Municipio de Mora / Fotografía: Bárbara D. Alarcón
Este martes, día 27 de abril, se celebra en las Cortes de Castilla-La Mancha la Comisión de Asuntos Generales para designar ponencia y debatir las enmiendas al proyecto de Ley regional contra la Despoblación que han presentado PSOE, PP y Ciudadanos, los tres grupos con representación en la Cámara autonómica. Con ello arranca el debate parlamentario en torno a una de las normativas más importantes de la presente legislatura, con la que el Gobierno socialista quiere revertir el éxodo que ha dejado sin apenas población amplias zonas de la comunidad autónoma. Su previsión es que esté aprobada en el mes de mayo.
En total se han presentado más de un centenar de enmiendas. El grueso de algunas propuestas de modificación se centran en las medidas sobre vivienda: estancia efectiva, traslado de residencia y deducciones por rehabilitación, entre otras cuestiones. Y en este sentido, también los impuestos ocupan un papel central. No en vano, la ley incluye múltiples medidas tributarias y, según el Ejecutivo autonómico, el objetivo es que las personas que vayan a vivir a zonas despobladas de Castilla-La Mancha no paguen impuestos a la región con las desgravaciones contempladas.
Por parte del Grupo Parlamentario Popular, una de sus primeras propuestas se refiere a la creación de un fondo para el apoyo financiero a proyectos empresariales viables en zonas escasamente pobladas y que en la normativa está fijado en 10 millones de euros. En una enmienda piden que esta cantidad se incluya en los Presupuestos regionales como un programa “específico” para dar la “debida cobertura presupuestaria”.
En cuestiones de vivienda, el PP también ha registrado una propuesta para que las deducciones de los contribuyentes en los municipios afectados por despoblación no tengan que ser por vivienda habitual. Es decir, pide la deducción únicamente por tener allí una residencia. Pero, no obstante, en otra enmienda posterior, sí que piden que haya una deducción de 500 euros en la cuota íntegra autonómica cuando haya un traslado de vivienda habitual, por los gastos ocasionados por el traslado por motivos laborales. Establece para ello una serie de circunstancias, entre ellas que el contribuyente permanezca en la nueva residencia habitual durante el año en que se produce el traslado y los tres siguientes.
El Grupo Socialista también incide en el traslado de vivienda
Precisamente, sobre esta cuestión del traslado, el Grupo Socialista, en una de sus enmiendas de modificación, propone la modificación de una de las disposiciones adicionales referidas a la deducción por vivienda habitual en zonas rurales. Añade que en el caso de que el contribuyente haya trasladado su residencia a uno de los municipios, “se entiende que durante el ejercicio en el que se ha producido el traslado el contribuyente ha mantenido su estancia efectiva en el municipio de destino”.
Fotografía: Ayuntamiento de Méntrida
Volviendo al Grupo Popular y también centrado en la vivienda, en otra enmienda insta a la modificación del proyecto de ley para que la deducción por adquisición o rehabilitación de vivienda habitual en zonas rurales sea del 15% y no del 10% como establece el texto de la normativa. De igual forma, propone deducciones por celebración de contratos de alquiler de viviendas situadas en zonas con riesgo de despoblamiento y que constituyan o vayan a constituir la vivienda habitual del arrendatario. Las deducciones serían tanto para el arrendador como para el inquilino
Además de otras medidas sobre tipos impositivos para las transmisiones de inmuebles destinados a empresas, el PP también quiere que haya deducciones por fomento del autoempleo. Concretamente para jóvenes menores de 35 años que fijen su residencia habitual en zonas rurales: una deducción en la cuota íntegra autonómica de 1.000 euros. Los requisitos serían que la actividad se desarrolle en el territorio despoblado de Castilla-La Mancha y que el contribuyente mantenga la actividad al menos un año desde el alta.
Por su parte, parte de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Ciudadanos se centran en la ampliación de los beneficios fiscales al impuesto de Sucesiones y Donaciones. En estas propuestas pide que se apliquen en caso de adquisiciones “mortis causa” de empresas individuales (aquellas que se producen por muerte del donante y se rigen por el Código Civil), de personas con discapacidad, en adquisiciones “inter vivos” (personas vivas) entre empresas y en el caso de cesión de bienes inscritos en el Catálogo del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.
