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El gasto público que acometen las comunidades autónomas en educación supone una de las mayores partidas económicas de los presupuestos. En el caso de Castilla-La Mancha, la cifra ascendió en 2018 a un total de 1.656,32 millones de euros, siendo la tercera partida con mayor dotación tras sanidad -2.771 millones- y deuda pública -1.808 millones- en el último presupuesto aprobado por el actual Gobierno regional y que está prorrogado este 2019. Tras el recorte que hizo el Gobierno del Partido Popular en la anterior legislatura -en la que en el año 2014 esta partida quedó por debajo de 1.400 millones de euros-, el actual Ejecutivo ha incrementado paulatinamente esta asignación, sin embargo, aún está lejos de la dedicación que llegó a tener antes de la crisis económica -más de 2.060 millones de euros en 2010-.

Asimismo, las repercusiones que provocó esta etapa en el sistema de enseñanza pública en la región, en todos sus niveles, todavía tienen en lista varias tareas pendientes que no se han solventado en esta legislatura. Entre ellas, según destacan los sindicatos de la región -CCOO, UGT, CSIF, ANPE y STE-, están la bajada de ratios desde la etapa de Educación Infantil -de 3 a 6 años- hasta el Bachillerato para cumplir con la normativa estatal, la potenciación de la Formación Profesional, la eliminación de carga burocrática para los equipos docentes o la recuperación y el aumento del profesorado de apoyo.

En este sentido, la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, reivindica "la necesidad" de que la etapa de los 0 a los 3 años se considere también como "una etapa educativa y no de cuidados" o que las fases de concurso-oposición, como las que van a llevar a cabo entre estos meses de junio y julio el cuerpo de maestros en la región, no contemple pruebas eliminatorias.

En concreto, la representante sindical traslada como petición al nuevo gobierno regional que se forme tras la celebración de las próximas elecciones autonómicas de este domingo 26 de mayo, la mejora y la bajada de ratios en todos los niveles educativos. "Eso se tiene que concretar, vamos a pedir al gobierno que entre que lo tenga en cuenta lo antes posible. Ahora mismo las familias están pidiendo centro educativo. Si hay que bajar las ratios que se hagan ahora", exclama Gómez, que recalca también como otra reivindicación la bajada de horas lectivas de los docentes, "18 en Secundaria y 23 en Primaria" -una petición que comparten el resto de sindicatos-.

Por su parte, el responsable de UGT en este área, Manuel Amigo, concreta que las ratios del número de alumnos por aula "no podrían ser más de 20-25 niños en Infantil y Primaria, deseable entre 25 y 30 en Secundaria y no más de 30 en Bachillerato", así como también entre 20 y 25 alumnos en enseñanzas de Formación Profesional o idiomas. Amigo también defiende como una de las principales reclamaciones el mantenimiento de las escuelas rurales, "más en un entorno como el de esta región, con áreas tan dispersas y con localidades muy pequeñitas".

"Hay muchos recortes que siguen vigentes"

"Estamos descontentos, se pasó de tener un sistema educativo que apostaba por la inversión, la calidad o medidas de avances a la regresión, y ahora llevamos un tiempo con un gobierno de PSOE y Podemos con muchas intenciones y pocos actos. Hay todavía muchos recortes que siguen vigentes", lamenta el responsable de UGT, que critica los, a su juicio, "eslóganes manidos" en esta materia por parte de los partidos en campaña electoral.

"El Ministerio de Educación, en marzo, promulgó la Ley 4/2019 que establece ratios similares a las prometidas por el presidente regional, Emiliano García-Page, sin embargo, vemos con estupor como la Consejería de Educación no tiene ninguna intención de llevar a cabo esta medida. Desde STE-CLM es una prioridad hacer cumplir la normativa vigente y que se cumpla la ley de ratios estatal", apunta este sindicato, que marca como otra de "las líneas rojas" las mejoras de las condiciones laborales del colectivo de interinos ya que, subraya, Castilla-La Mancha es "la única comunidad autónoma que sigue discriminando a dicho colectivo". En este sentido, apuesta por limitar la oferta de tercios de jornada a este colectivo "ya que siempre se pueden completar como mínimo a media jornada con apoyos o desdobles, como ocurría antes de la crisis".

