La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez / Foto: Bárbara D. Alarcón

El Gobierno con "alma" del que siempre hace gala Emiliano García-Page depende casi en su totalidad de políticas sociales. Muchas son trasversales y coordinadas entre diferentes áreas ejecutivas pero es en la Consejería de Bienestar Social donde la mayoría recibe un impulso imprescindible. Hablamos con la titular de este departamento, Aurelia Sánchez, para hacer balance del año en torno a algunos de los temas más acuciantes y abordar los retos de esta segunda legislatura socialista: la inminente aprobación de la Ley del Tercer Sector, las ayudas para rentas mínimas, el acompañamiento para la inclusión socio-laboral y las políticas de dependencia.

La aprobación de la Ley regional del Tercer Sector es inminente. Han participado muchas entidades sociales, pero algunas de ellas nos han comentado que se trata tan solo de una mera declaración de intenciones. ¿Qué valor añadido considera que tiene?

Es una ley genérica, de ordenación de todas las entidades sociales y quiero recordar que precisamente ha sido en estos últimos cuatro años cuando se ha creado por primera vez en Castilla-La Mancha la Mesa del Tercer Sector. Se comenzó a hablar de ello, ya que la mayoría de la ciudadanía no sabía ni lo que era. Lo importante ha sido el consenso y hemos querido que sea una ley genérica porque luego las leyes se desarrollan mediante decretos, y en el futuro decreto ya habrá concreción de lo que queremos. Esta ley es simplemente para ordenar, definir, crear un registro para las entidades y ver la colaboración con la Administración. Pero aparte, también tiene novedades: se crea una Comisión del Diálogo Civil y también está previsto crear una estrategia. No incrementa el presupuesto de colaboración, pero se basa en el presupuesto que tenemos con las entidades del tercer sector. El aumento de las partidas ya va en las convocatorias que vamos realizando con las asociaciones.

En el texto de la ley hay una alusión al concierto social con las entidades del tercer sector, pero tampoco lo desarrolla…

Claro, estamos trabajando simultáneamente en la elaboración del decreto del nuevo concierto social, que va a nacer a la luz de esta nueva ley y de la Ley de Servicios Sociales de 2010. Ese decreto será más especializado y ahí trataremos de que las entidades no tengan que estar anualmente concurriendo a convocatorias que no saben si van tener o no continuidad. Habrá un concierto social plurianual que dé tranquilidad, certidumbre y estabilidad a las entidades, a los profesionales y por tanto también a los beneficiarios de las políticas sociales, que es nuestro objetivo fundamental.

La aprobación de ese decreto que viene a dar contenido y números a la relación con las entidades del tercer sector, ¿tiene algún plazo?

Tenemos interés en que el nuevo decreto del concierto social pueda ver la luz en 2020, salvo que existan algunos condicionantes que estén fuera de nuestro alcance. Nos gustaría que comenzara con algún proyecto piloto para 2021 y que se pudiera instaurar en 2022. Ese es el objetivo que tenemos.

Al inicio de la legislatura habló el presidente regional, Emiliano García-Page, de la posibilidad de crear una empresa semi-pública de servicios sociales para personas mayores. Es un tema que no se ha vuelto a mencionar, pero ¿sigue en la agenda de la Junta?

Lo que sigue en agenda es ver la pluralidad en la concertación de todos los servicios sociales, que históricamente han sido concertados y se han hecho en colaboración con entidades del tercer sector. En su origen, los servicios sociales nacieron de entidades religiosas y de la beneficencia en todas las áreas, desde la discapacidad hasta la infancia, los mayores, la pobreza… Todo eso se ha ido profesionalizando hasta lo público, concertando con entidades sin fin de lucro pero también con entidades privadas. Lo que tenemos que hacer es ordenar ese sistema. Se trata de la gestión de toda la red residencial de Castilla-La Mancha para personas mayores. En este momento, la región tiene un acuerdo-marco que comenzó con el Gobierno del PP y que tuvimos que continuar porque tiene un volumen enorme de plazas residenciales. Ahora debemos buscar una futura forma de concertación. Siempre primando la financiación pública. Es totalmente imprescindible seguir concertando con entidades privadas, que pueden ser sin fin de lucro o también empresas. Y es inevitable para dar agilidad a los trámites de dependencia.

¿Al hablar de nuevo concierto en este sentido, hablamos entonces de esa nueva empresa que anunció el presidente?

Una de las posibilidades es incluirlo dentro del nuevo concierto social antes mecionado, es decir, que ese decreto también ampare a parte de las empresas, además de a las entidades sin fin de lucro. Tenemos que superar el acuerdo-marco para personas mayores e ir un sistema de concierto similar al que tenemos con las entidades del tercer sector, primando otras cuestiones como zonas de mayor pobreza o zonas ITI (prioritarias). Eso es a lo que se refería el presidente y es lo que estamos estudiando.

