El nuevo Reglamento de Caza de Castilla-La Mancha ha levantado ampollas en la región, como ya lo hizo en su momento la ley matriz que lo engloba, aunque en esta ocasión de forma más concreta porque es en el desarrollo reglamentario donde se especifican y regulan ciertas prácticas. Tanto los grupos ecologistas y animalistas, por un lado, como los cazadores, por otro, han manifestado sus críticas, aunque en diferente sentido, desde la aprobación del polémico Reglamento. Las repasamos y hablamos de ellas con el director general de Medio Natural y Biodiversidad, Félix Romero, quien lleva la voz y competencias de esta cuestión dentro de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

Una de las reacciones más inmediatas que siempre se producen ante cualquier cambio en el sector cinegético castellanomanchego es la del colectivo animalista. PACMA fue de los primeros en valorar el Reglamento y lo hizo criticando que “acercaba peligrosamente a niños y jóvenes a la violencia contra los animales y al maltrato animal en general”.

Interpreta Félix Romero que esta crítica puede estar vinculada a la apuesta del Gobierno regional por garantizar que no haya ruptura entre el colectivo de cazadores y las nuevas generaciones. “Si no hubiera una generación de gente que continúe cazando, tendríamos un problema de gestión de la fauna silvestre en sobreabundancia muy importante. No podemos generar una ruptura en ese sentido, y el territorio va a necesitar la práctica de la caza durante mucho tiempo”, subraya. Para ello, el Gobierno regional ha hecho “una labor pedagógica entre los jóvenes para que sepan qué significa la caza ética y sostenible, diferenciada y de calidad”. Y agrega que esta nueva concepción la ha ido aprendiendo poco a poco también el propio sector de los cazadores “para que no valga cualquier tipo de prácticas”.

A este respecto, considera indispensable aprender el significado de la caza en el medio natural como “equilibrio entre ecosistemas”, o lo que es lo mismo, diferenciar “cuándo el disparar a un animal tiene un sentido ecológico, de gestión del territorio y cuándo se está maltratando a los animales”. Porque “ahí estamos en contra y la legislación regional de bienestar animal así lo recoge”.

El director general deja claro que el Gobierno regional no es animalista en el sentido de que vaya a prohibir la caza o eliminar la carne en los procesos de consumo, sobre todo cuando “tiene un valor socio-económico” en la región. Dicho esto, señala que es importante diferenciar la caza del “sentimiento de protección a ultranza de los animales”. “Una cosa es proteger los derechos animales y otra que el ser humano renuncie a su condición de carnívoro y a su instinto de actuación sobre el territorio en base a una actividad tan ancestral como es la caza, anterior a la propia agricultura”.

La "caza ecologista"

De hecho, mantiene que uno de los principales valores sobre los que sustenta hablar de “caza ecologista” es la necesidad de garantizar el equilibrio entre el sustrato vegetal que mantiene a la fauna herbívora. “No es que nos guste matar animales, es que sobre la caza se asienta ese equilibrio”. Por eso afirma que todo lo que sea fomentar o promover esta actividad siempre generará la crítica de quienes defienden la concepción de los animales como seres sintientes. “Entendemos que es una sensibilidad social que está ahí pero también sabemos la situación de nuestros recursos naturales y sabemos que en este momento la caza es necesaria, una actividad que en todo el mundo tiene una influencia importante en cómo se modelan los paisajes y el equilibrio entre fauna y vegetación”.

Por otra parte, el Reglamento también incorpora la prohibición de la munición de plomo, una cuestión que provocado las críticas de la Federación regional de Caza. El director general de Medio Natural recalca que es una cuestión de coherencia. “Es un metal pesado y tiene un impacto en los ecosistemas acuáticos, donde ya estaba prohibido utilizarla. Ahora hemos querido dar un paso más porque sabemos que esos metales tienen una carga química que se dispersa durante muchos años de actividad intensiva y que se va dejando en el monte y es arrastrada por las lluvias”.

A ello añade que esa coherencia también está relacionada con la apuesta del Gobierno de Castilla-La Mancha y del sector de la caza es defender la idea de que la carne de caza es muy saludable si procede de una gestión sostenible del territorio, “con una aceptación en todo el mundo a través de los canales de exportación”. “Eso nos da mucho valor y no tiene sentido que queramos ayudar al territorio con promoción de la carne de caza y que al mismo tiempo, lleve plomo. Desde el punto de vista de salud pública sería un problema”.

Europa Press

De cualquier forma, subraya que entiende las dificultades derivadas del encarecimiento de la munición y la búsqueda de alternativas, motivo por el que el Reglamento establece un periodo de transición de tres años, “pero a la industria balística hay que darle una señal clara de que el cambio se va a dar”.  “En el camino de una caza ética y sostenible, el plomo tiene que ir desapareciendo”, avisa.

Otra de las cuestiones que motivó cierta polémica entre cazadores incluso cuando el Reglamento era solo un borrador fue el hecho de que ahora los dueños de los cotos sean responsables de las irregularidades que se cometan en estas zonas. Romero explica que este texto establece que los cotos deben dotarse de un sistema de vigilancia acorde con su actividad cinegética: “Si cuentan con ello y un vigilante detecta que hay veneno o hay una caza furtiva y se pone en conocimiento de las autoridades, nunca tendrá ningún problema ningún dueño de coto”.

“Lo que no tienen que hacer es callárselo o taparlo, porque los jueces cuando tienen delante por ejemplo un caso de venenos, trabajan y se aseguran de que tienen todas las pruebas en sentido claro como para determinar la responsabilidad. Si hacen las cosas bien, si alguien viene a ponerles en una situación complicada, eso no va a pasar si disponen de vigilancia y actúan correctamente, porque los jueces tienen claro el grado de aplicación de esta legislación. Es más un miedo a algo que puede pasar, pero que no sucede en el día a día”.

¿Puede ser la caza sostenible?

Finalmente, el director general de Biodiversidad comenta también las críticas de la Plataforma en contra de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha, conformada principalmente por colectivos ecologistas. Esta asociación considera que el Reglamento es insostenible cuando se mantienen prácticas como la caza de perdiz con reclamo, la del zorro, la cetrería o las aves migratorias. Argumenta sobre ello que cualquier ecosistema es sostenible “en la medida en que sus elementos principales no desaparezcan ni se desestabilicen”.

Está convencido de que ninguna de las prácticas mencionadas implica la desaparición de ninguna de las especies en peligro de extinción. Es más, recalca que el águila imperial, el lince o el buitre negro “conviven perfectamente con la caza” porque su peligro ha estado vinculado al uso del veneno, la fragmentación del hábitat o la electrocución, no a actividad cinegética. “No es tanto la práctica en sí como el impacto que esa práctica tiene. El problema ecológico no lo determinan las modalidades sino el hecho de que la población de una especie amenazada esté en peligro porque ejerzamos un exceso de presión cinegética”.

Por eso, concluye, en el caso de las aves migratorias, un ejemplo de cómo el Gobierno autonómico controló esa presión fue la moratoria para la tórtola cuando se comprobó que su población no estaba asegurada. “Es muy bueno que exista una visión ecologista y que se realicen críticas porque nos sirve a todos de referencia, pero nosotros buscamos el equilibrio entre todos, y ese es el camino para una caza ética y sostenible”.