Respecto a la FP, STE insta a cumplir el III Plan de Formación Profesional, "en concreto en el aspecto de generar una red regional de centros integrados de formación profesional, que establecía la existencia de cinco centros en el año 2019, de los cuales solo están en funcionamiento dos". Asimismo, pide también que se vuelva a la oferta de módulos formativos en los Centros de Personas Adultas, especialmente en las zonas rurales.

"Diálogo", mejora de la FP, profesorado de apoyo o modernización de infraestructuras

De su lado, CSIF reclama "un plan de Formación Profesional realista, adecuado a las necesidades laborales de la región", algo para lo que considera que los partidos políticos "tienen que contar con los sindicatos". En este sentido, el presidente autonómico de CSIF Educación, José Antonio Ranz, apunta también como petición "sobre todo, a quien vaya a gobernar a partir del próximo lunes, diálogo. Somos los representantes del profesorado y los que estamos en los centros. Somos sus interlocutores válidos".

Ranz recalca también la necesidad de fomentar la atención a la diversidad, volviendo a los apoyos en Educación Infantil, que antes establecían "un profesor de apoyo cada seis unidades y ahora está cada 8 o 12 unidades". El representante de CSIF también considera que se debe "eliminar la carga burocrática" para los equipos docentes. "Nos pasamos el día rellenando documentos que no sabemos para qué sirven ni donde van, especialmente los equipos directivos", señala al tiempo que recalca la necesidad de establecer "un plan de modernización de infraestructuras con los centros que se están haciendo viejos".

JCCM

ANPE, también reivindicativo con las bajadas de ratios y horas lectivas, así como con la reducción de la burocracia, apunta también al aumento de ofertas de empleo público en la enseñanza, la equiparación retributiva del profesorado en el conjunto del Estado o el aumento del presupuesto que dedica el país al sistema educativo -al menos "al 5% del PIB"-. ANPE exige a los partidos políticos que sean "capaces de ponerse de acuerdo en cuestiones principales para resolver los problemas de fracaso escolar y abandono escolar, para mejorar los rendimientos educativos para todo el alumnado, para impulsar y prestigiar, como se merece, la enseñanza pública, así como para mejorar la convivencia en los centros y para reconocer y valorar la tarea docente".

¿Qué proponen los partidos?

Los programas electorales que los partidos políticos presentan a estas elecciones contemplan decenas de iniciativas para poner en marcha en el ámbito de la enseñanza. Respecto a las reivindicaciones planteadas por los sindicatos encontramos que entre las propuestas del PSOE está, por ejemplo, la recuperación de la figura del maestro o maestra de apoyo en el ciclo de 3 a 6 años en todos los centros educativos, estableciendo criterios relacionados con el número de unidades y no por ratios mínimas.

Asimismo, el PSOE se compromete a "reducir las ratios alumnos/profesorado atendiendo a la normativa estatal". También apunta el partido liderado por García-Page al desarrollo del III Plan de Formación Profesional o a "seguir reabriendo escuelas rurales allí donde haya un mínimo de cuatro alumnos" e "incluso por debajo de cuatro alumnos" en los municipios donde las familias y ayuntamientos lo soliciten, así como a ejecutar el Plan de Infraestructuras 2019-2023 para llevar a cabo la reforma integral de centros antiguos que no cumplan con los requerimientos de calidad exigibles.

