Ya ha pasado justo un mes desde que entrara en vigor la nueva contrata de Sinergias en los servicios de vigilancia y seguridad de la Junta de Castilla-La Mancha y los trabajadores han decidido trasladar las movilizaciones contra esta adjudicación, que no aplica el convenio estatal, al Museo del Ejército de Toledo. Aunque hasta ahora las han llevado a cabo todos los jueves ante las Cortes regionales y ante la sede del Gobierno autonómico, esta semana se han desplazado a este centro para denunciar que el Ministerio de Defensa ha adjudicado estos servicios a Marsegur S.A., del mismo entorno empresarial que Sinergias.
Los sindicatos han denunciado hasta ahora que, aprovechando que así se lo permite la reforma laboral del PP, tanto Marsegur como Sinergias Seguridad tienen su propio convenio de empresa, muy por debajo del convenio estatal del sector tanto en salarios como en condiciones laborales, lo que ha permitido a ambas empresas presentar las ofertas económicas más ventajosas en los concursos convocados por el Ministerio de Defensa y por la Junta.
Alrededor de una veintena de trabajadores, convocados por UGT, CCOO, Unión Sindical Obrera (USO) y el Sindicato Libre de Seguridad, se han concentrado con bocinas, pitos y banderas pirata en las puertas del Museo. Allí han clamado tanto contra la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, como contra el presidente del Gobierno castellano-manchego, Emiliano García-Page.
Jaime Santiago López, secretario del Comité de uno de los lotes de los edificios de la Junta en Toledo, ha remarcado que la entrada de la nueva empresa supone la bajada de un 40% en el sueldo. En el caso del Museo del Ejército, ha destacado que la adjudicataria es una "empresa hermana" que ya les debe al menos una nómina a los trabajadores. Los vigilantes de la Junta están a la espera de cobrar la primera nómina para constatar el descenso salarial y comenzar a convocar paros y huelgas.
Concretamente, el nuevo pliego de condiciones afecta un total de 130 trabajadores de la comunidad autónoma e incorpora un sueldo de 690 euros mensuales, por debajo de los 1.000 euros y del Salario Mínimo Interprofesional, según precisan fuentes sindicales.
La Junta, por su parte, mantiene su compromiso de velar por el cumplimento del pliego de condiciones y de actuar si no se cumple el convenio estatal del colectivo de vigilantes de seguridad. Pero los sindicatos siguen pidiendo que se incluya una cláusula en el pliego garantizando que se mantienen las condiciones laborales, a lo que hasta ahora se ha negado la compañía.