Ya ha salido a información pública el proyecto de decreto mediante el que se regulará la profesión de guía turístico en Castilla-La Mancha. Se trata de una normativa muy demandada en la región después de que en 2011 se traspusiera la directiva europea y el Gobierno español aprobara la conocida como Ley Ómnibus: permitía que todas las habilitaciones profesionales en este sector expedidas por cada comunidad fueran válidas en todo el territorio nacional. La situación se complicó cuando en comunidades como Canarias se eliminaron trabas para los graduados en Turismo que siguen existiendo en otras autonomías. O lo que es lo mismo, un guía podía trabajar en Castilla-La Mancha con un carné de Canarias. Ahora el Gobierno castellano-manchego quiere “flexibilizar” el sector mediante la habilitación directa para los graduados en Turismo y además regula una vía de acceso alternativa para otras licenciaturas.

Actualmente la profesión de guía turístico en Castilla-La Mancha se regula por un decreto del año 2006 que prevé que para ejercer esta profesión es obligatorio realizar servicios de información, de acompañamiento o de asesoramiento en los bienes declarados de Interés Cultural (BIC) de toda la región o en los cascos históricos de las ciudades patrimonio: Toledo y Cuenca. Con esta normativa en vigor, un guía castellano-manchego que quisiera, por ejemplo, ejercer en Madrid, debía realizar los exámenes correspondientes a esa comunidad.

Los problemas comenzaron a partir de 2011, cuando se traspuso la Directiva Europea de organización de estos servicios y como respuesta el Gobierno español aprobó la Ley Ómnibus, que dio la vuelta a todo el sector: introdujo que todas las habilitaciones profesionales expedidas por una administración autonómica eran válidas para todo el territorio nacional. A partir de ese momento, un guía castellano-manchego que tuviera su Grado de Turismo y realizara los exámenes de acceso en una región determinada, tenía habilitación para trabajar en toda España, ya no había limitación territorial. De igual forma, los guías de Madrid o de Andalucía podían trabajar en Castilla-La Mancha. Fue una liberalización total del sector.

Pero ese mismo año, el Gobierno de Canarias rompió la baraja: aprobó un decreto en el que establecía una “habilitación directa” y eliminaba los exámenes. De esta forma, quien tenga la titulación de Turismo ya dispone de la cualificación suficiente para ser guía, sin ningún tipo de examen. El Ejecutivo canario regresó con ello a la vía directa de los años 90, cuando las comunidades autónomas se regían por la normativa del Estado, antes de las transferencias autonómicas.

La 'rebelión' del sector

La iniciativa de Canarias hizo que mucha gente acudiera allí a sacarse el carné de guía turístico y, en base a la Ley Omnibus, comenzaron a ejercer en Castilla-La Mancha una gran cantidad de profesionales con el carné canario. Legalmente era correcto, aunque se produjo una contestación sobre todo desde el sector de los guías toledanos. Además, con ello se abrió la veda y comenzaron a promulgarse decretos similares en otras comunidades autónomas como Andalucía, Aragón o Comunidad Valenciana, siguiendo el modelo de “habilitación directa” de Canarias.

La realidad hoy en día es que todas estas comunidades han optado por una doble vía de acceso para ser guía turístico: una habilitación directa con una serie licenciaturas y otra indirecta por exámenes para quien no tenga esa titulación de turismo, pero sí licenciatura en otras carreras, acreditando o bien unas unidades competencia, o bien los exámenes que convoque la Administración.

Según explica la directora general de Turismo de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Fernández Samper, esta comunidad no ha sido ajena a lo que sucedido en otras regiones: “Si ponemos exámenes para los licenciados en Turismo, la gente buscará la vía fácil y trabajará aquí con un carné de Andalucía, de Canarias o de Aragón. Corríamos el riesgo de poner más trabas a los guías turísticos”

Por eso finalmente ha optado por la vía del doble acceso. ¿Qué significa? En primer lugar, a los graduados en Turismo y a los titulados superiores de Formación Superior en esta disciplina, se les dará la habilitación directa como guía. En segundo lugar, para el resto de licenciaturas, o bien se realizarán los exámenes de acceso, o se deberán acreditar tres tipos de competencias: conocimiento del patrimonio, acompañamiento turístico en bienes de patrimonio y dos idiomas como mínimo con nivel B2. Ocurre que licenciaturas como Historia, Historia del arte, Humanidades o Bellas Artes ya incorporan dos de estas competencias. En estos casos, solo haría falta acreditar los dos idiomas. Pero por ejemplo, un licenciado en Periodismo tendría que acceder a la habilitación, o bien con el examen de acceso, o bien acreditando estas tres competencias mediante cursos o un máster.

Formación y especialización

En realidad, explica la directora general, con este nuevo decreto se eliminarán las trabas para los graduados en Turismo y al mismo tiempo, se establecen requisitos “adecuados” para quienes no lo son. “El buen guía siempre se tiene que estar formando. Es una profesión que requiere de mucho estudio y formación. De hecho, creo que requiere tanta especialización que al final el mal guía no trabaja”, subraya.

La principal prioridad, destaca, es buscar la equiparación de Castilla-La Mancha con otras comunidades autónomas y “dar los mismos derechos y oportunidades a nuestros licenciados en Turismo” porque “nos parecería injusto y absurdo que para empezar a trabajar no les demos esa facilidad”. “Lo hemos flexibilizado porque otros ya lo han hecho, pero tampoco queríamos que con ello fuera fácil para quienes no tienen esa formación. Estamos generando oportunidades de desarrollo profesional a los titulados, para que así puedan incorporarse a un mercado laboral creciente”.

Actualmente, un alto porcentaje de los guías turísticos castellano-manchegos ejercen en Toledo, muchos más que en Cuenca. Con el nuevo decreto, consideran desde el Gobierno regional, también se abre la puerta a que los graduados que vivan en otros sitios ya no tengan que hacer exámenes y puedan ejercer allí su profesión, “generando la actividad económica en toda la región”.

El proyecto de decreto cuenta con 20 días hábiles para la presentación de alegaciones. Ana Isabel Fernández Samper prevé que habrá muchas de ellas puesto que ya en la consulta previa, antes de redactar el primer borrador, hubo multitud de propuestas, al tratarse de un sector muy numeroso y en constante crecimiento.