El consejero de Fomento, Nacho Hernando / Foto: Bárbara D. Alarcón

Las características demográficas y socio-económicas de Castilla-La Mancha son muy diferentes de las del centro peninsular o de las grandes áreas metropolitanas cuando hablamos de políticas de vivienda. Esta comunidad autónoma cuenta con diferentes tipos de demanda, precios de propiedad y alquileres más bajos pero también con un parque inmobiliario envejecido que, entre otras cosas, está marcando la despoblación en el medio rural. El anteproyecto de Ley de Vivienda de la comunidad autónoma nació para buscar una solución transversal a muchos de los problemas surgidos tras la crisis económica pero también hay otras políticas que repasamos con el consejero de Fomento, Nacho Hernando, para hacer balance del año.

Hay un grupo de trabajo que está haciendo cambios en el borrador de la futura Ley de Vivienda. Teniendo en cuenta que esta normativa ya se anunció para la pasada legislatura y que ahora hay mayoría absoluta, ¿hay algún plazo para su aprobación?

Estamos hablando de bien de finales de 2020, principios 2021, en cuanto al inicio de la tramitación en Cortes, y precisamente nos hemos marcado ese plazo porque no es una ley baladí, tiene que regir algo tan personal como es el hogar de las personas. Regularlo con la perspectiva del metabolismo de Castilla-La Mancha no es un ejercicio que solamente suponga lo básico, como traducir la ley estatal a la regional ni solamente trasladar los objetivos de la Agenda 2030, que también. Debemos ir más allá. La mayoría absoluta nos hace ser aún más ambiciosos y buscar más participación, no está reñida una cosa con la otra.

¿Cuáles son algunos de los cambios más relevantes que se van a abordar?

Serán muy importantes los planes locales de vivienda, sobre todo para darle una percha legal a los ayuntamientos y específicamente, por ejemplo, a la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (EMSV) de Toledo, para que puedan desarrollar políticas que permitan el acceso a todas las personas. Eso sería una cara de la moneda, y la otra, igual de valiosa, facilitar el acceso en el entorno rural,  y hacerlo siempre promoviendo e incentivando que vayamos dirigiendo el sector a la vivienda de ‘cero emisiones’. Ya hay proyectos en Europa y en el norte de España, y Castilla-La Mancha quiere ser pionera en este sentido. Yo no voy a desechar todas las ideas que había en el borrador anterior fruto de otro tiempo y de conversaciones con otro contexto político, pero sí me gustaría hablar con mucha más gente a lo largo de 2020. No podemos conformarnos con una ley más.

Una de las medidas de la Ley destacada por el presidente en varias ocasiones, y así figura en el borrador actual, es que la Junta podría multar a los bancos que no ofrecieran alternativas antes del desahucio. ¿Eso se va a mantener?

Esta cuestión hay que verla en su contexto. Esta medida sería de último recurso, de final de trayecto. A día de hoy son precisamente las entidades financieras y bancarias las que más nos están ayudando a encontrar situaciones para personas en situación de posible desahucio. Y me gustaría partir una lanza a favor de ellas, porque se están haciendo daciones en pago con alquileres sociales y se nota con hay alma también gracias a ellas. Hay un antes y un después de que la Junta abriera sus Oficinas de Intermediación Hipotecaria. Ahora el escudo de la Junta es algo más que un logo y defiende a las personas ante una situación de vulnerabilidad. No hay ninguna familia que haya pasado por estas oficinas que haya resuelto en desahucio su situación y hemos atendido a más de 3.000 familias, paralizando prácticamente un centenar de desahucios. Es una historia de éxito que demuestra que no debe haber un afán por buscar culpables, sino que tendríamos poner mayor esfuerzo en buscar soluciones como hemos hecho con las entidades financieras.

Pero entonces, ¿esa medida de sanciones a los bancos se mantendría?

No sabemos si en los mismos términos, pero está claro que cuando no exista esa predisposición a ayudar, tendrá que haber medidas qie permitan a las administraciones y a los usuarios defender sus derechos y castigar a quienes no tengan una actitud solidaria y con alma.

En el borrador se abordan también medidas para la gestión del parque de viviendas vacías. ¿Cómo quedará esa cuestión?