Entrando en la ‘renta mínima’ como fórmula de prestación, el proyecto de Ley de Garantías Ciudadanas que realizó Podemos cuando estaba en el Gobierno ha quedado a la espera de una posible regulación estatal. Sin embargo, hay otras comunidades autónomas que la han regulado sin necesidad de que haya una estatal. ¿Es necesario esperar?

Lo primero de todo es decir que nosotros ya lo tenemos regulado y se llama Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS). No está hecho con las garantías que queremos que esté regulado y esas garantías son un paso más. Por eso estamos pendientes de la creación por parte del Gobierno de España de un ingreso mínimo vital, más que nada porque está en el programa electoral del presidente en funciones. Es una expectativa muy importante pensar que en el momento en que se configure, se pueda crear ese ingreso que iguale a toda la ciudadanía española. El IMS de Castilla-La Mancha está pendiente de reforma, aunque lo hemos mejorado en estos años porque estaba prácticamente obsoleto. Lo hemos ampliado en importe, en tiempo, en número de perceptores y en tiempo de ejecución. Ahora mismo, el IMS ha dado una respuesta importante a las necesidades de las personas, pero no es suficiente.

Antes de desarrollar el proyecto de Ley de Garantías Ciudadanas, en Castilla-La Mancha elaboramos un Plan de Garantía de Rentas que decía que cualquier persona debía tener derecho a una renta mínima pero que preferentemente pudiera venir por el empleo. Por eso se gestionan los planes de empleo, que están siendo un éxito. Por tanto a esa persona hay que darle en primer lugar la posibilidad de que se incorpore al empleo para una renta con dignidad, y si no puede ser por medio del empleo, se le da una renta económica.

La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez / Foto: Bárbara D. Alarcón

Vincular la renta garantizada al empleo es un trabajo que requiere una amplia coordinación con otros departamentos…

Bueno, ahora mismo estamos trabajando con la Consejería de Empleo en ese sentido, concretamente en dos planes: el primero es el destinado a las mujeres rurales y el segundo es el Plan de Empleo de 2019 donde hay un 25%, como mínimo, destinado a las personas en situación de vulnerabilidad social. Estamos trabajando en priorizar a esas personas poniendo en conocimiento de los ayuntamientos estas situaciones de exclusión, para que esas personas puedan ser contratadas. Y otra novedad muy interesante de esta coordinación es que las personas con difícil empleabilidad que se incorporen al Plan de Empleo tendrán un seguimiento en su itinerario laboral no solamente a través de servicios de atención primaria sino también por los técnicos de inclusión (ETIS), que harán un acompañamiento profesional de apoyo.

Sobre la reciente polémica por la no disponibilidad presupuestaria para nuevas ayudas del IMS o AES (Ayudas de Emergencia Social) a final de año, ¿será a partir del 1 de enero cuando se vuelvan a conceder estas prestaciones de ‘renta mínima’?

Las dos convocatorias son anuales y tenemos que sacar nueva convocatoria para el próximo año. Es un presupuesto que queremos que sea flexible y abierto a la incorporación de financiación finalista por parte del Gobierno de España. En 2020 no solamente deben continuar recibiendo la prestación las personas que ya cobran el IMS sino también tiene que haber disponibilidad para que se incorporen otras que no puedan hacerlo a los planes de empleo. Pero Lo fundamental es que la mayoría de las personas se puedan incorporar a los planes de empleo. Me parece mucho más valioso que esas familias consigan esa inclusión social y laboral.

¿Cómo se evitará que el año que viene vuelva a darse una situación así a final de año?

Han sido muchos los factores que influyeron este año, principalmente que no ha habido plan de empleo y que se produjo la subida del Salario Mínimo Interprofesional. Es cierto que vincular el IMS al salario mínimo no fue la propuesta más acertada. Habría que hacerlo de forma más estable. Es una renta que tiene que crecer cada año pero lo importante es que la mayoría de las familias puedan acceder, no que haya menos perceptores que cobren más. No puede haber nadie sin ingresos: lo que hay, hay que repartirlo.

Entonces, con el horizonte del 25% de cupo de los planes de empleo para personas en situación de vulnerabilidad, una posible nueva subida del salario mínimo y con más presupuesto, ¿se solucionará el problema?

De cara al año que viene, lo primero es que ahora mismo muchas personas van a ser acogidas directamente por el plan de empleo, y lo segundo, tenemos que ver la posibilidad de que el IMS no quede vinculado al salario mínimo sino que sea más estable aunque suba cada año. Y luego tenemos que desarrollar todos los equipos profesionales de inserción para esas personas que necesitan un acompañamiento mucho más cercano y hay que hacerlo en colaboración con los servicios de empleo. Yo siempre digo que aunque se diga que alguna persona es ‘inempleable’, siempre hay que darle la oportunidad. Hay que intentarlo y para eso necesitas un tutor que te acompañe en ese proceso para salir de la pobreza y de la exclusión. No solo hay que pensar en la ayuda económica, que también, sino tener una mirada transversal para todo ello, también pensando en la educación, en los barrios o en la intervención comunitaria.