Bajada de ratios "para septiembre de 2019"

Por su parte, el PP se compromete en su programa electoral a llevar a cabo "a partir de septiembre de 2019" la reducción de las ratios máximas a "25 alumnos en Infantil y Primaria, 30 en Secundaria y 32 en Bachillerato". Además, propone también reducir "el tiempo máximo para la sustitución del profesorado" que cause baja a la largo del curso "en el plazo máximo de 48 horas desde el hecho que produjo su sustitución".

Entren la lista de más de 75 medidas que establece en su documento el partido presidido por Francisco Nuñez, se encuentra el desarrollo de una FP Dual en diversos perfiles, una FP "semipresencial y a distancia (online) a través de plataformas digitales" y una FP Básica Especial. También se pronuncia sobre una "reducción horaria progresiva del profesorado, de acuerdo con la Ley 4/2019" o la puesta en marcha de un nuevo Programa Ejecutivo de Infraestructuras Educativas, así como la eliminación de todos los barracones de Castilla-La Mancha.

Gratuidad de escuelas infantiles, apuesta de Unidas Podemos

Entre las propuestas de la confluencia de Unidas Podemos en Castilla-La Mancha, destaca la gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años, así como la ampliación de la red pública de este tipo de escuelas. Además, en el decálogo de medidas que recoge en su programa electoral, la formación que lidera José García Molina también se incluye la gratuidad de los libros y materiales didácticos o la aprobación de una oferta pública "suficiente de enseñanzas de régimen especial en cada zona o distrito educativo".

En este sentido, afirman que quiere ampliar la plantilla de profesorado en los centros educativos de la región hasta llegar a las ratios "profesorado/alumnado del curso 2010/2011", mediante "una ambiciosa oferta de empleo público en la próxima legislatura". También quiere Unidas Podemos financiar la ampliación de la red de centros de Educación de Personas Adultas o desarrollar un nuevo marco normativo que dote de estabilidad al colectivo de interinos en la región.

Cs quiere armonizar currículos educativos entre comunidades o incrementar personal de apoyo

De su lado, Ciudadanos, que presenta en estos comicios como candidata a la Presidencia de Castilla-La Mancha a Carmen Picazo, propone en su programa incrementar el personal de apoyo en aquellos centros que tengan alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, así como promover "programas de educación inclusiva y atención social" o "proteger los centros de educación especial". La formación naranja quiere también acabar "con el abuso de la interinidad en la educación", marcándose como objetivo situar esta tasa "por debajo del 8%".

"Armonizaremos los currículos educativos entre las diferentes comunidades autónomas para facilitar la movilidad del alumnado y el profesorado en toda España", recoge también Ciudadanos en su listado de propuestas, entre las que también cita el desarrollo de un Plan de FP Dual 2030 y el aumento del número de plazas en todas las modalidades, creando campos de empleo y formación profesional. También asegura el partido "la eliminación de todos los barracones" en la región o facilitar la educación a distancia.

Reducir burocracia o cheque escolar, propuestas de Vox

Vox, que tiene como candidato a Daniel Arias en Castilla-La Mancha, apuesta por "garantizar la igualdad de derechos para el profesorado (público, concertado, privado): mismo trato legal, misma puntuación en oposición, mismas oportunidades en programas educativos y cursos de formación públicos (regionales, nacionales e internacionales), becas de movilidad para formación del profesorado, mismo número de horas para todas las asignaturas optativa y, ayudas económicas en el estudio de lenguas extranjeras".

Además, incluye en su programa reducir  "la burocracia innecesaria a la que se enfrenta el profesorado, permitiéndole disponer de tiempo suficiente para ejercer una educación de calidad (simplificar estándares de aprendizaje)", y otras medidas como la implantación del sistema de cheque escolar para elegir centro educativo, el PIN Parental y la autorización expresa "con objeto de que los padres tengan libertad para elegir la educación de sus hijos y se precise su consentimiento expreso para cualquier actividad con contenidos de valores éticos, sociales, cívicos morales o sexuales". Además, el partido de ultraderecha pretende "excluir la enseñanza del islam en la escuela pública".