Contundentes y novedosas reflexiones se han puesto sobre la mesa en la primera sesión plenaria del I Foro Internacional de Migraciones y Convivencia Ciudadana 'Toledo Cultura de Paz', organizado por la Concejalía de Cooperación y Educación para el Desarrollo del Ayuntamiento junto con la iniciativa solidaria 365+1. Hasta cinco intervenciones han abordado, desde la experiencia y el análisis, los fenómenos migratorios y las políticas de asilo y refugio en todo el mundo, coincidiendo todos ellos en la necesidad de buscar soluciones de defensa de los derechos humanos a un fenómeno imparable y que adopta numerosas formas y complejidades.
La primera en intervenir ha sido la embajadora de México en España, Roberta Lajous, también conocedora de muchas de las políticas migratorias aprobadas en la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Ha destacado los esfuerzos “constantes y necesarios” que se han llevado a cabo sobre esta cuestión y ha recordado que México participa de todas las formas de la migración, con una diáspora de más de 12 millones de ciudadanos en Estados unidos, de los cuales la mitad se encuentra en una situación compleja. También este país es un receptor de tránsito de migrantes procedentes de Centroamérica y Caribe, y que desde el Gobierno se intenta que esa transición sea “lo menos penosa posible”, como “debe serlo en todo mundo”.
La embajadora ha realizado una defensa del Pacto Mundial para las Migraciones emanado de Naciones Unidas, resultado de unas negociaciones encaminadas a considerar las aportaciones de los migrantes para el desarrollo sostenible y apelar a la responsabilidad de todos los estados para “cambiar el discurso del odio y la xenofobia”. Roberta Lajous ha destacado que este pacto no es “un producto acabado” sino que todavía, aunque no tiene carácter vinculante, puede seguir sirviendo de guía para el entendimiento común. Para ello, marca como necesario que se centre “en la persona, en la cooperación internacional, en el enfoque de género y en los niños”.
Seguidamente, desde la Coordinadora Estatal de ONG de Desarrollo (CONGD), Irene Ortega, también especialista en cooperación internacional, ha querido hacer un llamamiento a la solidaridad entre los estados, desechando las visiones “egocéntricas” de las migraciones y el asilo, y de cara al trabajo de acompañamiento y asistencia que realizan los colectivos de la sociedad civil. Para ello, ha aportado algunos datos: el 86% de las personas refugiadas están en países con mayor índice de conflictos de todo el mundo, y unas 1.000 millones de personas son migrantes, de las cuales 759 millones no salen de sus fronteras, son desplazados internos, sobre todo en países del África subsahariana y Latinoamérica.
Contemplar las migraciones de manera global
Es el motivo por el que ha pedido “ampliar la mirada” más allá de lo que sucede en el Mediterráneo. “Hay que desmontar mitos, informaciones sesgadas, y contemplar las migraciones de manera global, desde el enfoque de los derechos humanos” y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. La premisa es tan sencilla como partir de que las migraciones son “consustanciales al ser humano” aunque haya ciertos procesos que las aceleran, y por tanto es exigible un “pacto global” que así lo reconozca. En este escenario debe contemplarse también el hecho de que cada vez hay más flujos mixtos, como las migraciones por causas climáticas, por desigualdad y por pobreza.
“Hay muros en Europa, en Israel, en Estados Unidos, en Asia… Muros en todas partes, también culturales, y España ha demostrado la cicatería con la que elabora sus políticas de asilo”, ha denunciado, condenando también que muchos estados entorpezcan con ello la labor que realizan las organizaciones que trabajan bajo principios humanitarios: “Salvar vidas es un imperativo moral, no puede relativizarse”. Finalmente, ha llamado a la construcción de una ciudadanía global y a combatir el discurso del odio mediante la interculturalidad y una “narrativa alternativa" que derribe fronteras culturales.
