Mientras el bloqueo de la situación política a nivel nacional permanece inalterable, uno de los temas candentes de actualidad ha sido el dinero que las comunidades autónomas están dejando de percibir por la deuda que el Gobierno central en funciones mantiene con ellas en base al sistema de financiación autonómica. Este último es un complejo modelo que viene determinado por muchas variables, pero la espita del debate actual son las denominadas “entregas a cuenta”.
¿Qué son? Según el modelo actual de las autonomías de régimen común (todas excepto País Vasco y Navarra) vigente desde enero de 2009, los impuestos compartidos entre el Estado y las autonomías y los fondos como el de Garantía, funcionan en base a cálculos estimatorios. O lo que es lo mismo, el Estado realiza una estimación de cuánto puede gastar cada autonomía y realiza el ingreso correspondiente.
Después, es a los dos años cuando se determina si ese importe ingresado queda por encima o por debajo de lo percibido, para hacer la liquidación correspondiente. El problema es que la liquidación que ahora debe realizarse de los ingresos de 2017 es negativa para Castilla-La Mancha. Es decir, el Estado debe pagar más de lo que estimó.
Recientemente, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, se ha referido en un par de ocasiones a esa deuda, que ha cifrado en 360 millones de euros. Según precisan fuentes del Gobierno regional, ese es el importe que resulta de sumar las entregas a cuenta de 2017, que son 225 millones de euros, al IVA de la liquidación de ese año, que asciende a 135 millones de euros.
Denuncia, no; reforma, sí
La cuestión es tan compleja como preocupante, sobre todo después de que la Generalitat de Catalunya haya anunciado su intención de denunciar al Estado por no haberse abonado la deuda correspondiente, algo que según la Abogacía estatal no puede realizar el Gobierno central al estar en funciones. Aunque desde Castilla-La Mancha no está prevista ninguna medida de en ese sentido, la Junta sí ha propuesto que se modifique la norma que impide realizar el pago, sobre todo cuando la situación sigue bloqueada y se atisban nuevas elecciones generales.
El dinero que deja recibir tanto Castilla-La Mancha como otras regiones condiciona, entre otras cosas, la política de estabilidad presupuestaria que deben cumplir. De hecho, el Gobierno castellanomanchego ya ha advertido de que probablemente no podrá cumplir con el déficit si no se le ingresa ese dinero. No obstante, al considerar que sí hay estabilidad económica en la región, la Junta ha aprobado recientemente su techo de gasto no financiero para los Presupuestos autonómicos de 2020 y no prevé que haya problemas para la aprobación de las cuentas públicas regionales del año que viene.
Las complicaciones van más allá si se tienen en cuenta otros factores que, en el caso de Castilla-La Mancha, se corresponden con el envejecimiento de su población. El Gobierno regional ha pedido en varias ocasiones al Ejecutivo central que aborde la problemática de la financiación del Sistema de Dependencia y la deuda de entre 400 y 500 millones de eurosque el Ejecutivo del Partido Popular mantenía con Castilla-La Mancha desde 2012. En este caso, hablaríamos de duplicar o incluso triplicar el importe de la deuda.
De momento, la cuestión permanece estancada y pendiente de las negociaciones para que pueda haber un nuevo gobierno antes del 23 de septiembre, fecha en la que expira el plazo para convocar nuevas elecciones. Y al margen de las fechas, sigue vivo el debate sobre la necesidad de reformar el modelo de financiación autonómica, una petición de todos los ejecutivos autonómicos que sigue en el aire.