En este tema debemos conocer nuestro contexto. Esto no es Madrid ni Valencia ni Barcelona, y por lo tanto, me preocupa que en muchas ocasiones la normativa se haga pensando en las grandes ciudades, cuando en muchas ocasiones son las entidades locales más pequeñas o las cooperativas las que pueden ofrecer soluciones. De ahí que en la gestión de la vivienda tenemos que ver lo que ha funcionado y lo que no.

Hemos planteado un Plan Social de Ingresos Patrimoniales, dirigido a familias que no pueden pagar un alquiler social y están atravesando problemas de vulnerabilidad, pero también para darle un toque de atención a la gente que no quiere pagar. Hay un gran número de gente joven que tiene derecho a la vivienda y no puede conseguirlo por una cuestión de mala praxis debida un grupo de particulares que cercena ese derecho a un proyecto vital. Si hay gente que se está aprovechando del sistema, quiero incentivar que eso no se produzca. Necesitamos que esas casas estén a disposición de gente que realmente lo necesita. Hay que luchar contra el fraude en este sentido, por ejemplo, de mafias de okupas, de gente que realquila de manera fraudulenta. Insisto: primero hay que atender a la gente que no puede pagar y después impedir que haya quien se aproveche de la gente vulnerable.

Ha puesto usted el ejemplo de las cooperativas. Una de las peticiones de la asociación que las agrupa en Castilla-La Mancha es la cesión de uso de suelo público y a precios asequibles. ¿Esto se ha contemplado?

Hay un problema anterior a ello, que es el concepto. A la gente hay que explicarle lo que es ser propietario de un derecho y no propietario de un ladrillo. Somos un país con una cultura de la propiedad muy arraigada, muy fuerte, y a la gente le cuesta mucho pensar que puede vivir toda la vida de alquiler. Es muy mediterráneo. Veo esa dificultad  previa que creo que de forma conjunta entre empresas e instituciones se puede combatir y entre todos sensibilizar sobre otro modelo que puede funcionar. Tenemos los errores y aciertos en otros países. Yo no quiero descubrir el fuego ni la rueda, sino aplicar aquello que repercuta en el bienestar de las personas pero con las características de la región.

El consejero de Fomento, Nacho Hernando / Foto: Bárbara D. Alarcón

Y con ese concepto, ¿ese modelo de cooperativas cómo podría aplicarse dentro las peculiaridades de la región?

Por ejemplo, sería una de las soluciones más inteligentes a la hora de abordar la demanda de vivienda en pueblos pequeños. Pongamos que ocho familias jóvenes quieren adquirir vivienda en un municipio. Esto no le puede resultar atractivo a grandes constructoras pero sí a un modelo de cooperativa. Aquí el mayor problema es muchas veces desconocer qué percha le viene mejor al traje y nuestra labor es otorgar certidumbre a esos procesos, poder, a través de GICAMAN (la Empresa Pública de Gestión de Infraestructuras de la región) tutelar a esas cooperativas. El problema en todo el mundo sobre estos nuevos modelos ha sido la transparencia o el modelo de gestión. Ahí nosotros tenemos que dar seguridad al proceso, y eso puede animar a gente joven a decidir agruparse y atreverse, pero para eso necesitas tener una serie de garantías.

¿Sería un modelo entonces solo para pequeños municipios?

No siempre, pero es muy importante distinguir la dinámica entre ciudades y pequeños municipios en temas de vivienda. Así lo hacemos con las convocatorias de ayudas al alquiler pero sin olvidar que también incentivamos la adquisición de vivienda porque la propiedad ayuda a fijar población.

Por ejemplo, hay gente que tiene una casa en un pueblo heredada con otros familiares y eso elimina la posibilidad de tener ayudas en otro sitio, en una ciudad. Quizás deberíamos fomentar que, a pesar de tener eso, pudiera destinarse a turismo rural esa vivienda heredada, que además ayudaría a fijar población, pero también se pueda acceder a una ayuda en una ciudad más grande. Eso lo podríamos hacer eliminando ciertas limitaciones de las ayudas. No quiero que esas personas estén por delante de quien no tiene nada, que siempre tendrá más puntuación, pero tenemos que ser realistas. Hay gente joven que puede necesitar ayuda para propiedad y no pueden optar porque tienen una casa en propiedad compartida en un pueblo al que nunca van.

¿Qué otros incentivos se pueden realizar desde las políticas de vivienda para abordar ese reto demográfico?

