Imagen de archivo / Europa Press
Desde que comenzó la pandemia de COVID-19, hubo numerosos sectores que rápidamente detectaron que no se trataba solo de una emergencia sanitaria, sino que sus ramificaciones se extendían también al ámbito de una crisis social. Una crisis, por tanto, socio-sanitaria cuyos primeros efectos comenzaron a verse casi inmediatamente en Castilla-La Mancha, una de las regiones españolas con mayor índice de pobreza. Con el cierre de la actividad del sector de los servicios y buena parte de la industria, se disparó el número de personas en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión, y la maquinaria de los servicios sociales y de las ONG no dejó de funcionar para llegar a todos los rincones.
Esta ha sido una situación que se ha dado y se seguirá dando, aún con mayor virulencia según los expertos, en todo el país, y fue lo que precipitó la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), una renta básica para las familias y particulares en peor situación que en el caso de Castilla-La Mancha traería consigo efectos colaterales. Después de que el Gobierno de Emiliano García-Page aprobara en mayo un conjunto de ayudas de emergencia con motivo de la COVID, meses después la Consejería de Bienestar Social anunciaba que eliminaba parcialmente el Ingreso Mínimo de Solidaridad (el IMS, la ‘renta mínima’ autonómica) para la implementación de esa renta estatal. Con ello estalló la polémica.
Ni los requisitos ni el ámbito de actuación del Ingreso Mínimo Vital es el mismo a nivel estatal que autonómico. Esto provocó una cascada de críticas por parte sobre todo del Colegio Oficial de Trabajo Social, que hablaron de una “tormenta perfecta” de personas sin acceso a ninguna prestación precisamente en los peores momentos de la pandemia. No solo muchas personas no cumplían los requisitos para la renta estatal, sino que otras no podían solicitarla porque se estaba produciendo un “atasco” en sus tramitaciones.
La Consejería de Bienestar Social explicó que había decidido sustituir su renta mínima autonómica por la estatal para evitar futuras "incompatibilidades": el Ejecutivo no quería tener que pedir devolución de ingresos indebidos a personas con ambas ayudas. Y según anunció a elDiarioclm.es, ahora está preparando un decreto de ordenación de todas las prestaciones sociales para facilitar el acceso de la ciudadanía en situación más desfavorecida.
El prometido reajuste de prestaciones
Hay que tener en cuenta que, aparte del IMS eliminado y del IMV estatal cuyas concesiones están aumentando en la región, en esta comunidad autónoma también existen las Ayudas de Emergencia Social (AES) y otras destinadas a familias numerosas. Lo que quiere la Junta es unificarlas todas para facilitar y agilizar su concesión. Según los últimos datos aportado por el Gobierno central, el Ingreso Mínimo Vital llegará en diciembre a un total 6.173 hogares de Castilla-La Mancha, en los que viven más de 18.500 personas. La Seguridad Social ha logrado tramitar prácticamente el 80% de los expedientes y además ha anunciado mejoras para acreditar la unidad de convivencia para las personas que comparten piso y para las personas sin hogar. Mientras, sigue pendiente que la Junta de Castilla-La Mancha lleve a cabo el prometido decreto de reunificación para dar mayor agilidad a los trámites en la región.
No es el único gran reto en política social que tiene por delante el Ejecutivo castellanomanchego. El año 2021 será también el del nuevo decreto que regulará los servicios sociales concertados de la región. Cuando el pasado mes de febrero se aprobó la Ley del Tercer Sector de Castilla-La Mancha, pocos preveían que las organizaciones, colectivos y entidades que forman parte del mismo se enfrentarían con una situación inédita que está poniendo a prueba toda su capacidad, debido a la pandemia. Ya entonces, este sector celebraba la nueva normativa por otorgarles seguridad jurídica pero también demandaba que fuera acompañada de un nuevo concierto social -la acción concertada de la Administración pública con estas entidades cuando no dispone de medios propios para cubrir la demanda- y así lo recogió finalmente la ley.
El decreto para el nuevo concierto social ya ha pasado por trámite de información pública y tiene como objetivo darle unidad a las fórmulas de concertación no contractuales llevadas a cabo hasta ahora dentro del Sistema Público de Servicios Sociales. La intención de la Junta con esta iniciativa es realizar procedimientos de concertación más ágiles para “evitar cargas administrativas innecesarias”, y también de transparencia, ya que establece la obligación de publicar los conciertos que se celebren. Entre sus principales novedades destaca que tendrán preferencia las entidades privadas que tengan reconocida la condición de Tercer Sector “cuando existan análogas condiciones de eficacia, calidad y costes”.
Precisamente, relacionado con estas entidades se encuentra también otro reto: la recién constituida Comisión para el Diálogo Civil con la Mesa del Tercer Sector Social de Castilla-La Mancha. Es un nuevo órgano con el que el Gobierno regional pretende, entre otras cosas, impulsar un foro de diálogo, colaboración y cooperación permanente, para coordinar acciones a favor de los derechos sociales, la inclusión social y la lucha contra las situaciones de exclusión y pobreza en la comunidad. Entre sus fines, se encuentra la redacción de un código ético para las entidades que lo conforman. El año 2021 será el de su puesta de largo.
Pero, por el contrario, el gran “punto negro” del año para los colectivos del Tercer Sector y las ONG ha sido la eliminación de las ayudas a la cooperación internacional. Casi 2 millones de euros del presupuesto de Castilla-La Mancha que estas asociaciones han dejado de percibir debido a que se derivó a “otros gastos” derivados de la COVID. La Coordinadora de ONG de Desarrollo lleva semanas denunciando esta decisión al considerar que con ello la región ha demostrado su “falta de solidaridad” con las zonas más pobres del planeta y las que “peor lo están pasando” por la pandemia.
Desde la Consejería de Bienestar Social anunciaron que se aprobaría una nueva convocatoria a principios de 2021, que estas organizaciones esperan expectantes junto con una nueva Ley regional de Cooperación. Mientras, el Gobierno regional sí que ha aprobado las ayudas emergencia humanitaria y las de educación al desarrollo, que suponen un menor coste de dinero público.