"Tenemos que enseñar y ayudar a las familias en el mantenimiento de la temperatura en verano y en invierno"

¿Qué evaluación hace la Consejería de Bienestar Social del Plan contra la Pobreza Energética? ¿Se ha reducido por inviernos más cálidos? ¿Se contempla de alguna manera algún plan para el verano como han pedido algunos colectivos para situaciones por exceso de calor?

Tengo la sensación de que tenemos que ir más hacia una educación ambiental y que cambie la manera que tenemos de pensar en pobreza y en la sostenibilidad energética, porque hay muchos indicadores que influyen. Tenemos que enseñar y ayudar a las familias en el mantenimiento de la temperatura en verano y en invierno, y eso pasa por la educación. Hablamos mucho de ello pero tenemos que ponernos manos a la obra y tenemos que hacer que eso sea posible. Nosotros, cuando comenzamos a hablar de pobreza energética, lo hicimos también concibiendo a las familias como consumidores, y procurando que realizaran un consumo energético rentable y toda esa ayuda, que se ha aportado desde las Oficinas de Atención al Consumidor y desde Cruz Roja, es por donde tenemos que ir avanzando mucho más.

Es decir, ¿más formación para familias?

Sí, tenemos que apostar por el ahorro y por la sostenibilidad porque si no, todos los años hay que dar ayudas a unos hogares donde la calefacción entra por un lado y sale por la ventana. Desde que hemos incrementado el IMS y las Ayudas de Emergencia Social, han cubierto mucho las necesidades energéticas de las familias pero en el caso de las de pobreza energética van asociadas a que sus perceptores aprendan sobre mantenimiento, porque si no, no es suficiente.  No podemos parar en la educación, en la formación.

Una cuestión candente dentro del eterno debate de la financiación autonómica es la enorme deuda pendiente del Gobierno central con Castilla-La Mancha en materia de Dependencia. ¿Cómo se está garantizando el servicio?

Hay dos cuestiones. Una deuda es la que llevamos arrastrando desde 2012, año en que el Gobierno de España dejo de financiar a partes iguales la Dependencia en Castilla-La Mancha, como dice la ley. Y otra cosa es el compromiso del Ejecutivo de subir el nivel mínimo (lo que financia el Gobierno de España por cada persona con Dependencia según el grado que tenga). En los Presupuestos Generales que propuso el PSOE se establecían que 515 millones de euros serían para la financiación de la Dependencia de las comunidades autónomas. Y eso es clave. Si sube el salario mínimo, que es fundamental para los profesionales, tiene que subir el nivel mínimo de dependencia. ¿Por qué? Porque si tenemos que incorporar más presupuesto, hay que aumentar el desfase. Y cada vez las comunidades autónomas ponemos más y el Gobierno central, menos.

La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez / Foto: Bárbara D. Alarcón

Entiendo que si hay nuevo Gobierno del PSOE, esa medida se volverá a adoptar, puesto que estaba en su proyecto presupuestario. ¿Tienen garantías de que vaya a ser así?

Está en el programa electoral y espero que sea lo primero que cumpla el Gobierno cuando se conforme. Las comunidades autónomas estamos ahogadas con la Dependencia, porque la defendemos, no paramos de acelerar la valoración, de aumentar el número de personas que lo necesitan y no podemos financiar más. Es una situación desesperante y espero que el futuro gobierno tenga sensibilidad en este sentido.

¿Cómo han evolucionado las prestaciones económicas para cuidadores en el entorno familiar, que fueron polémica la legislatura pasada debido a su amplio descenso?

Sobre estas prestaciones realmente sí que es cierto que hubo un descenso importante y ahora se van incrementando pero muy lentamente y en situaciones muy específicas. Van destinadas de manera mayoritaria a las familias que tienen hijos con discapacidad. Ahora mismo, desde el Sistema de Dependencia se está atendiendo más de 3.000 niños menores de seis años y en muchas ocasiones son a través de este tipo de ayudas. También se otorgan cuando viven en un entorno rural donde no hay otro recurso ni servicio. Esos son los dos criterios fundamentales y normalmente se dan a familiares, pero también se pueden conceder a una persona ajena, siempre que el referente sea un familiar. Además, a través del programa 'Cuidando a quienes cuidan' ayudamos a esos cuidadores desde el punto de vista técnico y emocional. Está resultando muy interesante.

Precisamente la despoblación es actualmente el reto más transversal a nivel estatal y regional. ¿Cómo puede contribuir la acción social en este objetivo?

El reto demográfico tiene dos desafíos que son la igualdad de oportunidades y de servicios, por un lado, y el envejecimiento, por otro. Yo apuesto ahora mismo por la inversión en los cuidados de personas mayores, que es fuente de riqueza y de empleo en las zonas rurales. Sobre todo los cuidados en hogares y en centros residenciales, porque crea empleo femenino, joven y con efectos multiplicadores en el entorno. Nosotros vamos a trabajar por generar mayores atenciones de personas en el hogar. La acción social es clave en ese reto. Hay muchos pueblos que la mayor inversión la tienen en cuidados a las personas y eso no lo podemos ignorar.