Pues también los incentivos para empresas constructoras, pero no grandes compañías, hablo de empresas muy locales o provinciales, para que puedan construir sin que tengan que dedicar un alto volumen a una limitación o protección que les impida vender las viviendas. Vamos a intentar ayudar también a las empresas de la construcción, que no son nuestros enemigos, que nadie se equivoque. La mayor alianza con el entorno rural es que les facilitemos a estas empresas que de una manera adecuada al tamaño, puedan construir. Si no, entonces, la alternativa será cerrar nuestros pueblos y se acabó.

Para eso, hay que construir o rehabilitar...

Claro. De hecho, estamos buscando la fórmula jurídica para una medida de recuperación de cascos urbanos en los pueblos. ¿Por qué? Hay muchos municipios que van creciendo hacia afuera en la media en que su centro se va muriendo fruto de la vida natural. Queremos animar a esos propietarios ‘ausentes’ a que nos cedan el uso de su vivienda, y que podamos, a través de los ayuntamientos y de la colaboración público-privada, rehabilitarla para ofrecerla en alquiler a personas y familias que quieran vivir en ese municipio. Ellos podrían recibir una parte del alquiler o podemos ver otras fórmulas, pero lo cierto es que ese patrimonio rehabilitado revertiría sobre ellos y sus herederos. De esta forma, no habría un inmueble vacío o en ruinas en mitad de un pueblo, sino que le daríamos una utilidad con carácter social.

¿Ha detectado la Junta que eso es una situación común en los centros de los pueblos como para querer impulsar esta medida?

Esto nos ha llegado como demanda de las empresas, fundamentalmente de la industria agroalimentaria. Nos dicen que tienen que contratar a varias personas y no encuentran a gente porque no tienen casa en el pueblo. Hay situaciones que por la falta de vivienda están impidiendo crecer a esta industria, que es puntera en la región. En vez de ensanchar los pueblos dificultando la gestión a los municipios, es mucho más inteligente rehabilitar viviendas céntricas porque así además revitalizamos los pueblos.

Hablando de rehabilitación, un informe reciente alertaba de que dos tercios de los hogares de Castilla-La Mancha con pobreza energética tienen más de 25 años. Hay un parque envejecido y al mismo tiempo un objetivo, como me ha mencionado, de buscar una edificación con eficiencia energética. ¿Cuál es el método para conjugarlo todo?

Sabiendo compatibilizar todas las líneas de rehabilitación, que es una historia de éxito en su conjunto. Es bueno para las familias buscar esa eficiencia porque pagarán menos luz y menos gas. Y es bueno para el sector de la construcción, con más de 58.000 empleados, sobre todo en un momento en el que no hay grandes obras y debemos ayudarlas y dejar de demonizarlo como sector. La rehabilitación es una cuestión a la que incluso podemos darle dos vueltas de tuerca más. Por ejemplo, plantear de qué manera se pueden hacer proyectos de rehabilitación que sirvan para convertir viviendas en el estándar ‘passive house’, que son de ‘cero emisiones’. Nos queda mucho recorrido pero tenemos la ilusión de transitar ese camino y no podemos quedarnos atrás.

En el caso de las viviendas en alquiler propiedad de la Junta, no sé si se han planteado revisar las formas de adjudicación para evitar sobre todo guetos y abordar algunas problemas de convivencia que se han producido…

En materia de regulación lo que pretendemos es ser pragmáticos. No es normal que una familia con cuatro o cinco hijos no pueda tener acceso a una vivienda con dos habitaciones. Eso no es digno. Tenemos que saber unir la demanda de las familias con la oferta. No solo por estar en un puesto en la lista de demandantes se tiene que acceder a unas condiciones que son indignas. Esto, que es de cajón, hay que decirlo de manera mucho más concreta y tenerlo más claro. Y dicho esto, estamos en contra de cualquier política que genere guetos o situaciones de conflicto. Vamos a estar muy vigilantes, vamos a ser sensibles pero también muy duros. Todos tenemos que contribuir a la solución y yo no voy a mirar hacia otro lado.

¿Ser duros en qué sentido?

No podemos permitir que haya conflictos sociales en viviendas propiedad de la Junta. Vamos a defender a esos vecinos frente a prácticas de una convivencia nula por parte de otros inquilinos o de ocupas, gente que se quiere aprovechar de ellos. En esos casos tenemos que aplicar la ley. Para ello necesitamos, sobre todo, ayuda de los ayuntamientos, y lo digo desde un planteamiento de izquierdas totalmente convencido de que hay que ayudar a la clase trabajadora y a las personas en exclusión social.