Ya ha comenzado el plazo para la formalización de solicitudes de las ayudas directas al pago del alquiler aprobadas por el Gobierno de Castilla-La Mancha. Pero junto con ellas también han surgido algunas críticas debidas, principalmente, al procedimiento requerido para su solicitud. Se trata de un recurso básico para muchas familias en esta comunidad autónoma, cuyo poder adquisitivo se ha reducido drásticamente o ha desaparecido debido a la pandemia de COVID-19, y muchos de ellas tampoco tienen ahora dispositivos ni capacidad para solventar la ‘brecha digital’ entre su necesidad y su solución.

Así lo han manifestado a eldiarioclm.es fuentes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). “Son insuficientes y complicadas desde el principio”, afirman. En la petición se exige la aportación de documentos para justificar los ingresos o la pérdida de los mismos, así como los índices del registro de la propiedad de todos los miembros de la unidad familiar. “Esto hace que la burocracia engulla a las familias y terminen por desistir de pedir las ayudas”.

Pero parte, destacan desde la plataforma que la obligatoriedad del registro telemático excluye “una vez más” a un alto porcentaje de los posibles receptores de estas ayudas ya que, no tienen acceso a ordenadores o internet y en este momento, “muchas bibliotecas y otros espacios donde pudieran hacerlo están cerrados por la alarma sanitaria”.

“En esta era telemática en la que vivimos y en la que los gobiernos tienen acceso a toda nuestra información, para bien o para mal, ¿cómo es posible que la Junta de Castilla-La Mancha no pueda acceder a ella directamente o a través de otros medios como los Servicios Sociales, sin obligar a las familias sin recursos y en medio de una pandemia a deambular de un lado a otro arriesgando su salud para recopilar toda esta documentación?”, añaden

Asimismo, en la PAH se preguntan si es una “maniobra” para “excluir a perceptores” ya que el presupuesto “claramente no permite llegar a todos los solicitantes de ayuda”. Critica igualmente que las solicitudes se tramiten en orden de llegada cuando “quizás los más necesitados sean los que tarden más en tener la documentación”.

"Dejarán fuera a quienes menos recursos tienen"

“No decimos que las ayudas no sean tan bienvenidas como necesarias, pero como siempre, son insuficientes y altamente excluyentes, dejando siempre fuera precisamente a quienes menos recursos económicos, culturales y sociales tienen”, concluyen.

A estas críticas se ha sumado también el Área de Políticas Sociales de Izquierda Unida (IU), un partido que ve las ayudas como una “medida acertada” pero “muy insignificante” en cuanto a que “no sirve para situaciones de vulnerabilidad existentes antes de esta situación”, por lo que “una gran parte de la población castellano-manchega continúa totalmente desprotegida, ya que ni siquiera cumplen los requisitos para poder acceder a esta prestación".

Al hilo de ello, desde IU muestran también su preocupación por la situación laboral de las trabajadoras de servicios sociales: "Con la llegada de estas ayudas y en la actual situación, si no se refuerza el servicio de atención primaria, se hará insostenible dar una respuesta a todas las solicitudes, ya que se está relegando a estas profesionales a la mera tramitación de cuestiones burocráticas sin dejar tiempo para poder realizar un trabajo más humanizado y centrado en la persona más que en los datos, se está sobrecargando a este personal". Si esta situación no cambia, advierten, "el sistema colapsará".