Imagen de una nave derrumbada en el Polígono industrial de Toledo / Foto: Samuel Gutiérrez
La declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil el pasado 19 de enero a causa de la borrasca 'Filomena' y la posterior ola de frío para la comunidad de Castilla-La Mancha, entre otras del país, supone una primera convocatoria de ayudas destinadas a paliar daños personales para la ciudadanía de los municipios afectados.
En este sentido, según ha explicado el vicealcalde de Toledo, José Pablo Sábrido, estas cuantías podrán atender situaciones de fallecimiento y de incapacidad causados directamente por el temporal de nieve y frío. También es posible solicitar compensación por los daños materiales en viviendas y enseres así como en establecimientos industriales, mercantiles, agrarios, marítimo-pesqueros, turísticos y de otros servicios.
Sabrido ha insistido en la solicitud de esta convocatoria para posibles afectados para que "ningún particular pueda verse perjudicado" olvidando presentar la documentación requerida, que puede realizarse a través de la Subdelegación del Gobierno en la provincia de Toledo, aunque el Ayuntamiento también facilitará esta tramitación con las solicitudes que se presenten en dependencias municipales.
Los modelos de solicitud pueden encontrarse en este enlace de la página web oficial de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio de Sanidad, y los interesados disponen de un mes de plazo, a contar desde el pasado 19 de enero, por lo que la convocatoria estará abierta hasta el próximo 18 de febrero.
Además, ha recalcado el vicealcalde, los afectados tendrán que "estar pendiente de convocatorias específicas como consecuencia de la declaración de zona catastrófica". "El Ayuntamiento no es responsable de la gestión pero daremos el máximo apoyo a cualquier documento que se presente", ha reiterado Sabrido.
Respecto al plazo de resolución de esta convocatoria, ha indicado que, aunque es un expediente que no corresponde al Ayuntamiento, tendría que estar resuelto en un plazo máximo de seis meses.
