Promueven una consulta vinculante en Quismondo acerca de la privatización del agua

IU, junto con los partidos de la oposición en el Ayuntamiento, han registrado 471 firmas -una cifra superior a los votos que consiguió el actual alcalde- para solicitar una consulta vinculante acerca de una posible privatización de la gestión del agua

 

Izquierda Unida, junto con los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Quismondo (Toledo), han registrado 471 firmas para solicitar una consulta vinculante organizada por el Consistorio con el objetivo de que los vecinos del municipio expresen su voluntad acerca de una posible privatización de la gestión del agua.

El Ayuntamiento de Quismondo ha convocado un pleno extraordinario, a petición de los grupos municipales de la oposición, para debatir sobre si el pueblo debe privatizar la gestión del abastecimiento del agua y en el cual se entregarán las casi 500 firmas que han recabado en los últimos días.

Los impulsores de esta iniciativa han conseguido más firmas que votos obtuvo el actual alcalde del Partido Popular, José Eugenio del Castillo.

El concejal de Izquierda Unida de Quismondo, José Andrés Criado, ha señalado que la posible privatización "va a ser un problema o bien para las arcas del Ayuntamiento o bien para los vecinos del municipio, ya que va a terminar repercutiendo en las tasas que se pagan".

Criado ha aseverado que "las empresas privadas tienen como finalidad obtener beneficios y no realizan el mantenimiento adecuado".

Un ejemplo, a su juicio, es la depuradora de la localidad toledana que se ha remunicipalizado, según el concejal hay "un deterioro de las instalaciones por dejadez de la empresa, y el coste de la reparación ascenderá a 24.000 euros que tendrán que pagar todos" los vecinos.

Pilones de agua en Quismondo / Ayuntamiento de Quismondo

Desde Izquierda Unida Quismondo defienden la remunicipalización del servicio del abastecimiento del agua y solicitan como "mecanismo democrático" una consulta vinculante organizada por el Ayuntamiento para que todos los vecinos puedan expresar su voluntad sobre una gestión "tan fundamental como es el derecho humano del agua que encadenaría a la ciudadanía a un contrato privado por 25 años".

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