Ya no hay excusas para que los ayuntamientos no afronten su labor en la lucha contra el cambio climático. Este fenómeno ha dejado de ser una cuestión exclusivamente supranacional de la que solamente se encarga Naciones Unidas, o únicamente estatal, con estrategias de país. Las administraciones locales tienen en sus manos numerosas posibilidades de afrontar los retos de supone que en el futuro se pueda hablar de ciudades “resilientes”, es decir, adaptadas positivamente a los cambios, cumpliendo con su papel de gestión más cercana a la ciudadanía y urbanísticamente sostenibles a corto plazo.
Este es el espíritu con el que se han presentado cuatro proyectos para la transición energética municipal en el marco del Conama Local 2019 que acoge Toledo hasta el próximo jueves. El primero de ellos, la ‘Caja de herramientas para la adaptación al cambio climático en las ciudades’, lo ha detallado Raquel Súarez, gerente senior de Forética, la asociación de profesionales de la sostenibilidad, que tiene como objetivo fomentar la integración de los aspectos sociales, ambientales y de buen gobierno en la gestión empresarial.
Partiendo del hecho de que en 2050, el 70% de la población global estará en las ciudades y demandará el 80% de la energía mundial, este colectivo considera que es imprescindible ajustarse a la Agenda Global como marco de acción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que arrancaron en 2015 y donde se realiza una “llamada a la acción” para las ciudades. La herramienta que Forética ha elaborado, con la ayuda de la Fundación para la Biodiversidad se basa fundamentalmente en la adaptación de las administraciones locales las consecuencias del cambio climático. Equipar a los ayuntamientos con la información y mecanismos necesarios para desarrollar sus estrategias y acciones es el objetivo de esta metodología.
Diagnóstico, transversalidad e impactos
¿En qué consiste? En primer lugar, se elabora un informe con el diagnóstico de riesgos y oportunidades de la ciudad en base al calentamiento global. Después se realiza un argumentario centrado en las áreas municipales a las que pueden afectar las medidas a desarrollar (un elemento de “transversalidad”). Se exponen casos de éxito nacionales e internacionales en ciudades punteras y, finalmente, una colección de soluciones empresariales, esto último con el foco puesto en España. Súarez ha detallado que adaptarse al cambio climático afecta a la industria, a la energía, a la vivienda, a los recursos hídricos, al transporte y al turismo, entre otras muchas variables. De ahí que haya recalcado la importancia de que los ayuntamientos conozcan al detalle cuáles pueden ser sus impactos directos, sobre todo en el ámbito del desarrollo urbano. “Todo va más allá de la gestión municipal ambiental y hace falta una visión 'largopaclista' independiente de los ciclos políticos”, ha subrayado.
De entre todos estos factores, la vivienda ha sido el área en el que se ha centrado Joaquim Arcas-Abella, socio fundador de Cíclica, donde han desarrollado una herramienta interactiva para la rehabilitación y transición energética de edificios: Urban ZEB, en marcha desde 2015. Se trata de un mecanismo a escala local cuyo principal aspecto innovador es que trabaja con fuentes de datos renovadas, que van más allá del censo de población y viviendas ahora vigente, y que data de 2011. Ellos analizan con información catastral, que les permite realizar sus trabajos desde el nivel autonómico al “nivel-edificio”. Desde ahí escalan al análisis de barrio, de ciudad, de metrópoli, de provincia y de comunidad autónoma.
Al poder realizar un análisis tan pormenorizado del edificio, con Urban ZEB se puede llevar a cabo una primera caracterización de las viviendas según su uso, propiedad y año de construcción, entre otras variables; y posteriormente su caracterización energética mediante un diagnóstico con varios indicadores que van desde el “comportamiento térmico” hasta su demanda energética y emisiones de CO2.
También puede desarrollarse una caracterización económica para identificar el coste de la energía y los niveles de pobreza energética. De hecho, con esta herramienta se realizan “simulaciones” de consumo de energía "edificio a edificio", y a partir de ahí, se generan “escenarios de intervención” y posibles soluciones totales y parciales, estimando costes de inversión y posibles puestos de trabajo. En base a todo ello, el objetivo es la búsqueda de la eficiencia, la habitabilidad y la inclusividad “en base a los nuevos modelos de convivencia”.
Al margen de la vivienda, desde ECO2innova, su gerente, Helena Fernández Castro, ha realizado por su parte una propuesta para una economía baja en carbono en el ámbito local. Ha recordado que las emisiones de gases de efecto invernadero no solo las provocan las grandes industrias sino también los edificios y transportes, una cuestión que “los ayuntamientos deben tener muy en cuenta” y a la que muchas veces “se resisten”, cuando “debe ser una estrategia de supervivencia trabajar en una economía baja en carbono”.
Esta firma trabaja con el indicador de la huella de carbono, que amplía las meras auditorías energéticas ya que ofrece más datos sobre emisiones. El primer paso más fácil para los ayuntamientos pequeños, ha remarcado, es que registren esa huella en el registro nacional creado para tal propósito. Con ello obtienen un certificado oficial del Ministerio para la Transición Ecológica y un sello de calidad, pero además, pueden inscribir proyectos como reforestaciones de forma que la absorción de emisiones de los mismos se pueda vender a empresas que no consiguen reducir las suyas. Actualmente, hay 32 “proyectos de absorción inscritos en España”.
La economía baja en carbono "ya es una realidad"
Fernández Castro ha insistido en que este tipo de economía baja en carbono “ya es una realidad” y que puede ayudar y estimular a los ayuntamientos en el ámbito económico, al igual que otras herramientas como los Proyectos Clima del Gobierno central para los “sectores difusos”, es decir, los que no están sujetos al régimen europeo de comercio de derechos de emisión, como el transporte, la agricultura, la vivienda o los residuos. Finalmente, ha recordado que permanece abierta la convocatoria del Real Decreto para proyectos de inversión que favorecen el paso a una economía baja en carbono.
Ha cerrado este bloque de intervenciones David Alba Hidalgo, del Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y de la asociación ‘Transitando’. Durante su intervención ha detallado los resultados de una encuesta sobre las políticas de cambio climático en 35 municipios de más de 20.000 habitantes de la Comunidad de Madrid. En su opinión, es imprescindible conocer las políticas públicas locales que se realizan para mitigar el cambio climático.
Según la muestra, la gestión del transporte, la de los residuos y la eficiencia energética con los aspectos más relevantes que se abordan desde los ayuntamientos, aunque también ha destacado que hay otras áreas como movilidad e infraestructuras que deben cumplir un papel fundamental. Como conclusión, ha referido que, de manera mayoritaria, toda las políticas municipales están orientadas a la mitigación y “no hay prácticamente adaptación”, es decir, todavía queda mucho trabajo por hacer.