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Tras varios meses de polémica, el pasado 17 de febrero el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha aprobó, con los únicos votos de la mayoría absoluta del PSOE, la nueva Ley de Aguas de la comunidad autónoma. Supone una renovación de la anterior normativa sobre este recurso pero a su vez incorpora lo que el Ejecutivo ha denominado “Canon Directiva Marco del Agua”: un nuevo impuesto que grava el uso y consumo del agua derivado de un mandato europeo ya aplicado en otras 12 comunidades autónomas, incluso con tasas más altas. El PP se opuso a esta medida pese a que entre las autonomías que ya recaudan este impuesto hay cinco gobernadas por este partido.

Ahora, la guerra en Ucrania por la invasión de Rusia y la posterior coyuntura económica en toda Europa han llevado al Gobierno castellanomanchego a decidir que no lo va a aplicar. Así lo ha anunciado Emiliano García-Page (afirmando que está “a pie de calle” y que conoce la oposición al canon) y así lo va a tramitar el Grupo Socialista a través de una proposición de ley.

Este impuesto contempla en el caso de Castilla-La Mancha una cuota fija de dos euros y otra mensual de 1,42 euros para el consumo de dos personas en municipios de menos de 2.000 habitantes, que sube a 2,13 euros en los municipios entre 2.000 y 5.000 habitantes, y que llega a los 2,84 euros en localidades mayores de 5.000 habitantes.

Es esta cuota mensual variable la que presenta notables diferencias entre autonomías. Porque aunque otras regiones mantienen una cuota fija más baja o progresiva, solo Extremadura tiene una tasa mensual variable más baja que Castilla-La Mancha. Los precios del impuesto van desde los 1,61 euros por dos personas en grandes municipios de Andalucía hasta los casi 7 euros que se cobran en la Comunitat Valenciana.

¿Por qué su suspensión?

La cuestión es por tanto qué argumentan el Gobierno autonómico y los socialistas castellanomanchegos para quitar un impuesto recién aprobado y que se mantiene en otras regiones. En su proposición de ley, el PSOE apunta que el agua es un bien escaso y un derecho universal cuyo uso es preciso racionalizar debido a los ciclos de sequía y al cambio climático. Señala que esta la filosofía es la que llevó a la UE a aprobar en su día la Directiva Marco del Agua (DMA), que impone una orientación política al respecto, así como derechos y obligaciones a las instituciones, empresas y ciudadanía.

Recuerdan que esta obligada aplicación llevó a la aprobación de la nueva Ley de Aguas de Castilla-La Mancha, cuyo principal objetivo es “garantizar a la ciudadanía el acceso sostenible al agua potable en cantidad y en calidad suficiente, mediante la construcción de nuevas infraestructuras, asegurando además que el agua utilizada retorne al medio natural en condiciones adecuadas”.

Pero entre estas medidas la ley regional incorpora la obligación establecida en el artículo 9 de la Directiva Europea del Agua de aplicar un canon europeo medioambiental. Castilla-La Mancha era una de las pocas comunidades autónomas que todavía no lo había incorporado a su legislación, estando en el límite de lo permitido por las instituciones europeas.

De hecho, recuerdan los socialistas que diversas comunidades autónomas aplican, desde hace años, ese canon pero con los tipos impositivos mucho más altos que los decididos para Castilla-La Mancha ya que quienes tienen la obligación de aplicarlos pueden decidir si lo hacen con el tipo mínimo o el máximo establecido por las leyes. La norma regional decidió establecer los tipos bajos lo que implica crear un sistema fiscal progresivo.

“No es el momento adecuado”

En el texto, el Grupo Socialista argumenta asimismo que la mencionada ley se redactó y aprobó en un contexto de “clara recuperación económica”, tras la pandemia. Pero añade que la invasión de Ucrania el pasado día 24 de febrero (una semana después de la aprobación de la ley regional), tiene “unas claras repercusiones económicas en el seno de la Unión Europea” que hacen “que no sea el momento más adecuado para poner en marcha en nuestra región este tipo de canon”.

Es el motivo por el que, considerando el contexto económico y social, el PSOE propone a las Cortes paralizar la aplicación efectiva de este impuesto sin tiempo establecido y “con el compromiso de no imponerlo mientras no exista una clara y consolidada recuperación económica”. Para ello, establece en la proposición de ley un artículo único en el que se suspenden todas las disposiciones de la nueva Ley de Aguas que regulan el canon.

El foco del Gobierno y del PSOE está ahora puesto en el PP. Tanto su líder regional, Paco Núñez, como los miembros del partido, han pedido repetidamente derogar este impuesto y votaron contra la ley en su debate parlamentario, pese a que otras comunidades con gobierno de los ‘populares’ lo recaudan, por lo que los socialistas ahora les piden “coherencia” para apoyar su suspensión y que otras autonomías “imiten” a Castilla-La Mancha. De momento, Núñez se ha limitado a arrogarse el haber “doblegado” a Page.

Por otra parte, más allá de la marcha atrás en la aplicación de este impuesto, García-Page ha anunciado su intención de abrir un debate sobre esta cuestión en el seno de la Unión Europea, con la intención de conseguir su suspensión, no ya indefinida, sino definitiva.