Todos los indicios apuntan a que a finales de 2018 o principios de 2019 se aprobará la nueva Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas, una de las más importantes de la legislatura y la que supone buena parte de la gestión de Podemos en el Ejecutivo de Emiliano García-Page. Es posible que se retrase si así lo hacen también los presupuestos regionales debido a la inestable situación a nivel estatal, pero, de momento, en el segundo borrador del anteproyecto ya se establecen las bases de la denominada ‘renta mínima’ y sus garantías complementarias, un grueso normativo en el que también han participado numerosos colectivos sociales ¿Qué opinan de este texto aquellas entidades y profesionales que trabajan día a día con las situaciones de mayor vulnerabilidad y pobreza?

“Todo lo que sea avanzar en el reconocimiento de estos derechos subjetivos es mejorar”, destaca a eldiarioclm.es Carlos Susías, recientemente elegido presidente de EAPN en Europa. Recuerda que la Red Europea de Lucha contra la Pobreza siempre ha insistido en la necesidad de regular una renta mínima y que, precisamente debido a los esfuerzos que están realizando comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, debería también aprobarse una “estructura nacional de rentas mínimas”. Es unas de las demandas históricas de este colectivo.

Sobre el caso concreto de la ley castellano-manchega, explica que tiene un elemento “muy innovador”: la vinculación entre el empleo y las rentas mínimas. O lo que es lo mismo, la garantía de ingresos “se construye en base a una oportunidad de empleo y cuando esa circunstancia laboral no puede darse, se establece el ingreso mínimo”. “Esa es la forma de luchar contra la inclusión social y la pobreza”, subraya.

Argumenta Carlos Susías que la sinergia debe ser así, mediante un sistema de rentas mínimas tradicional conjugado con el sistema de acceso al empleo, “en este caso específicamente pensado para las personas más vulnerables”. De esta forma, la renta es mayor o menor en función de estar en un proceso de activación o no del empleo, y en paralelo, se establecen medidas complementarias en vivienda, educación y acompañamiento, un bloque “que tiene que ver con elementos que no son renta mínima pero ayudan a que los ingresos puedan ser optimizados: apoyos externos a la familia que durante la crisis se vieron muy menguados".

"Hay que coordinar los instrumentos administrativos"

De cara al futuro, considera que cuando esta norma entre en vigor, será importante ver la capacidad de gestión, de llevarla a cabo, de “coordinar los instrumentos administrativos” para que esa complementariedad entre los sistemas de empleo y los servicios sociales se lleve a cabo. “Deben funcionar de manera sincronizada porque además coincide con lo que nos está reclamando la Unión Europea”. Es más, considera “muy inteligente” que esta normativa se vaya a vincular al 20% del Fondo Social Europeo destinado a este tipo de estrategias contra la pobreza.

El presidente de EAPN en Europa también propone que los recursos de la futura Ley de Garantía de Ingresos no funcionen en base a los planes de empleo temporales con fechas concretas, sino “en cualquier momento del año”. Esta apreciación está en sintonía con la petición de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza para que el Gobierno central lleve a cabo un “pequeño” plan de empleo “permanentemente abierto”, junto con ayuntamientos y entidades sociales, destinado a las personas más vulnerables. “Esto permitiría cumplir con el objetivo de gasto dentro del Fondo Social Europeo y también generar más empleo, que sirve además para la recuperación personal y emocional. Un sistema de rentas mínimas no saca a la gente de la pobreza, mitiga sus efectos negativos, pero una vez que se vincula al empleo, es un avance importante. Generar expectativas de mejora es un intangible muy valioso”.

La valoración también es positiva en el caso del Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla-La Mancha. Su presidente, Florencio Alfaro, destaca que en una época en la que la brecha entre ricos y pobres ha aumentado y se ha instalado el “precariado” en unidades familiares con “infrasueldos” que tienen muy complicado cubrir necesidades básicas, “aunar y potenciar prestaciones de este tipo es bastante positivo”.

Una inversión en "prevención social"

“Es necesaria la atención integral a las familias, aumentando no solo la renta mínima garantizada con el Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS) como piedra angular, prestación que ya ha aumentado su cuantía y flexibilizado sus requisitos en esta legislatura; sino además coordinarlo con otra serie de prestaciones y recursos en los ámbitos educativos, laborales, formativos, sanitarios, de acceso a la vivienda, que eviten futuros problemas de exclusión”, argumenta. Además, deja claro que no hay que alarmarse por su supuesto coste, ya que “es una inversión en prevención social” que sale más barata, es más eficiente y que “dignifica a los individuos y a las familias”.

A este respecto, Florencio Alfaro opina que debe separarse este tipo de prestaciones de la intervención social. Subraya que esta última solo ha de ser necesaria cuando exista una problemática diagnosticada por los profesionales del trabajo social, y que en el resto de casos puede ser gestionada directamente por el Servicio de Empleo de Castilla la Mancha (Lanbide).

Finalmente, en Cruz Roja, su presidente regional, Jesús Esteban, resalta que para esta entidad, que viene dando respuesta a más de 50.000 personas anualmente dentro de sus programas de atención a personas en situación de pobreza y exclusión social, “es bienvenida una iniciativa como la que representa esta norma”.

“Somos testigos a diario de la situación de vulnerabilidad de las personas y observamos con preocupación cómo la falta de recursos afecta a diferentes esferas de la vida de las personas, no sólo en el acceso a bienes y servicios sino también a la participación social”, señala. Debido a ello, refiere que contar con una norma que reconozca el derecho subjetivo a una renta permite “profundizar en los procesos de integración social y laboral, lo que ayudará a reducir la exclusión”. De igual forma valora la incorporación de otras garantías complementarias que “afectan a la educación de los niños y las niñas, así como la participación en programas de empleo”.