Después ha sido el turno del testimonio personal de Jira Bulahi, embajadora en España de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). Ha hablado de los saharauis como los “refugiados de España, para bien y para mal”; no como migrantes y sí como un elemento “anacrónico en la historia”. “Hemos crecido sin intención de establecernos en otros sitios, pero ese mundo tan desarrollado que hay en otras partes también lo queremos para nosotros”, ha afirmado, explicando que es el motivo por el que las sucesivas generaciones del Sáhara Occidental, desde que dejó de ser colonia española, se han formado y cualificado en el objetivo de conformar las estructuras de un “futuro Estado”. Todo ello pese a que “se nos aniquiló de la ecuación, se nos prometió luego una salida y después del tiempo no ha habido nada”. En este conflicto, la embajadora también ha remarcado la necesidad de entender que el pueblo saharaui no tiene ningún vínculo étnico ni histórico con Marruecos (país como “fuerza ocupante”) y que por tanto ellos mantienen su derecho a la autodeterminación.
“Hemos estado intentando establecer las bases de un estado sahararui siempre desde una noción de paz (…) Hemos perdido la soberanía, los espacios y muchas vidas, pero no perderemos la noción de dignidad necesaria para que valga la pena nuestra batalla”. Junto a ello, Bulahi también ha reprochado que España nunca se haya “mojado” para solucionar esta cuestión y que el problema sahararui sea el resultado de “una política exterior no subsanada". Pese a todo, ha defendido el idioma español y ha apostado por la interculturalidad como forma de desarrollo. Su conclusión ha sido que el pueblo sahararui no es apátrida, “nadie lo es”, ya que cada persona "nace sobre un espacio que le pertenece".
Otras cuestiones más globales ha abordado Héctor Romero, coordinador del Máster en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha planteado la necesidad de construir un nuevo lenguaje político en conceptos que se han “vaciado de contenido”: la soberanía, el refugiado y la frontera. En el primer punto se ha referido al “fracaso" de la Unión Europea en la crisis de los refugiados sirios cuando “había un marco legal que permitía gestionarlo de forma más humana”, algo que ha sucedido por un “claro problema de calidad y profundización democrática”. Porque, ¿quién manda?, se ha preguntado. Según ha dicho, en una estructura multinivel como la UE, cuando hay un problema que afecta de manera diferente a los estados miembro, “o no se resuelve o se resuelve mal” puesto que “no hay experiencia más allá de la soberanía nacional”.
Sobre el concepto de refugiado, Romero ha apostado por redefinir los sistemas de protección en situaciones donde la violencia hace que el desplazamiento forzado alcance “la dimensión de una guerra”. Es decir, “hablamos de una problemática más global y compleja” que requiere, asimismo, terminar con ciertas “perversiones morales en las que se diferencia entre refugiados y migrantes en cuanto a derechos humanos”. Finalmente, sobre las fronteras, ha resaltado cómo se han desdibujado debido a su externalización, a diversas tecnologías de vigilancia y a la “gestión autoritaria” que muchos países hacen de las mismas.
Por encima del "miedo a perder nuestros privilegios"
“El reto es enorme. Los desplazamientos por tendencias demográficas, climáticas, por conflictos y por desarrollo nos obligarán a radicalizarnos en el sentido de pensar desde la raíz para luchar contra la injusticia por encima del miedo a perder nuestros privilegios. Nuestras sociedades se tienen que transformar radicalmente para la acogida”.
Estas palabras las ha refutado abiertamente el jurista y académico, Juan Miguel Ortega, experto en relaciones internacionales, quien ha llamado a no olvidar la importancia del individuo, de la persona y que la libertad de movimientos es consustancial al ser humano.
No obstante, ha defendido que en Europa existen normas europeas que no se cumplen pero que “están ahí”. “Los estados miembro son conscientes de que el refugio y el asilo forman parte de sus obligaciones y en lugar de afrontarlo de manera protectora, se han dedicado a utilizar eufemismos como hablar de medidas complementarias que han terminado por erosionar las propias normas. Pero esas leyes existen, se pueden perfeccionar y es nuestro deber hacerlo”, ha añadido. Así, ha pedido “levantar parte del velo de la responsabilidad sobre la UE y la ONU, que pueden ser la solución a un problema global en el que todos debemos trabajar conjuntamente”.