si los trabajadores migrantes no cuentan con alojamientos temporales decentes, cuya disponibilidad reclama el esfuerzo de entidades locales y Administración Regional; pero también de los empresarios, y con carácter obligacional en el caso de quienes empleen temporeros con contratos de puesta a disposición con ETT.

Y, por supuesto, hay que garantizar la contratación legal, el abono de los salarios de convenio -mínimo, el SMI- y la declaración y cotización a la seguridad social de las jornadas reales de trabajo efectivo.

A este respecto, apelo un año más a la responsabilidad de los titulares de las explotaciones; al tiempo que les recuerdo que las circunstancias especiales en las que en esta ocasión se va a desarrollar la vendimia les exigen más rigor que nunca en el cumplimiento de sus obligaciones como empleadores.

Por nuestra parte, mi sindicato extremará durante esta vendimia la atención al cumplimiento de la legalidad laboral y de la normativa sanitaria: facilitará a las personas temporeras información, asesoramiento y apoyo y denunciará todas las irregularidades que detecte. Reclamamos que también se refuerce la actividad de vigilancia, control, y en su caso sanción, de la Inspección de Trabajo.

Artículo de opinión de Ángel Léon, secretario general de Industria de CCOO en Castilla-La Mancha